El caso de la comunidad nativa Tres Islas, una vía alternativa a la consulta previa

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“THE CASE STUDY OF THE NATIVE COMMUNITY TRES ISLAS, AN ALTERNATIVE WAY TO PRIOR CONSULTATION”

Por: Joel Martín Cárdenas Lizárraga[1]

 

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. 1. Marco Teórico. 2. El caso. 3. ¿Por qué este caso es especialmente importante? 4. El asunto clave de la competencia. 5. La relación con la Ley de la Consulta Previa. CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES. BIBLIOGRAFíA.

 

Resumen:

El presente artículo trata acerca de la sentencia expedida por nuestro Tribunal Constitucional. que recae sobre el expediente 01126-2011-HC/TC de fecha 11 de Setiembre del 2012, caso Tres Islas, el autor sostiene que el valor de la misma va más allá de reconocer la existencia y respeto por la propiedad comunal, esta sentencia brindaría entonces, un camino alternativo a la aplicación de la Ley de Consulta Previa porque reconoce que ante un conflicto de una medida de autogobierno comunal con un interés particular regido según nuestro sistema legal estatal, es la medida de autogobierno comunal la que primará interpretándose así de forma extensiva el art. 89 de nuestra Constitución.

Abstract:

This article refers to Case 01126-2011-HC/TC dated 11 September 2012, Tres Islas, the author claims that the value of it goes beyond recognizing the existence and respect for communal property, then this ruling would provide an alternative way for the implementation of the Previous Consultation Act because it recognizes that in a conflict between a decision of communal self-government with a particular interest governed by our state legal system, is the measure of communal self-government which prevail, so extensively being interpreted Article 89 of our Constitution.

 

PALABRAS CLAVE: Pueblos indígenas, conflictos socio-ambientales, pluriculturalidad, autonomía comunal, Convenio 169 OIT.

 

KEY WORDS: Indigenous People, Socio-environmental conflicts, multiculturalism, communal autonomy, ILO Convention no. 169.

 

INTRODUCCIÓN

 

Somos un país pluricultural, multilingüe y plurinacional, todo lo cual nos define y representa como una república de todas las sangres; a pesar de esto, la historia de las naciones y pueblos indígenas en nuestro país es una historia de exclusión, de marginación. A nivel internacional y desde fines del siglo pasado se viene respetando poco a poco los derechos indígenas, empezando por su reconocimiento, algo históricamente dejado de lado. Por otro lado, de parte de la sociedad civil, la percepción del tema ha ido cambiado, así, es asombroso ver la gran cantidad de eventos que sobre pueblos indígenas y amazónicos y reconocimiento de sus derechos, de manejo responsable de sus recursos y similares se efectúan hoy en día, esto no se veía ni por asomo hace unos 25 años. Consideramos que el reconocimiento de estos derechos se concretiza en un proceso lento, por otro lado, temas como la Ley de Consulta Previa y conflictos como el de Conga, Tía María, Las Bambas, entre otros, se tratan con mayor frecuencia en los medios de comunicación. La sentencia sobre la que trabajaremos y que a continuación comentaremos es la que recae sobre el expediente 01126-2011-HC/TC del 11 de Setiembre del 2012, aunque fue expedida hace más de cuatro años, sus efectos son de total actualidad, tal es así que nos motivó a plantearla como objeto de investigación.

 

  1. Marco Teórico

 

A continuación, se hace necesario tratar algunos conceptos propios del Derecho de los Pueblos Indígenas.

 

1.1. Pueblos Indígenas

 

Vienen a ser aquellos grupos humanos que tienen una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión colonial, colonización o establecimiento de las actuales fronteras estatales[2]. Estos pueblos cuentan con instituciones y sistemas políticos y jurídicos propios, los cuales rigen el modo y estilo de vida de sus miembros (Condor, 2009, pág. 10).

 

La existencia legal de nuestros pueblos amazónicos ha sido ignorada por el Estado peruano hasta bien avanzado el siglo XX. La Ley N° 15037, de 21 de mayo de 1964, las consideró “tribus aborígenes” y dispuso la adjudicación en propiedad de las tierras que ocupaban. Fueron recién reconocidos con el nombre de comunidades nativas por el Decreto Ley N° 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, ampliado por el Decreto Ley N° 21175, Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, de 21 de mayo de 1978, que desconoció su pleno dominio sobre las tierras con aptitud forestal de su territorio. Han sido sometidas al mismo régimen que las comunidades campesinas por las Constituciones de 1979 y 1993; y se encuentran amparadas por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Congreso peruano en diciembre de 1995 (Figallo, 2005, pág. 105).

