El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, ¿suspende el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria?

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Autor: Roberto. F Curasi Cutipa

Resumen

La institución jurídica de la prescripción tiene su fundamento en el principio de la seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad objetiva de la situación jurídica del deudor tributario.

Por ello, la finalidad del presente artículo es analizar la aludida institución jurídica específicamente respecto del alcance de la causal de suspensión recogida en el inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario referida a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria se suspenden durante el lapso en que esta se encuentre impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal; y si el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, que declaró el Estado de Emergencia Nacional se encuentran inmersos en dicha causal de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio.

Palabras claves: Prescripción, acción para exigir, deuda tributaria, computo de plazo, causal de suspensión.

1.- Introducción

El Poder Ejecutivo dictaminó Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, a través del cual declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, el referido plazo fue ampliado por distintas normas.

Asimismo, en el artículo 4 del referido decreto supremo, se estableció que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

Ahora bien, en ese contexto algunos autores consideran que la referida norma no suspende el cómputo del plazo prescriptorio, porque la Administración Tributaria podía ejercer su facultad de cobro de la obligación tributaria a través medios electrónicos o medios alternativos.

Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante el Informe N° 031-2020-SUNAT/7T0000 estableció que la declaratorio de Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y normas ampliatorias, suspende el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria.       

En ese sentido, la finalidad del presente artículo es analizar si el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, se encuentran inmersos en la causal de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio recogida en el inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario.

2.- Análisis del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas modificatorias  

La Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 20202 calificó el brote de la enfermedad por Coronavirus (COVID – 19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien a nivel mundial de forma simultánea.

Los artículos 7 y 9 de nuestra Constitución Política establecen que todos tienen el derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa; y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.

Asimismo, los artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842[1], establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad, siendo posible establecer limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud pública.

En ese contexto y de conformidad con el mandato constitucional, y el dispositivo normativo antes glosado, el Poder Ejecutivo dictaminó el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA[2], mediante el cual se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM[3], Decreto se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose un aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19.

Asimismo, en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se estableció que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales:

  1. Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
  2. Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  3. Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias.
  4. Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el artículo 2[4].
  5. Retorno al lugar de residencia habitual.
  6. Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
  7. Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.
  8. Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
  9. Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.
  10. Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).
  11. Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida.
  12. Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.

Cabe precisar que, el aludido Estado de Emergencia Nacional declarado a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, fue ampliado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM hasta el martes 30 de junio de 2020; estableciendo  el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la referida pandemia.

Del análisis del Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, se tiene que durante la durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, esto es, la inmovilización social obligatoria, las personas no pueden circular libremente por las vías de uso público, salvo que se encuentren inmersos en las actividades esenciales que se encuentran enumeradas en el artículo 4 del referido decreto supremo.

3.- Aspecto generales respecto del concepto de prescripción

Al respecto, Asimismo, Vidal Ramírez ha indicado que “el fundamento de la prescripción es de orden público, pues conviene al interés social liquidar situaciones pendientes y favorecer su solución.  La prescripción se sustenta, por tanto, en la seguridad jurídica, y, por ello, ha devenido en una de las instituciones jurídicas más necesarias para el orden social”[5].

Asimismo, Raso Delgue refiere que “la prescripción es un modo de extinción de relaciones jurídicas que se basa en la inacción del sujeto activo de dicha relación.  Como la acción no se ejerce durante determinado tiempo por parte de quien puede hacerlo, la pretensión se pierde para su titular”[6].

En esa misma línea de ideas, Gil y Gil señala que “tanto la prescripción extintiva como la caducidad hallan su fundamento último en la seguridad jurídica como uno de los principios esenciales del Estado de Derecho. A fin de proteger la seguridad del tráfico jurídico, el ordenamiento quiere que todos los derechos y acciones se extingan por el mero paso del tiempo, si no dan prueba de vitalidad en los plazos que fija la ley”[7]

Finalmente, Garcias Nova indica que “la prescripción tiene por finalidad modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad sobre quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace, su fundamento radica en la sgeuridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercerse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto quede indefinidamente a merced de la actuación de otro[8].

De lo expuesto, se tiene que la institución jurídica de la prescripción en la rama del Derecho Tributario tiene su fundamento en el principio de la seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad objetiva de la situación jurídica del deudor tributario.

4.- Causal de suspensión de la acción para exigir el pago de la obligación tributaria establecida en el inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario

Las causales de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, están establecidos en el numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario y estas son las siguientes: a) durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario; b) durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial; c) durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición de no habido; d) durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria; e) durante el lapso en que la Administración Tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal.

En el presente artículo solo desarrollaremos la causal de suspensión del plazo prescriptorio establecida en el inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario, que está referida a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria se suspenden durante el lapso en que esta se encuentre impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por una norma legal. 

