El Estado peruano frente a la CIDH por el caso de Santa Clara de Uchunya

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El Estado peruano frente a la CIDH por el caso de Santa Clara de Uchunya

Se espera que los mecanismos de protección transitoria a territorios indígenas no titulados o la implementación de más proyectos productivos formen parte de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para este caso.

Representantes de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y de la comunidad indígena y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) se reunieron con una delegación de autoridades del Estado peruano, encabezada por la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el pasado 25 agosto. El encuentro tenía un claro propósito: implementar en la práctica las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara de Uchunya y la FECONAU.

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Este representa un caso emblemático de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, relacionado con los impactos de la agroindustria de la palma aceitera en la Amazonía del Perú. En un escenario de conflictos por despojo territorial, deforestación a gran escala y corrupción. Además, los ataques y amenazas contra la población indígena son cada vez más frecuentes. Es así como las organizaciones del pueblo shipibo-conibo, con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal y Forest Peoples Programme, han solicitado el auxilio de la CIDH.

Santa Clara de Uchunya y FECONAU, en agosto de 2020, presentaron al organismo internacional una solicitud de medidas cautelares contra el Estado peruano. La CIDH, a través de la Resolución 81/2020, declaró fundada su petición por considerar que se trata de “una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

Para nadie es secreto el alarmante incremento de la violencia, a la par de las actividades ilícitas, contra los pueblos indígenas desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Desde abril de 2020, son 10 las personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas en territorio amazónico. En todos los casos, la causa está vinculada con negocios como el narcotráfico y la tala ilegal.

En el caso de la agroindustria, se han incrementado también las amenazas contra miembros de pueblos indígenas. Solo en lo que va de 2021, la comunidad de Santa Clara de Uchunya ha reportado dos incidentes de alto riesgo, que involucran actos intimidatorios y amenazas de muerte contra autoridades comunales. Es similar a la situación en FECONAU, cuyo expresidente Miguel Guimaraes recibió también amenazas de muerte a través de su teléfono celular en octubre de 2020.

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Precisamente, la especial gravedad del caso motivó a que la CIDH decida otorgar las medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los miembros de Santa Clara de Uchunya y FECONAU, ordenando al Estado peruano lo siguiente:

  1. adoptar las medidas necesarias, y desde una perspectiva cultural adecuada, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, evitando en particular la comisión de actos de violencia por parte de terceros, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
  2. concertar las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e
  3. informar sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medidas cautelares y así evitar su repetición.

Desde entonces, las organizaciones indígenas han exigido a las autoridades estatales cumplir con la implementación de esta decisión en forma rápida, eficaz e integral. Fuente: IDL.

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