El iter contextual sobre la prueba de oficio en el Perú. A propósito del X Pleno Casatorio Civil

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El iter contextual sobre la prueba de oficio en el Perú. A propósito del X Pleno Casatorio Civil

Angie Jimenez Aburto[1]

Yordi Torres Almeyda[2]

Resumen

El presente artículo desarrolla  los aspectos más resaltantes del X pleno casatorio civil sobre la prueba de oficio estableciendo doce reglas vinculantes que podrán aplicar los operadores del derecho, cuando el caso lo amerite. Para ello, resulta propio analizar los aspectos positivos y negativos de dicha jurisprudencia.

  1. Un escenario que clarifica nuestro panorama. Aspectos positivos

En el marco de la emergencia sanitaria debido al brote del covid -19, la Corte Suprema de la República del Perú ha considerado necesario la emisión del X Pleno Casatorio en lo Civil, importante dispositivo jurisprudencial con carácter de precedente judicial vinculante, referido a las implicancias, preceptos y procedimientos a regir al momento de dar ejercicio a la prueba de oficio, la iniciativa probatoria del juez, y el interfaz de su contradictorio.

El objetivo central de esta discusión de los jueces integrantes de las salas supremas en lo civil está dirigido en unificar las interpretaciones del código sustantivo civil, respectivamente al artículo 194, lo cual da acápite a lo que es la Prueba de Oficio, sin duda un problema para todos los jueces en las diferentes jerarquías que conforman el órgano jurisdiccional, y que conllevó a emitir esta ecuánime determinación.

Al respecto, el X pleno casatorio ha sido objeto de innumerables críticas vertidas por el sector doctrinario e inclusive se advierte la posibilidad de la existencia de plagio, lo cual no se ha podido corroborar, pues, si bien, en el propio pleno casatorio señala que son conscientes de los comentarios negativos que podrían surgir a raíz de su publicación, ello es común por tratarse de un tema de tal envergadura.

En estricto, lo más resaltante de esta decisión se funda en las doce reglas fijadas por parte del máximo tribunal judicial[3], siendo entre los más principales la “Regla Primera” al mencionar que el poder probatorio resulta ser una facultad excepcional del juzgador y no una obligación cuando la situación o el caso en concreto lo requiera, siempre que esto se de dentro de los limites establecidos por el legislador. Por otro lado, la “Regla Tercera”, expresa que, al momento de ejercer y tramitar la prueba de oficio, ya sea por el juzgador de primera y segunda instancia, debe sujetarse a importantes límites como es la excepcionalidad, pertinencia, fuentes de pruebas, motivación, contradictorio, no suplir a las partes y que se de en una sola oportunidad. Y finalmente, la “Regla Duodécima” refiere que cuando existan pretensiones en la que se discutan derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad (por razones de edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, entre otros) el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando determine que existen obstáculos que limitan el normal ejercicio del derecho de estas personas conforme las normas de carácter nacional e internacional que las protegen.

La Corte Suprema ha incorporado un importante avance sobre las circunstancias específicas en las que debe  ejercerse la prueba de oficio, teniendo en cuenta el carácter excepcional del mismo para coadyuvar así a resolver las controversias que se susciten entre las partes. Asimismo, esta facultad debe estar encaminada en cumplir con ciertos límites dentro del plano procesal a fin de velar por el correcto ejercicio de los derechos de las personas cuando el caso en concreto lo requiera.

Claro está, el aspecto positivo que representa dicha decisión jurisprudencial vierte sobre fuentes de larga proyección para que el juzgador tome un rol importante en la aplicación de criterios delimitados en busca de cumplir los fines procesales emanados de un Estado Democrático de Derecho.

  1. Aspectos negativos del panorama jurisprudencial

Sin embargo, dentro de este marco positivo, debemos también traer a colación las implicancias no muy llamativas que ha dejado entrever esta búsqueda de unificación jurisprudencial.

Tal es el caso de la “Regla Sexta”, donde desde una interpretación taxativa, enfatiza que el juzgador, de primer o segunda instancia, cuando advierta que el medio de prueba no ha sido integrado al proceso por las partes debido a razones de extemporaneidad, inadmitido por rebeldía, e incluso improcedencia está en la obligación de evaluar su admisión oficiosa teniendo en cuenta su pertinencia y relevancia.

Bajo este sentido literal, el tribunal judicial otorga al juez un grado de participación impropio para intervenir dentro del proceso dejando de lado su rol imparcial para decidir sobre el caso en concreto. Es decir, si bien las causales son de carácter procesales, no resulta conveniente que el juzgador tenga a bien subsanar ello, cuando es de única obligación recaída sobre las partes procesales, y no solo eso, esto conlleva a que el juzgador tenga como un primer momento la plena concepción de como se va a resolver la controversia al tener una incidencia directa sobre el caso en específico, perjudicando así su posición neutral y justo dentro del proceso.

