¿El agraviado, o cualquier otro sujeto procesal, puede solicitar una tutela de derechos? [Sentencia 626/2021]

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El agraviado, o cualquier otro sujeto procesal, puede solicitar una tutela de derechos
Diplomado en derecho administrativo y pas

EXP. N.° 00788-2020-PA/TC

HUAURA

SAÚL ROBERT MANRIQUE FLORES

Y OTRO

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saúl Robert Manrique Flores contra la resolución de fojas 81, de fecha 27 de noviembre de 2019, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS RELEVANTES

4. El Primer Juzgado Civil Permanente de Huaura declaró la improcedencia in límine de la presente demanda de amparo, tras considerar aplicable el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que la demanda no se encontraría referida al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales invocados.

Asimismo, la decisión desestimatoria fue confirmada por la Primera Sala Civil del mismo distrito judicial, según la cual la demanda es improcedente pues el agravio a los derechos fundamentales denunciados no resultaría manifiesto.

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5. Este Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio. En efecto, el recurrente don Sául Robert Manrique Flores denuncia la vulneración de su derecho fundamental de acceso a los recursos, por considerar que su pedido de elevación de actuados ha sido rechazado sin una justificación razonable y, en consecuencia, se le ha negado la posibilidad de que un Fiscal Superior revoque esa disposición fiscal mediante la cual se dispuso no proseguir con la investigación penal del delito de robo agravado que lo agravia.

6. No hay, pues, un asunto que pueda ser calificado como de ninguna trascendencia constitucional, tal como ha sido señalado por las instancias inferiores que han conocido de este proceso. Y puesto que no existe justificación en la decisión de haber rechazado liminarmente la demanda, este Tribunal debería así decretarlo y, sobre la base de sus facultades nulificantes establecidas en el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, declarar la nulidad de todo lo actuado, ordenar que se admita a trámite la demanda y disponer que siga el curso procesal que corresponda.

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8. Así, pues, la decisión de este Tribunal de pronunciarse sobre el fondo en el presente caso es plenamente congruente con la directriz que contiene el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que ordena que los fines de los procesos constitucionales no sean sacrificados por exigencias de tipo procedimental o formal; además, desde luego, de así requerirlo con los principios procesales de economía procesal e informalismo, también enunciados en el referido artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

9. Finalmente, este Tribunal hace notar que la condición de la acción consistente en el deber de los recurrentes del amparo contra resoluciones fiscales de emplear los medios impugnatorios hábiles e idóneos para cuestionar la violación de sus derechos, y de esa manera obtener una decisión firme, como exige el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, también ha sido satisfecha.

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Diplomado en gestión pública y derecho municipal