En principio es pertinente hacer la distinción entre la interrupción y la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio, a través de la interrupción se corta el cómputo del plazo ya ganado, en tal sentido, después de acaecido el acto interruptorio se vuelve a contabilizar el plazo prescriptorio; sin embargo, en la suspensión solamente se detiene el cómputo del plazo de prescripción mientras que dure la causal de suspensión establecido en el artículo 46 del Código Tributario.

Respecto de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, Galvez Rosasco refiere que “el pago de la obligación tributaria no es otra cosa que la finalización del plazo con el que cuenta dicha administración para ejercer sus facultades de cobranza con la finalidad de lograr la recuperación de las deudas tributarias impagas, observándose que el vencimiento de este plazo no importa la extinción de las referidas deudas”.[9]

Por su parte, Fernández Cartagena señala que “cada órgano recaudador de tributos posee facultades y prerrogativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No obstante, es obstante, es necesario identificar que, pese a que la recaudación es necesaria y destinada a un fin social, estas prerrogativas no pueden ser eternas. En caso contrario, se atentaría contra los principios de seguridad jurídica y certeza, los cuales constituyen garantías fundamentales de todo contribuyente[10].

De lo expuesto, se tiene que la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, es la facultad que tiene esta para ejercer la acción de cobro de la obligación tributaria no pagada dentro de los plazos establecidos; asimismo dicha facultad no puede ser eterno, pues de lo contrario estaría atentando el principio de seguridad jurídica en el ámbito tributario que consiste en la previsibilidad objetiva de la situación jurídica del deudor tributario.

Ahora bien, de lo expuesto en los párrafos ¿es correcto concluir que la Administración Tributaria podía ejercer su acción de cobro mediante el procedimiento de cobranza coactiva durante la videncia la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena?; con la finalidad de dar una respuesta adecuada y conforme a derecho a dicha interrogante es pertinente analizar si los procedimientos tributarios, específicamente el procedimiento de cobranza coactiva, estuvieron suspendidos o no por alguna norma.    

3.- Análisis de los Decreto de Urgencia N°026-2020 y 029-2020, y normas modificatorias 

Mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020[11], se dispuso suspender por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia.

De otro lado, a través del artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020[12], se dispuso suspender por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado de la referida norma, el cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020.

A través del Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM[13], se dispuso la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020.

Asimismo, en el artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020[14], se estableció prorrogar por el término de quince (15) días hábiles, la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, precisándose que el computo de dicho plazo será a partir del 7 de mayo de 2020.

Finalmente, a través del Decreto Supremo N° Nº 087-2020-PCM, se dispuso prorrogar la suspensión del cómputo de plazos establecido en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020, hasta el 10 de junio del 2020.

De las normas antes citadas, se tiene que la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, así como el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole se encuentra suspendido hasta el 10 de junio del 2020.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante el Informe N° 027-2020-SUNAT/7T0000 estableció a los procedimientos administrativos en materia tributaria seguidos ante la Administración Tributaria que estén sujetos a silencio positivo y negativo y los de cualquier otra índole, les resulta aplicable la suspensión señalada en los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020, y normas modificatorias.

En consecuencia, el procedimiento de cobranza coactiva se encuentra suspendido, al amparo de los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020, y normas modificatorias, por lo que la Administración Tributaria no puede ejercer su acción de cobro de las deudas tributarias impagas dentro de los plazos establecidos.

6.- El Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, ¿suspende el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria?

Del análisis Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, se tiene que durante la durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, se tiene que la inmovilización social obligatoria establecida por el Gobierno Nacional, como consecuencia de la mencionada pandemia que afecta la salud y el bienestar de las personas, impide que estas puedan circular libremente por las vías de uso público, salvo para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como la asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud.

Asimismo, la aludida norma respecto de los trabajadores del sector público, estableció que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, estos excepcionalmente pueden circular por las vías de uso público para desplazarse a sus centros de trabajo de forma restringida con la finalidad de prestar servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por la aludida pandemia.

También es pertinente indicar que mediante el Decreto Supremo N° Nº 087-2020-PCM, se dispuso prorrogar la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020, hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, así como el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole.

En tan sentido, dentro de las referidas actividades no se advierte que se encuentra contempla la facultad que tienen los acreedores tributarios[15], específicamente el gobierno central, a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ni de los gobiernos locales (municipalidades) de cobrar los tributos impagos, es decir, exigir el pago de la deuda tributaria. Más aún que el inicio y tramitación del procedimiento de cobranza coactiva, recogido en el artículo 112 del Código Tributario[16], se encuentran suspendidos.

