¿El Juez puede disminuir la pena cuando el imputado se encuentra en estado de ebriedad?

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Oportunidad procesal de interposición de recurso de apelación Sumilla. 1. La audiencia de lectura de la sentencia de primera instancia se lleva a cabo con las partes que comparezcan (artículo 396, numeral 1, del Código Procesal Penal) -no existe una carga procesal de asistencia y, por ende, tal incomparecencia, en principio, no puede estar asociada a una sanción procesal o pérdida de determinadas posibilidades procesales- 2. El apartado 3) del artículo 396 del citado Código estipula que la sentencia quedará notificada con su lectura integra en audiencia pública. Este precepto, además, impone una obligación al Tribunal: debe entregar a las partes, inmediatamente, copia de la aludida sentencia. El acto procesal de comunicación de la sentencia se perfecciona, entonces, cuando se entrega a las partes copia de la sentencia leída en audiencia pública. 

Lima, treinta de enero de dos mil dieciocho 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por el encausado JORGE ANTONIO CARLÍN LÓPEZ contra la sentencia de vista de fojas setenta y tres, de treinta y uno de julio de dos mil catorce, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera Ninstancia de fojas una, de cuatro de febrero de dos mil catorce, lo condenó como autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años -incluyendo la reparación del daño causado como regla de conducta-, y tres años de inhabilitación, así como al pago de doscientos mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que la sentencia de vista revocó en un extremo y revocó en otro la sentencia de primera instancia. Ratificó, desde la fijación de los hechos, que el imputado Carlin López en su condición de Gerente de Operaciones de Aeropuertos de CORPAC se interesó indebidamente, de manera directa y en provecho de tercero, en la ejecución del contrato número NGL cero noventa y cinco punto dos mil diez punto P punto S, de trece de enero de dos mil once, sede Tacna, celebrado por CORPAC y el consorcio Word Segurity Services y otros, representado por Emilio Huamán Yepes; y, en su consecuencia, emitió un conjunto de directivas que favorecieron indebidamente al consorcio contratista y, de este modo, no se aplicó a dicho consorcio la penalidad respectiva ante su incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia del aludido contrato. Es de precisar que la Gerencia de Operaciones a cargo del encausado Carlín López tenía, entre otras funciones, el seguimiento de los contratos suscritos por CORPAC y el Jefe del Aeropuerto de Tacna, Edwin Vela Cáceres, quien se encontraba subordinado a la indicada gerencia. 

SEGUNDO. Que el día cuatro de febrero de dos mil catorce se expidió la sentencia de primera instancia de fojas una. Ésta fue leída en audiencia pública, conforme consta del acta de la audiencia de fojas cuatrocientos setenta y seis. A esa diligencia solo asistió el encausado recurrente Carlín López, no así el representante del Ministerio Público. Este último, sin embargo, interpuso el recurso de apelación de fojas treinta y tres el día catorce de febrero de dos mil catorce, en el extremo del quantum de la pena impuesta a Carlín López-tiempo del período de prueba y la exigencia de incorporación de la reparación del daño como regla de conducta-. El imputado no denunció recursalmente que la apelación acusatoria de la Fiscalía fue extemporánea. El citado recurso acusatorio fue admitido por la Sala Penal de Apelaciones del Callao mediante auto de fojas quinientos veintitrés, de seis de marzo de dos mil catorce. En su mérito, el Tribunal Superior revocó la sentencia de primera instancia e incremento de dos a tres años el plazo de suspensión de la ejecución de la pena de privativa de libertad impuesta al imputado Carlín López, así como incorporó como regla de conducta la reparación del daño causado. De otro lado, el recurso de apelación del encausado fue rechazado liminarmente. 

TERCERO. Que contra la mencionada sentencia de vista el encausado Carlín López interpuso el recurso de casación de fojas noventa y tres, de veintiuno de agosto de dos mil catorce, el cual fue declarado inadmisible mediante auto de 

fojas ciento dos, de veinticinco de agosto de dos mil catorce. Empero, como consecuencia del recurso de queja que promovió, este Tribunal Supremo expidió la Ejecutoria número doscientos noventa y dos – dos mil catorce de fojas ciento sesenta, de veintinueve de setiembre de dos mil catorce, que lo amparó aunque bajo una causa de pedir distinta. En dicha Ejecutoria se hizo referencia a la presunta transgresión del principio de legalidad, del derecho de defensa y del debido proceso. En su consecuencia, mediante auto superior de fojas ciento veintiuno, de uno de junio de dos mil diecisiete, se concedió el citado recurso de casación. 