 

Como antecedente es importante mencionar que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, INEI), la población rural al 2007 ascendía a 7 887 301 habitantes, y, según el II Censo de Comunidades Indígenas del 2007, de estos, 332 975 eran indígenas que pertenecen a 60 etnias, las cuales se agrupan en 13 familias lingüísticas indígenas (INEI, 2009), un número considerable si tenemos en cuenta el número de indígenas de otros países de la región, entonces no estamos hablando precisamente de un sector minoritario de la República.

 

1.2. Cultura

 

KYMLICKA nos dice que aplicada a un grupo humano, la idea de cultura vendría a ser una comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una patria determinada y que comparte un lenguaje y una historia específicas, asimismo agrega que el factor esencial es que la integración de esa comunidad proporciona a sus miembros unas formas de vida significativas a través de todo un abanico de acciones humanas, que pueden incluir la vida social, educativa, religiosa, de ocio, económica, etc. y que abarca las esferas pública y privada (Kymlicka, 2006, pág. 36). Asimismo en la STC Exp. 0006-2008-PI, f.j. 28, el Tribunal Constitucional del Perú (en adelante, el Tribunal) ha señalado que la entidad cultural de los grupos sociales y, de las personas en general se construye a partir de un conjunto de percepciones de carácter objetivo-subjetivo, respecto a una serie de elementos culturales y de representación. Estos elementos y prácticas sociales caracterizan a los grupos humanos, definiéndolos, individualizándolos y diferenciándolos de otros grupos, y generando entre ellos lazos de pertenencia.

 

Por otro lado, es pertinente señalar la definición de cultura incorporada a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural[3], que la entiende como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”[4].

 

1.2.1. La multiculturalidad

 

En la STC Exp. N° 0020-2005-PI (f.j. 28) el Tribunal ha señalado que a través del art. 2º inciso 19 de la Constitución, el constituyente ha proyectado en la Constitución formal un elemento esencial de la Constitución material de la nación peruana: su multiculturalidad y plurietnicidad. Se trata de una concreción del Estado Social y democrático de Derecho establecido en el art. 43º de la Constitución. Asimismo, en la STC Exp. N° 0042-2004-AI/TC (f.j. 1), el Tribunal señalará el reconocimiento del principio del Estado pluricultural y pluriétnico, al reconocer que nos encontramos en un Estado con estas características, estamos ante un principio constitucional vinculante.

 

Es importante señalar que en el ámbito internacional, una mención de la identidad cultural no aparece reconocida expresamente hasta la celebración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, que en su artículo 27 se refiere al derecho de las personas que pertenezcan a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, compartido con los demás miembros del grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y a practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

 

1.3. Pluralismo Jurídico

 

Es la coexistencia de dos o más formas diferenciadas del Derecho en un mismo plano temporal y espacial. Es una definición alternativa del Derecho que supone que el Estado ha reconocido que no es el único ente emisor de normas, sino que existen grupos étnicamente diferenciados al interior de sus fronteras que crean su propio Derecho, el cual debe ser respetado bajo ciertos parámetros (por ejemplo, la protección a los derechos fundamentales de la persona) (Condor, 2009, pág. 9). La pregunta acá seria, si ellos tienen legitimidad o no, pues a todas luces “su” derecho, siendo de raíces anteriores a la Colonia pues es totalmente legítimo. ZAFFARONI nos menciona que lo que se debe hacer es proporcionar a estas culturas originarias elementos para que ellos mismos creen su propia dinámica. Es por tanto imprescindible reconocerles su capacidad de resolución de conflictos y no entrometer, por ejemplo, el sistema penal legal en las soluciones comunitarias tradicionales (Zaffaroni, 2009, pág. 99).