En esa misma línea ideas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) mediante el Informe N° 027-2020-SUNAT/7T0000 estableció que el procedimiento de cobranza coactiva se encuentra suspendido.

En consecuencia, al estar suspendido la acción o facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la deuda tributaria impaga dentro de los plazos establecidos, es correcto concluir que el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, se encuentran inmersos en la causal de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio recogida en el inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario.  

En tal sentido, no se advierte que se esté vulnerando el principio de seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad objetiva de la situación jurídica del deudor tributario, y que es fundamento de  la institución jurídica de la prescripción en la rama del Derecho Tributario.

Más aún que de acuerdo glosario de concepto establecido en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas se tiene que entidad pública para efectos de la Administración Financiera del Sector Público es “todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos[17].

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) “es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad[18].

Teniendo en cuenta que entidades públicas para su funcionamiento o cumplir sus facultades conferidas por la ley necesitan de personas para efectuar dicha laboral, y que durante la durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, existe la inmovilización social obligatoria para circular libremente por las vías de uso público, salvo con la finalidad de adquirir productos de primera necesidad, farmacéuticos y asistir a los centros, servicios y establecimientos de salud.

Por ello, sería incorrecto concluir que la Administración Tributaria podía ejercer su función o facultad de cobro de deudas tributarias impagas mediante medios electrónicos o medios alternativos, pues para efectuar dicha laboral es necesario la presencia de personas que realicen dicha actividad. Algunos autores quizás viven en realidades ajenas a nuestro país, específicamente en relación al actuar de las entidades recaudadoras de tributos, si bien en los últimos años se han efectuado grandes esfuerzos para la digitalización de expedientes, notificación electrónica, trámites virtuales, entre otros; no obstante, aún falta implementar muchos aspectos.

7.- Conclusiones

La institución jurídica de la prescripción en la rama del Derecho Tributario tiene su fundamento en el principio de la seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad objetiva de la situación jurídica del deudor tributario.

La acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la obligación tributaria, es la facultad que tiene esta para ejercer la acción de cobro de la obligación tributaria no pagada dentro de los plazos establecidos.

El Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, no refiere como actividad esencial, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, la facultad que tienen los acreedores tributarios, específicamente el gobierno central, a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ni de los gobiernos locales (municipalidades) de cobrar los tributos impagos, es decir, exigir el pago de la deuda tributaria.

El procedimiento de cobranza coactiva se encuentra suspendido, al amparo de los Decretos de Urgencia N° 026-2020 y 029-2020, y normas modificatorias, por lo que la Administración Tributaria no puede ejercer su acción de cobro de las deudas tributarias impagas dentro de los plazos establecidos.

Al estar suspendido la acción o facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la deuda tributaria impaga dentro de los plazos establecidos, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y normas ampliatorias, se encuentran inmersos en la causal de suspensión del cómputo del plazo prescriptorio del inciso e) del numeral 2 del artículo 46 del Código Tributario.


[1] Ley General de Salud.

[2] Publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020.

[3] Publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020.

[4] El referido artículo establece que durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4 del aludido decreto supremo.

[5] Vidal Ramírez, Fernando. “La prescripción y la caducidad en el Código Civil peruano”, Cultural Cuzco, S.A., primera edición, Lima, 1985, p. 101.

[6] Raso Delgue, Juan. “Régimen de prescripción de las acciones laborales”, Editorial y Librería Jurídica Amalio M. Fernández, primera edición, Montevideo, 1998, p. 9.

[7] Gil y Gil, José Luis. “La prescripción y la caducidad en el contrato de trabajo”, Editorial Comares R.L., primera edición, Granada, 2000, p. 1-2.

[8] Garcias Nova, Cesar. “Iniciación, interrupción y computo del plazo de prescripción de los tributos”, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p.13.

[9] Galvez Rosasco, José. “Interrupción y suspensión del plazo de prescripción para la determinación de la obligación tributaria”, en Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, N° 46, p. 96.

[10] Fernández Cartagena, Julio A. “Reflexiones sobre los procedimientos tributarios y aduaneros desde la perspectiva de los derechos de los administrados”, Palestra Editores S.A.C., Lima, 2012, p. 287.

[11] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020.

[12] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de marzo de 2020.

[13] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril de 2020.

[14] Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 5 de mayo del 2020.

[15] El artículo 4 del Código Tributario, establece que el acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. Asimismo, refiere que los acreedores tributarios son el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente.

[16] El artículo 112 del Código Tributario establece que los procedimientos tributarios, son: procedimiento de fiscalización, procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento contencioso-tributario y procedimiento no contencioso.

[17]Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-5902/Entidad (consultado el 26.05.2020).

[18] Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/index.html (consultado el 26.05.2020).