El nuevo procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria conforme al Decreto Supremo 006-2020-IN ¿se respeta el debido procedimiento?

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Sumario: 1.Introducción, 2.Breve definición del procedimiento administrativo sancionador, 3.Nuevo procedimiento sancionador de acuerdo al Decreto Supremo 006-2020-IN, 4. Observaciones, 4.1 Principio de Debido Procedimiento, 5.  Conclusiones.

Kenedy Jhon Fernandez Tello

  1. Introducción

No cabe duda que el Gobierno viene adoptando medidas que busquen salvaguardar derechos tales como la vida y salud de la población frente aquel enemigo invisible llamado Covid -19 que ha traído consigo una gran cantidad de muertes. Por lo que, dentro de las tantas medidas, podemos hacer referencia las emitidas mediante Decreto Supremo 008-2020-SA que declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el periodo de 90 días[1], el Decreto Supremo  044-2020-PCM que declaró la Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio por el periodo de 15 días[2], prorrogadas mediante Decreto Supremo 064-2020-PCM por 14 días[3] y Decreto Supremo 072-2020-PCM ampliada por el mismo plazo[4], estos con el fin de frenar el contagio y mayor muertes en el país.

Sin embargo, y pesar de la voluntad estatal de emitir normas que tengan como objetivo mitigar la propagación del virus, la misma no ha tenido el éxito esperado, debido que gran parte de la población no ha entendido que la salud no es solo un derecho sino también un deber que se irradia a toda persona[5] generando el incumplimiento frente a las medidas adoptadas.

Esto ha conllevado que se haga uso de aquella potestad sancionadora mediante el Decreto Legislativo 1458[6], cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Decreto Supremo 006-2020-IN[7], a fin de buscar el cumplimiento de lo dictado y tratar de detener así la expansión del virus en bienestar de la sociedad.

En ese sentido, el presente trabajo buscará analizar si el nuevo procedimiento administrativo sancionador cumple o no, con respetar el debido procedimiento como garantía de respeto a los derechos de todo administrado sometido a la potestad sancionadora.

  • Breve definición del procedimiento administrativo sancionador

Al respecto, es importante poder dar una definición referido al procedimiento administrativo sancionador, para ello corresponde citar Alarcón quien lo define como “el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción”[8], la cual deberá ser entendida bajo el cauce de garantías que respeten derechos de todo administrado.

Así, el procedimiento sancionador “cumple una doble dimensión, por un lado constituye el mecanismo que tiene la Administración para lograr su finalidad pública y, a su vez, la vía que permite las garantías necesarias para el respeto de los derechos fundamentales”[9] de todo  administrado en el marco de los procedimientos sancionadores.

Ahora bien, existen ciertos principios básicos que todo procedimiento administrativo sancionador deberá tener en cuenta, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al precisar que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador[10]. Asimismo, el mencionado colegiado ha establecido que,dentro de un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo sancionatorio, se deberá respetar el derecho al debido proceso[11].

En esa línea, la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus diversas modificaciones, debidamente unificadas en su Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS, ha señalado que toda institución autorizada por ley que regule procedimientos administrativos sancionadores deberá respetar ciertos lineamientos, veamos lo que dice textualmente:

Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo

     (…)

    247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. 

Como puede observarse, la norma referida tiene carácter supletorio frente a un procedimiento sancionador regulado en una norma especial. Sin embargo, dicha regulación no sería del toda discrecional puesto que, su limitación se encuentra en aquellos principios, estructura y garantías que necesariamente deberán ser respetados por más especial que sea el procedimiento, ello  debido a que nuestro ordenamiento trata de establecer un procedimiento común, bajo un enfoque  de garantías al respeto de los derechos fundamentales. En palabras del profesor Morón ningún procedimiento sancionador, ni la eventual sanción que se derive, pueden desconocerse los principios de la potestad sancionadora ni la estructura y garantías mínimas reconocidas a los administrados.”[12].

  • El nuevo procedimiento sancionador de acuerdo al D.S 006-2020-IN

Mediante Decreto Legislativo 1458, se estableció que la Policía Nacional posee la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación emitida en el marco del estado de emergencia, ostentando la potestad sancionadora para la aplicación de multas administrativas; entiéndase que, la potestad mencionada es temporal al ámbito del Estado de Emergencia Sanitaria y cuyo procedimiento sancionador se encuentra regulado en el Decreto Supremo 006-20020-IN.