 

1.4. Autonomía comunal

 

YRIGOYEN y GONZALES, coinciden en señalar que son tres los contenidos mínimos que se desprenden del Convenio 169 de la OIT y de la Constitución peruana: las normas o procedimientos propios, la potestad de impartir o administrar justicia y el sistema institucional o de autoridades propio de cada pueblo (Yrigoyen, 2006, pág. 537) (Gonzales, 2011, pág. 23), esto último involucra a su vez, la potestad de gobernarse con sus propias instituciones, incluidos los mecanismos propios de designación, cambio y legitimación de autoridades, respaldado doctrinariamente en los últimos tiempos por la denominada tendencia comunitarista que prefiere encontrar en los grupos y comunidades, y no en las personas individualmente consideradas, el punto de apoyo de los valores que merecen especial atención por parte del Derecho y de la política. Para el comunitarismo, el proyecto de vida[5] sigue un marco referencial que trasciende la voluntad individual del sujeto, actuando sobre la base de una serie de valores que surgen a partir de la idea de grupo (Peña, 2009, págs. 20-21).

 

Podemos señalar entonces que la autonomía comunitaria vendría a ser la facultad que tienen los pueblos indígenas de autogobernarse administrativa y políticamente.

 

1.5. Propiedad comunal

 

El territorio indígena comprende la totalidad del hábitat de un pueblo y representa para los pueblos indígenas de la Amazonia su fuente de vida y su cultura (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2005, pág. 21). FIGALLO menciona que no se puede equiparar la propiedad privada con la propiedad comunal porque de ser así no habría motivo para distinguirlas. La tierra comunal no es un bien económico transable en el mercado; más bien, se acerca al concepto de territorio como asiento de la nación o de una autonomía (Figallo, 2005, pág. 1051). La tierra es entendida por los pueblos indígenas como una relación con el espacio natural del pueblo o comunidad indígena, que guarda el origen, la memoria y el pasado del grupo, la realidad y la seguridad actuales del mismo así como la promesa de seguridad y la existencia futura del grupo (Defensoría del Pueblo, 2010, pág. 5). Aquí cabe señalar que, por tanto, no puede caer en abandono, lo que llevaría  a concluir que el último párrafo del art. 89 (“abandono de tierras”) favorecería a una política de extinción de las comunidades.

 

  1. El caso

 

Las empresas de transporte “Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SRL”, han venido transitando por una ruta que ingresa al territorio de la comunidad nativa Tres Islas, ubicada en la provincia de Tambopata, Madre de Dios, sin haber consultado con la misma. Los indígenas argumentan que el ingreso de estas empresas a su territorio ha facilitado el aumento de la actividad minera artesanal y de madereros informales sin control medioambiental ni fiscalización alguna y que han deteriorado el medio ambiente, deforestando, contaminando el rio y depredando el hábitat de su pueblo. En asamblea comunal y en uso de su autonomía comunal, se tomó la decisión (administrativa, se le llamaría, de haberse tomado conforme a nuestro sistema jurídico estatal) de colocar una tranquera a la entrada de la trocha carrozable con el fin de impedir el acceso a la comunidad de dichas empresas de transporte. Estas, recurrieron vía denuncias penales ante la Fiscalía, y acciones de hábeas corpus ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata, contra la Sra. Juana Payaba Cachique, ex presidenta de la Comunidad, por supuesta vulneración del derecho al libre tránsito. Estos habeas corpus fueron declarados fundados y, luego de haber sido declarado infundado el recurso de apelación de los afectados, se procedió a retirar la caseta con resguardo policial. Al haber sido declarado improcedente el habeas corpus interpuesto por doña Griselda Payaba contra la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la corte Superior de Justicia de Madre de Dios, es que ésta interpone recurso de agravio constitucional que es el motivante de la presente sentencia[6].

 

2.1. La sentencia del Exp. Nº 01126-2011-HC/TC

 

La sentencia desarrolla tanto la afectación de la propiedad comunal como de la autonomía comunal.

 

2.1.1. La afectación de la propiedad comunal

 

