El desconocimiento del derecho no ampara el abuso del mismo II

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El desconocimiento del derecho no ampara el abuso del mismo II

Por: Miguel Alonso Puma Muñoz
Abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, con experiencia en Derecho Laboral.

A lo largo de la carrera profesional no se deja de aprehender, ya que se está en constante actualización de criterios, los que divergen o convergen sobre una materia, la litis es enriquecedora cuando se tiene como opositor a un colega que te nutre de conocimientos y te fuerza a ser un mejor profesional.

No obstante, también a lo largo de la carrera uno no se deja de sorprender por actos que solo se presumen ciertos en una fábula o cuento que tiene mucho de imaginación. Hace unos días llego un caso sobre un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) que ante un pedido de caducidad del PAS se declaró improcedente por el siguiente argumento:

Que, el recurrente solicita caducidad de la RESOLUCIÓN DE SANCIÓN XXY-2021 de fecha 30 de diciembre de 2021. Que, respecto a la nulidad del acto administrativo por caducidad, es menester precisar que, la caducidad no aplica para temas recursivos, es decir que, al momento de haber notificado la resolución de sanción mencionada en el noveno párrafo de la presente resolución, la administrada debió presentar el recurso de reconsideración o apelación dentro del plazo establecido por la norma, por ende, lo solicitado no es amparable por la administración, consecuencia de ello, corresponde declarar improcedente la solicitud.

De una simple lectura parece que tiene coherencia, pero de un análisis jurídico lo citado es una afirmación abiertamente arbitraria. En principio, es importante precisar que la administrada solicito la caducidad del PAS y no la nulidad del acto administrativo por caducidad como lo indicó la administración.

Es correcto afirmar que la figura de la caducidad NO APLICA a los recursos planteados y ello se da cuando (i) se tiene una resolución impugnada, y (ii) transcurre tiempo sin resolver el recurso planteado. Es decir, la caducidad no aplicará para cuestionar el tiempo transcurrido desde que se planteó el recurso hasta que se resuelva el mismo.

Por otro lado, la caducidad SI APLICA para el PAS y se da cuando (i) se tiene un acta de notificación que da inició al PAS, (ii) se tiene una resolución que resuelve el PAS, y (iii) el plazo transcurrido entre el inició y la resolución supera los nueve (9) meses, y que excepcionalmente podrá ser ampliado por tres (3) meses más. Es en este supuesto en el que se amparó el pedido de caducidad.

De conformidad a lo previsto en el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444 aprobado por el DECRETO SUPREMO No. 004-2019-JUS (en lo sucesivo, “LPAG”) se tiene que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos[1]. Plazo que se superó en el PAS.

En efecto, habiéndose superado el plazo máximo para que se resuelva el PAS se DEBE aplicar el numeral 2 del artículo 259° de la LPAG que establece; transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

Es oportuno destacar la relevancia del carácter automático de la caducidad recogido en el numeral 2 del artículo 259° de la LPAG. Así pues, por más retraso que cometiera la autoridad administrativa al declarar que se ha producido la misma, ésta debe entenderse que ya ha operado. Por esta razón, la declaración que realice la autoridad administrativa siempre tendrá carácter declarativo y no constitutivo de la caducidad.

El artículo en mención establece que la caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. Y, que el administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.

Con la figura jurídica de la caducidad en el PAS se garantizará la vigencia de principios como el debido procedimiento, que comprende, entre otros, el derecho a que se resuelva en un plazo razonable, y la seguridad jurídica, que a decir de nuestro máximo intérprete constitucional supone la predictibilidad de las conductas de los poderes públicos frente a los supuestos de hecho determinados por el derecho, además constituye una garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico consolidando la interdicción de la arbitrariedad[2].

La autoridad administrativa tiene el deber de actuar con sujeción a la Constitución, la ley, y al derecho, encontrándose proscrito el abuso de derecho. En esa línea, se ha enfatizado que las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de observar los principios del procedimiento sancionador, toda vez que estos garantizan el respeto por los derechos del administrado.[3] En ese sentido, es arbitrario imputar una infracción y signar una multa cuando el PAS se encuentra caducó los PAS no son llevados ad infinitum ya que cuentan con un límite de tiempo para su resolución.

No todo es lo que parece, no se puede esperar una vida para ser feliz, el tiempo pasa y no perdona, sé es feliz en una vida.


[1] Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo No. 004-2019-JUS. Artículo 259

[2]Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 30 de abril de 2003, recaída en el Expediente 0016-2002-AI/TC.

[3] Sentencia del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente 2050-2002-AA/TC

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