CUARTO. Que elevada la causa a esta Sala Suprema y cumplido el trámite de traslado a las partes recurridas, se expidió la Ejecutoria Suprema de fojas ciento trece -del cuadernillo respectivo-, de ocho de setiembre del dos mil diecisiete, que declaró bien concedido el recurso de casación por la causal de quebrantamiento de precepto procesal, prevista en el artículo 429, apartado 2, del Código Procesal Penal. Se cito, como concordancia, los artículos 401 y 414, apartado 1, literal b), del mismo cuerpo legal, aunque se trató de un error material pues las normas en cuestión son otras, como oportunamente se señalará. QUINTO. Que, conforme a la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de queja de fojas ciento sesenta, respetada -como no podía ser de otro modo, por la Ejecutoria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el objeto de la casación consistió en que el día cuatro de febrero de dos mil catorce se llevó a cabo la aydiencia de lectura de sentencia de primera instancia, diligencia en la que no asistió el representante del Ministerio Público, no obstante estar correctamente notificado; y, que, extemporáneamente, esto es, el catorce de febrero de dos mil catorce, el Fiscal Provincial interpuso recurso de apelación por el que cuestionó el extremo de la sentencia referido al quantum de la pena impuesta y a la omisión de incorporar una regla de conducta específica. Tal recurso de apelación determinó, como ya se indicó, que la sentencia de vista revoque la sentencia de primera instancia e incremente el plazo de suspensión de la ejecución de la pena de privativa de libertad impuesta al imputado Carlín López y se establezca como regla de conducta la reparación del daño. SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho por decreto de fojas ciento diecinueve, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, y realizada esta con la concurrencia del abogado defensor del encausado Carlín López, doctor Luis Lorenzo Naval García, y del señor abogado representante de la Procuraduría Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, doctor Renán Lapa Rivas, el estado de la causa es la de expedir sentencia. 

SÉPTIMO. Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este Supremo Tribunal acordó pronunciar la presente sentencia de casación, en los términos que se detallarán. Se señaló para la audiencia de su lectura el día de la fecha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Que el Fiscal Provincial del Callao – su adjunto– no asistió a la audiencia de lectura de la sentencia de primera instancia realizada el día cuatro de febrero de dos mil catorce [acta de fojas cuatrocientos setenta y seis). La sentencia de primera instancia fue notificada a la indicada Fiscalía el día siete de febrero de ese año [constancia de notificación de fojas ciento veintiséis del cuaderno de debate). El referido Fiscal interpuso recurso de apelación el día catorce de ese mes y año, conforme al sello de recepción de fojas quinientos doce. Éste versó sobre el tiempo del período de prueba y la regla de conducta omitida de reparación del daño causado, que el Tribunal Superior en la sentencia de vista aceptó integramente. 

SEGUNDO. Que la admisión del recurso de casación del imputado Carlín López se justificó en los alcances del voto singular de uno de los miembros del Tribunal Superior, corriente a fojas ciento cuarenta y cinco, que estimó que el recurso de apelación fue extemporáneo. Se consideró, al respecto, que sus argumentos justificaban el examen casacional respectivo. Llama la atención, sin embargo, que dentro del procedimiento de impugnación 

de apelación concretamente- el momento procesal para examinar la legalidad del concesorio de la impugnación tiene lugar luego de cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, conforme a la concordancia de los artículos 421, numeral 2, y 405, numeral 3, del Código Procesal Penal. El Juez Superior disidente no tuvo en cuenta este precepto procesal, de carácter imperativo. 

TERCERO. Que, sin embargo, es de rigor examinar las disposiciones legales del recurso de apelación y, en su mérito, determinar si el Fiscal que no asiste a la audiencia de lectura de la sentencia de apelación no puede recurrir o solo puede hacerlo el mismo día de la lectura del fallo. Ahora bien, la audiencia de lectura de la sentencia de primera instancia se lleva a cabo con las partes que comparezcan, tal como estipula el artículo 396, apartado 1, del Código Procesal Penal. No existe, por consiguiente, una carga procesal de asistencia y, por ende, tal incomparecencia, en principio, no puede estar asociada a una sanción procesal o pérdida de determinadas posibilidades procesales. 

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