Sobre la afectación del derecho de propiedad del territorio indígena, el Tribunal señala que habiéndose acreditado que la trocha carrozable no tiene ningún reconocimiento oficial y que efectivamente pasa por el territorio de la comunidad indígena, pues el Tribunal comprende que se ha acreditado la vulneración del derecho a la propiedad del territorio de esta comunidad nativa, y en el f.j. 34 señala que si bien es cierto que la libertad de tránsito es un derecho fundamental, también lo es que está sometida a ciertos límites, como lo es no invadir tierras ajenas sin consentimiento de los propietarios. En el f.j. 35, el Tribunal señala que la sentencia no toma en cuenta el derecho de propiedad de la comunidad nativa amparado por los artículos 2º, 16º, 88º y 89º de la Constitución, centrándose tan solo en la libertad de tránsito invocada por los demandantes. El Tribunal sobre este punto concluye que existe una propiedad comunal debidamente reconocida, y que esta ha sido vulnerada de forma flagrante. Reconoce, es cierto, el argumento de la demandante en el sentido que el cerrar un camino afecta un interés de naturaleza colectiva como es el desplazamiento de las personas, pero que esto no puede ser argumentado en este caso debido a que existe un derecho de propiedad que está siendo flagrantemente vulnerado. En el f.j. 36 señala, por tanto, que entonces, la comunidad nativa tiene el legítimo derecho de hacer uso de su derecho a la propiedad y determinar quiénes pueden ingresar a la misma, y quiénes no.

 

2.1.2. La afectación de la autonomía comunal

 

El Tribunal señala en el f.j. 41 que nos encontramos ante un caso de una determinación no jurisdiccional de la comunidad nativa[7]. Así, la Comunidad nativa Tres Islas, mediante sus representantes, no resolvió un conflicto interpersonal, sino que plasmó una medida sobre el “uso y la libre disposición de sus tierras”, en virtud de la autonomía reconocida por el art. 89º de la Constitución. Por tanto en el f.j. 43 el Tribunal señala que no habiéndose permitido a la comunidad el ejercer su derecho a controlar el ingreso de terceros a su comunidad, pues se está vulnerando la autonomía de la Comunidad Nativa Tres Islas.

 

  1. ¿Por qué este caso es especialmente importante?

 

Los comentarios realizados acerca de esta sentencia destacan el hecho de la afectación del derecho de la propiedad de las comunidades indígenas y que el fallo es del todo correcto porque reafirma el respeto irrestricto al territorio de los pueblos indígenas a la luz del art. 89º de nuestra Constitución.

 

Sin desconocer lo señalado, consideramos que el avance primordial de la sentencia emitida es que, además, da contenido a lo señalado en el considerando quinto del Convenio 169 de la OIT[8] así como en el art. 8 numeral 2 de dicho Convenio[9].

 

Es decir, ante un conflicto de una medida de autogobierno comunal con un interés particular regido según nuestro sistema legal estatal, el Tribunal ha ratificado que es la medida de autogobierno comunal la que primará interpretando de forma extensiva el art. 89 de nuestra Constitución[10].

 

  1. El asunto clave de la competencia

 

Doctrinariamente existen tres tipos de competencia, la material, la territorial y la personal. En relación a la competencia material, el Convenio 169 de la OIT no hace limitación alguna acerca del conocimiento de alguna materia al derecho y la justicia indígenas. Sin embargo, nuestra legislación añade que el Estado conserva la facultad de realizar actos administrativos o legislativos que pudieran afectar a estas comunidades directamente siempre que antes se realice una Consulta Previa (Ley Nº 29785), el límite claro que señala nuestra Constitución es que no debe vulnerarse derechos fundamentales de la persona. Luego tenemos la competencia territorial, para la cual, aunque el Convenio 169 no hace una especificación expresa, se entiende y así lo recoge nuestra Constitución en el art. 149, que esta competencia la ejerce dentro de su ámbito territorial. Finalmente, acerca de la competencia personal, el Convenio 169 de la OIT expresa claramente en el art. 9º inciso 1 que en el caso de miembros de pueblos indígenas se les debe aplicar el derecho que ellos conocen y del que participan (Yrigoyen, 2006, págs. 52-54). En nuestro país no estaba claro si esta competencia alcanzaba solo a los indígenas o también a terceros que se encuentren dentro del territorio indígena (Condor, 2009, pág. 30).

 

A la luz de la sentencia bajo análisis podemos afirmar que hay un criterio claro actualmente y es que prima la competencia territorial sobre la personal y que por tanto esta competencia alcanza a los terceros no indígenas que se encuentren en el presupuesto indicado. El Tribunal Constitucional está asumiendo un rol de control y de verificación de que las medidas adoptadas por la autonomía comunal respeten los derechos fundamentales, pero más allá de eso, no interviene en cuestionar las decisiones tomadas por las autoridades indígenas sean éstas jurisdiccionales o no, como ocurre en el presente caso ante una medida que podría ser denominada como “administrativa.

