El derecho a tener derechos o el derecho a la protección del Estado del territorio indígena

0
465
El-derecho-a-tener-derechos-o-el-derecho-a-la-proteccion-del-Estado-del-territorio-indigena

Loading

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

El día de ayer he recibido una excelente clase sobre las formas de despojo del territorio de las comunidades nativas en San Martín. Mis profesores han sido los apus y los líderes sociales de las comunidades nativas del pueblo indígena Kichwa de San Martín, base de Fepikecha liderada por su presidenta Marisol García Apagueño, al que asistimos junto con el abogado de Cepka Lamas Marco Sangama y la abogada de IDL Cristina Gavancho León.

De qué sirve que la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT reconozca derechos a los pueblos indígenas, y entre ellos el derecho al territorio, si no es capaz el Estado de protegerlos de manera efectiva como lo ordena el artículo 44 de la Constitución.

Primero el gobierno regional de San Martín no les titula sus territorios a las comunidades nativas, con el argumento que según la ley esto no se puede porque se superponen a un área natural protegida (artículo 18 de Ley 22175), desconociendo lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, norma de rango constitucional, como lo ha dicho el TC en el fundamento 9 de l STC 00022-2009-PI, según la cual los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que han ocupado tradicionalmente.

[Lee también: Jueza ordena titulación integral del territorio de comunidad kichwa Puerto Franco]

Tanto los funcionarios del Gobierno Regional, como alcaldes, y demás funcionarios públicos como los del Sernanp, creen que los territorios de las comunidades nativas que no están titulados son propiedad del Estado, disponiendo de ellos, promoviendo las invasiones y asentamientos, entregando constancias de posesión. 

Todos estos olvidan que de acuerdo con el artículo 14.1 del Convenio 169 de OIT y el párrafo 117 de la sentencia Xucuru vs Brasil de la Corte IDH, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente, siendo la titulación declarativa más no constitutiva. Como diría Perico (Pedro García Hierro), a los pueblos indígenas se les titula el territorio no para que se recién sean propietarios sino porque ya son propietarios.

Es más, estos funcionarios públicos desconocen en incumplen los establecido en la sentencia de la Corte IDH en el caso Awas Tingo vs Nicaragua (párrafo 164), en el caso Kaliña Lokono vs Suriname (párrafo 132), y reafirmado en la sentencia Xucuru vs Brasil (párrafo 117, ítem 6), según la cual lo estados deben titular el territorio de los pueblos indígenas, y mientras no lo hagan, no pueden entregar ningún tipo de derechos a terceros sobre esos territorios pendientes de ser titulados. Se tratan de reglas vinculantes que simple control de convencionalidad deben ser aplicadas no solo por los jueces sino por todo funcionario público incluso de oficio, como lo señala y reconoce la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman. De acuerdo con el artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307, la jurisprudencia de la Corte IDH nos vincula, nos obliga. 

Esta omisión de titulación por parte del Gobierno Regional, no solo no da seguridad jurídica a las comunidades, sino que abre la puerta al ingreso de actividad ilegales que atacan, amenazan y ponen en peligro gravemente la integridad física de los líderes de las comunidades nativas.

[Lee también: Criminalización de la protesta de la población indígena]

Las actividades ilícitas que amenazan a las comunidades son cultivos ilícitos (narcotráfico), tráfico de tierras que promover la presencia de colonos que invaden tierras de las comunidades sin tener derecho, taladores ilegales.

Incluso maños funcionarios del gobierno regional titulan individualmente territorios de comunidades nativas, a pesar que el artículo 37 de la Ley Forestal (Ley 29763), prohíbe expresamente propiedad privada de tierras con aptitud forestal, con o sin cobertura boscosa.

¿Qué se puede hacer antes las amenazas de los grupos ilegales como el narcotráfico contra los líderes de las comunidades? 

La primera pregunta que debemos hacernos es si tiene relevancia constitucional la desprotección de la población por parte de la policía ante las sistemáticas amenazas por partes de actividades ilícitas como el narcotráfico, los traficantes de tierras y los taladores ilegales. 

Los Derecho afectados son para comenzar el derecho a la seguridad personal, el derecho a la vida y a la integridad física, la obligación del Estado de prevención de violaciones a los derechos humanos. En efecto, el artículo 2.24 de la Constitución habla del derecho fundamental a la seguridad personal, y el artículo 44 de la obligación del Estado de “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”. 

La siguiente pregunta es inevitable. ¿Son “justiciables estas obligaciones”? Es decir son exigible judicialmente estos mandatos constitucionales. Si la respuesta es afirmativa qué podemos pedir en el marco de un amparo.

En mi opinión se podría pedir tres cosas claras 1) Creación de una división especial en la policía de protección a las comunidades nativas afectadas y amenazadas, 2) Elaborar y aprobar protocolos que regulen la intervención de la policía en protección de los pueblos indígenas afectados por actividades ilegales, 3) Asignar presupuesto a la policía para financiar las actividades.

[También te puede interesar: ¿Y el agotamiento de la vía administativa?]

Comentarios: