El derecho penal premial en los delitos de violencia familiar

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El derecho penal premial en los delitos de violencia familiar

Por: HERNAN RUIZ BRAVO

La justicia penal negociada tiene su antecedente y desarrollo en la figura del plea bargaining en los Estados Unidos de Norteamérica, a inicios del siglo XX. El derecho penal premial se sustenta en el mecanismo de la delación premiada, que consiste en el acuerdo entre el imputado con el titular de la acción penal -Ministerio Publico, en el que, a cambio de su confesión de la comisión del delito o la prestación de información relevante para el proceso penal obtiene beneficios, como puede ser la reducción de la pena.

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Dentro de los mecanismos de simplificación y procesos especiales previstos en nuestro ordenamiento jurídico que permite la delación premial o colaboración del imputado o investigado, encontramos al criterio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada, la conformidad o conclusión anticipada, la colaboración eficaz. Todos estos mecanismos y procesos especiales permiten la reducción de penas, incluso algunos evitan acudir al proceso penal si se solicita y negocia oportunamente con el Ministerio Publico en diligencias preliminares.


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Ahora, conviene preguntarnos ¿Cuál de los procesos especiales o mecanismos de simplificación son aplicables en los delitos de violencia familiar? Para responderá la interrogante es preciso señalar, primero, que la justicia penal negociada es muy reducida en los delitos de violencia familiar y, con la dación del Acuerdo Plenario 9-2019/CIJ-116 solamente se permite la aplicación de un proceso especial y un mecanismo de simplificación procesal, que veremos más adelante.

Las razones de la reducción de los benéficos premiales en del derecho penal en los delitos de violencia familiar obedece, primero, a la preocupación que se tiene en el Estado peruano sobre esta problemática, porque la violencia familiar es un flagelo que genera una grave vulneración de derechos humanos de mujeres e integrantes del grupo familiar, y segundo, porque el legislador entiende que la solución al problema es la represión y el castigo a los sujetos execrables que comenten estos delitos. Lo cual no es correcto porque el Estado no solo debe trabajar en el ámbito de la represión con el Derecho Penal sino también con la prevención, que exige de políticas estructurales a corto, mediano y largo plazo.

Se ha establecido que mecanismos de simplificación como el criterio de oportunidad, previsto en el Art. 2 del Código Procesal Penal no es aplicable a los delitos de violencia familiar (Art. 122-B y 122 núm. 3, literal c), d), e) el CP), debido que son delitos que vulneran gravemente el interés público, supuesto de procedencia exigible para la aplicación del principio o criterio de oportunidad; el acuerdo reparatorio previsto en el Núm. 6 del Art. 2° del CP también no es aplicable, porque exige del acuerdo entre la victima y el imputado para su procedencia. Sin embargo, el delito de violencia familiar al lesionar derechos fundamentales indisponibles de las víctimas no es posible llegar a un acuerdo con el agresor, porque ello implicaría también una segunda victimización y eso es lo que se busca evitar

El proceso especial que es posible aplicar en los delitos de violencia familiar:  delito de agresiones contra la mujer y los integrantes de violencia familiar, Art. 122-B y el delito de lesiones leves, Art. 122 núm. 3, literal c), d), e) el CP) es la terminación anticipada (artículos 468° al 471° del CP). Recurrir a este proceso implica que el imputado luego de advertir la existencia de medios de prueba que tiene el Ministerio Publico en su contra, que le permiten probar en juicio su responsabilidad penal, decide darse por vencido en la etapa de investigación preparatoria formalizada y busca negociar con el fiscal a cargo de la investigación un acuerdo de terminación anticipada para obtener la reducción de 1/6 de la pena, también la conversión de la pena privativa de libertad a limitativa de derechos como: (a) la prestación de servicios a la comunidad, limitación de los días libres y vigilancia electrónica.


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Por otro lado, el mecanismo de simplificación procesal que también es posible aplicar en los delitos de violencia familiar es la conformidad procesal o conclusión anticipada, la misma que tiene lugar en la etapa de juzgamiento del proceso penal, esto es, antes de la actuación probatoria. El imputado que se someta a este mecanismo tiene el beneficio de 1/7 de reducción de la pena. Beneficio que es menor al de la terminación anticipada.

Finalmente, el derecho penal premial en los delitos de violencia familiar es muy reducido que solamente permite aplicar un proceso especial como lo es la terminación anticipada y un mecanismo de simplificación procesal como es la conclusión anticipada; el principio o criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio no son aplicables.

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