 

  1. La relación con la Ley de la Consulta Previa

 

La Ley de la Consulta Previa surge de la obligación señalada por el Convenio 169 que tiene el Estado de consultar previamente aquellos actos administrativos o legislativos que pudieran afectarles directamente. Se ha criticado en relación a esta ley la falta de vinculatoriedad de los acuerdos que se adoptarían durante el proceso de Consulta Previa así como la falta de reconocimiento expreso de la obligación del Estado de obtener el consentimiento de estos pueblos en ciertas acciones que afecten sus derechos y la conservación de los recursos naturales. Consideramos que la sentencia que estamos analizando es un camino alternativo para aquellos casos en que por cualquier motivo no se realizó el proceso de consulta previa, ya que permite una salida constitucional que evita tener que llegar a anular algún acto jurídico y/o administrativo y que, asimismo, salvaguarda los derechos de las comunidades indígenas. Un camino totalmente válido desde un punto de vista constitucional y según el cual el Estado reconoce la validez constitucional de medidas no jurisdiccionales tomadas por la comunidad indígena en virtud de salvaguardar su propiedad comunal. Formal y estrictamente hablando el Tribunal está reconociendo tanto la propiedad del territorio indígena como la autonomía comunal, autonomía expresada en la protección de su territorio en virtud de que es parte esencial del desarrollo de estos pueblos. Toda actividad extractiva siempre repercutirá en el territorio, suelo, de la comunidad indígena y por tanto es totalmente posible que se presente el caso que la comunidad vea por conveniente dictar alguna medida no jurisdiccional con el fin de proteger su territorio comunal, aquí radica la especial importancia de esta sentencia.

 

CONCLUSIONES

 

  1. El Derecho de los Pueblos Indígenas posee tres elementos: las normas y procedimientos propios, la potestad de impartir o administrar justicia y el sistema institucional o de autoridades de cada pueblo.

 

  1. Los pueblos indígenas vienen a ser aquellos grupos humanos que poseen continuidad histórica con las sociedades anteriores a la Colonia, estos pueblos cuentan con instituciones y sistemas políticos y jurídicos propios, los cuales rigen el estilo de vida de sus miembros.

 

  1. Por pluralismo jurídico debemos entender la coexistencia de dos o más formas diferenciadas del Derecho en un mismo plano temporal y espacial. Supone que el Estado ha reconocido que no es el único ente emisor de normas, sino que existen grupos étnicamente diferenciados al interior de sus fronteras y que crean su propio Derecho.

 

  1. En relación a la propiedad comunal debemos entender que el territorio indígena comprende la totalidad del hábitat de un pueblo y representa para los pueblos indígenas su fuente de vida y su cultura.

 

  1. Las autoridades de los pueblos indígenas, elegidas de acuerdo a sus propias costumbres son sujetos titulares de reconocimiento constitucional.

 

  1. La Constitución dispone que se promulgue una ley que regule la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria estatal. Esta ley aún no se ha elaborado.

 

  1. El Tribunal señala que la función jurisdiccional de las comunidades nativas tiene reconocimiento constitucional, se trata de una jurisdicción especial, que se ejerce dentro de su ámbito territorial y con el límite de no vulnerar derechos fundamentales de la persona.

 

  1. Estamos frente a un caso de determinación no jurisdiccional de la comunidad nativa, lo que en nuestra jurisdicción ordinaria estatal se llamaría una medida de autogobierno y/o administrativa. Esta medida expresa la autonomía de la Comunidad Nativa y por tanto no puede ser vulnerada.

 

  1. La sentencia analizada viene a ser un camino alternativo a la realización de un proceso de Consulta Previa que por cualquier motivo no hubiese sido realizado en su momento. Conforme a esta Sentencia el Estado reconoce la validez constitucional de medidas no jurisdiccionales tomadas por la comunidad indígena en virtud de salvaguardar su propiedad comunal.

 

RECOMENDACIONES

 

  1. Se debe elaborar leyes de coordinación, tal cual lo expresa nuestra actual Constitución, que regulen la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria estatal.

 

  1. Se debe capacitar a los operadores jurídicos acerca de los Convenios y Tratados Internacionales, que tienen rango de norma constitucional, con el fin de que casos como el de la sentencia analizada no lleguen hasta el Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional (es necesario un estricto control de convencionalidad).

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Libros:

 

  • CONDOR CHUQUIRUNA, Eddie, La Justicia Indígena en los Países Andinos, Lima: Comisión Andina de juristas, 2009.