Aunado a ello, otro de los criterios más cuestionados de esta regla radica en que se alude a medios en calidad de improcedentes, y para su admisión de oficio será necesario la realización de actos procesales, lo cual tiende a la dilación del proceso, pudiendo generar en muchos casos interpretaciones y aplicaciones maliciosas, considerando que en primera instancia ya fueron declarados improcedentes en su momento, además de corresponder a las partes realizar la subsanación respectiva. A nuestro parecer, alude en un retroceso sobre las grandes expectativas que se tiene dentro del área procesal civil nacional.

Por otro lado, la “Regla Undécima” direcciona sobre los fines de las cuales debe descansar la prueba de oficio y que su actividad probatoria debe estar encaminada a determinar la verdad de los hechos materia de controversia, siempre que exista insuficiencia probatoria en pretensiones de naturaleza personal.

Desde una perspectiva objetivo procesal, no resulta valorativa y se hace cuestionable esta apreciación realizada por la Corte Suprema, dado que, si bien es cierto, el juzgador debe buscar la verdad de los hechos a fin de tener la convicción y resolver la controversia, este no debe emplearse de manera irrestricta, pues se trata de una facultad exclusiva de las partes procesales el de realizar la plena actuación y persistencia correspondiente del iter procesal. Asimismo, no olvidemos que la centralidad de un proceso jurisdiccional está sujeta a determinar la certeza de los hechos siendo esto amparada por resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre (finalidad abstracta) y alcanzar la paz social (finalidad concreta).

No obstante, diferentes posiciones se han tomado a pie en analizar esta decisión con carácter vinculante, encaminado a referir que esta discusión e interpretación del Tribunal Judicial tiene un sentido publicita[4], es decir, tiene un acabamiento de darle prioridad al respeto de los derechos fundamentales y sus conexos, sin embargo, llegado la situación en concreto, el Estado-juez resolverá la controversia valiéndose de fines políticos, jurídicos y sociales. Sin duda, se trata de un escenario no muy resaltante y que el pleno judicial no lo ha tenido en cuenta al momento de diseñar las directrices sobre el ejercicio de la prueba de oficio.

Aunado a ello, se tiene ciertas consecuencias que vayan a emanar de darle un rol más protagónico al juzgador de mira a lo que establece este Pleno Casatorio, dado que conllevaría a: i) que los procesos civiles tengan una demora en su resolución más de lo que se tiene hoy en día, ii) el gran costo procesal y iii) vulnerabilidad del Principio de Imparcialidad como derecho estricto del debido proceso consagrado por la norma constitucional

La implementación de un pleno casatorio con criterios vinculantes debe resolver los vacíos normativos existentes, sin dejar cuestionamientos o dudas respecto de su aplicación. Además de ser viables, y significativos que permitan lograr la finalidad del proceso y del Estado, tutelando derechos fundamentales, y las respectivas garantías procesales en marco de un Estado constitucional de derecho.

Conclusiones:

A modo de conclusión consideramos que la publicación del X pleno casatorio sobre la prueba de oficio, y el interfaz del contradictorio mantiene vertientes que generan mucha discusión en los operadores del derecho y sobre todo en la actividad jurisdiccional del día a día.

Si bien, la verdad de los hechos es la finalidad que persigue la incorporación de criterios vinculantes, esto trajo consigo la notoriedad de los aspectos positivos, reglas o criterios que van a permitir conducir al juez a la verdad de los hechos; por otro lado, entre los aspectos negativos destacan la disposición de la actuación probatoria, inclusive en segunda instancia, considerando cuando es pertinente o relevante; sin embargo, no se fija un límite más que la discrecionalidad del juez.

Referencias:

LA LEY. Corte Suprema fija 12 reglas vinculantes sobre prueba de oficio. (24 de septiembre de 2020). Recuperado por: https://laley.pe/art/10120/este-es-el-x-pleno-casatorio-civil-corte-suprema-fija-12-reglas-vinculantes-sobre-prueba-de oficio#:~:text=Pleno%20Casatorio%20Civil%2C%20en%20el,194%20del%20C%C3%B3digo%20Procesal%20Civil.

PASIÓN POR EL DERECHO. X Pleno Casatorio Civil: cuando la cura es peor que la enfermedad. (29 de septiembre de 2020). Recuperado por: https://lpderecho.pe/x-pleno-casatorio-civil-cura-peor-enfermedad/


[1] Jiménez Aburto, Angie. Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

[2] Torres Almeyda. Yordi. Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

[3] https://laley.pe/art/10120/este-es-el-x-pleno-casatorio-civil-corte-suprema-fija-12-reglas-vinculantes-sobre-prueba-de oficio#:~:text=Pleno%20Casatorio%20Civil%2C%20en%20el,194%20del%20C%C3%B3digo%20Procesal%20Civil.

[4] https://lpderecho.pe/x-pleno-casatorio-civil-cura-peor-enfermedad/