 

  • COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, En Defensa del Territorio de los Pueblos Indígenas, Lima, Grafica Rojas, 2005.

 

  • INFORME DEFENSORIAL NO. 68, Defensoría del Pueblo, Lima.

 

  • INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA, Resumen Ejecutivo. Resultados definitivos de las comunidades indígenas, Lima, 2009.

 

  • KYMLICKA, W, Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías, Barcelona: Paidós, 2006.

 

  • PEÑA JUMPA, Antonio, Multiculturalidad y Constitución: El caso de la Justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón, Lima: Centro de Estudios Constitucionales, 2009.

 

  • SESSAREGO, Carlos Fernández, “Trascendencia y reparación del “Daño al proyecto de Vida” en el umbral del siglo XXI” en La Responsabilidad Civil, Observatorio de Derecho Civil, Tomo III, Lima, Motivensa Editora Jurídica, 2010.

 

  • YRIGOYEN FAJARDO, Raquel, Pautas de coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal, Guatemala, 1999.

 

  • ZAFFARONI, Raúl, Derechos Ancestrales. Justicia en contextos plurinacionales, Justicia y Derechos Humanos, neoconstituconalismo y sociedad, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009.

 

Revistas:

 

  • FIGALLO ADRIANZÉN, Guillermo, “Comunidades Campesinas y Nativas, art. 89”, en Constitución Comentada, Tomo I, Lima: Gaceta Jurídica, 2005.

 

  • RUIZ MOLLEDA, Juan, “El desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la Consulta Previa: la exigencia judicial de los derechos de los pueblos indígenas” en Gaceta Constitucional, Tomo 31, Lima, Gaceta Jurídica, Julio, 2010.

 

  • YRIGOYEN FAJARDO, Raquel, “Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas el constitucionalismo andino”, en: Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 2006.

 

Documentos en Páginas Web:

 

 

Otros documentos:

 

  • SESSAREGO, Carlos Fernández, “Trascendencia y reparación del “Daño al proyecto de Vida” en el umbral del siglo XXI” en La Responsabilidad Civil, Observatorio de Derecho Civil, Tomo III, Lima, Motivensa Editora Jurídica, 2010.

 

  • Ley de derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, Ley no. 29785, 07/09/2011.

 

  • Reglamento de la ley del derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, D.S. 001-212-MC, 03/04/2012.

 

[1] Egresado de Derecho de la UNMSM, ex Supervisor legal del OSINERGMIN, también estuvo en el OEFA, LUZ DEL SUR S.A.A. y EDELNOR S.A.A. Egresado del Programa Ejecutivo de Administración de Empresas – Universidad Politécnica de Madrid y del VII Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial Premio Amartya Sen (PNUD).

[2] Cfr. Art. 1 del Convenio 169 de la OIT.

[3] Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult, México, 1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998). Vid. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

[4] Sobre el concepto de cultura de esa Declaración vid. Wouters, J., y Vidal, M., «International Normative Action for Cultural Diversity: the Contribution of UNESCO», Cultural Diversity and the Law: State Responses from Around the World, eds. M. C. Foblets, y J. F. Gaudreault-DesBiens. Brussels, 2010, cit. pp. 783-784.

[5] Cfr. SESSAREGO, Carlos Fernández, “Trascendencia y reparación del “Daño al proyecto de Vida” en el umbral del siglo XXI” en La Responsabilidad Civil, Observatorio de Derecho Civil, Tomo III, Lima, Motivensa Editora Jurídica, 2010, p. 193.

[6] Es importante mencionar que esta Comunidad ha seguido trabajando en procura de sus derechos, así, el 12 de marzo de 2019, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confirmó la sentencia de primera instancia que reconoce los derechos a la consulta previa, propiedad territorial, autonomía, vida e integridad física, salud, ambiente y agua de la Comunidad Nativa “Tres Islas”.

[7] En el p.j. 41 de la sentencia bajo análisis, el Tribunal señala que la finalidad de la función jurisdiccional comunal o indígena es la de resolver conflictos interpersonales sobre la base del derecho consuetudinario.

[8] Considerando quinto Convenio 169 de la OIT

: “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”

 

[9] Art. 8, inciso 2 Convenio 169 de la OIT

“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean compatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.

 

[10] Artículo 89º Constitución Política del Perú:

“Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece (…)” (el subrayado es nuestro).