De acuerdo al nuevo procedimiento, la Autoridad recae en el efectivo policial quién dará el inicio y sanción (artículo7)[13]. El procedimiento i) se iniciará producto de la intervención que el efectivo policial en ejercicio de sus funciones realice al presunto infractor, donde una vez identificado procederá a levantar el Acta de infracción y sanción conteniendo los requisitos mínimos (artículo 9)[14], previa evaluación de las causales de eximentes y agravantes (artículo 6)[15], terminado ello, ii) procederá de manera inmediata a notificar al infractor otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para que cumpla con el pago de la multa[16], iii) una vez notificado, el infractor tendría tres posibilidades que podría realizar en el plazo otorgado:

  • Pagar el integro de la multa ante el Banco de la Nación (art.14)
  • Pagar dentro de los dos (02) días de notificado, previa suscripción de compromiso, cuyo beneficio será la reducción del 25% de la multa total (art.15).
  • Interponer el recurso de apelación (art. 16).

En caso el infractor decida por iv) la apelación, esta deberá ser presentada ante la mesa de parte de la Región Policial donde fue impuesta la multa (artículo 16)[17], dicho recurso generará  la suspensión momentánea de la ejecución de la sanción (artículo17)[18], la apelación será resuelta por el jefe de la División Territorial de la Región Policial dentro del plazo de tres (03) días hábiles (artículo 19)[19]. Asimismo, el impugnante podrá solicitar un informe oral antes que la autoridad resuelva el recurso (artículo 18)[20].

Es importante señalar que, en caso el infractor no cumpla con el pago de la multa, será impedido de realizar trámites civiles como la suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), y realizar viajes al exterior[21]. A su vez, el incumplimiento activaría el llamado procedimiento de ejecución coactiva (artículo 13).

A continuación, se presenta un modesto flujograma que refleja lo dicho anteriormente.

Debe tenerse presente la tabla de infraccione y sanciones:

TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES EMITIDAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID -19 APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO 006-2020-IN
  CÓDIGO DE INFRACCIÓN   INFRACCIÓN   CALIFICACIÓN DE INFRACCIÓN   MULTA MONTO EN SOLES DE ACUERDO A LA UIT (4300)
    A01   No respetar el metro de distancia obligatorio, formando aglomeraciones en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida.       Leve     2% de la UIT       S/.86.00
  B01   Salir más de una persona por familia, para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos.     Grave   5% de la UIT   S/.215.00
      B02   Circular por la vía pública, para la realización de actividades que no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. No están comprendidas en este supuesto las personas con autismo, personas que  salen para atender las necesidades de sus mascotas dentro de un sitio cercano a sus  domicilios y las mismas sean breves.         Grave       5% de la UIT       S/.215.00
  B03   Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase personal laboral, en caso corresponda.     Grave   6% de la UIT   S/.258.00
    B04   Desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial previstas en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM.       Grave     7% de la UIT     S/.301.00
  B05   Circular con vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior.     Grave   8% de la UIT   S/.344.00
  B06   Circular por la vía pública sin usar la mascarilla de uso obligatorio.     Grave   8% de la UIT   S/.344.00
    C01   No respetar la inmovilización social obligatoria durante todo el día el día domingo, durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia Nacional, u otros días que por norma especial se disponga.       Muy grave     9% de la UIT     S/.387.00
  C02   Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas de aglomeración o concurrencia masiva o no en la vía pública.     Muy grave   9% de la UIT   S/.387.00
  C03   No respetar la inmovilización social obligatoria desde 18:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional.     Muy grave   10% de la UIT   S/.430.00
  C04   No contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.     Muy grave   10% de la UIT   S/.430.00
  • Observaciones

Debe resaltarse que la intención no es justificar el comportamiento inadecuado del infractor, todo lo contrario, es totalmente reprochable. Sin embargo, no debemos dejar de recordar que nos encontramos en un Estado Constitucional, en base a ello, debe respetarse ciertos principios y derechos que garanticen un mínimo de respeto a todo ciudadano que es sometido a la potestad sancionadora.

En ese entendido, se presenta algunas observaciones que ayudarán a determinar si el nuevo procedimiento sancionador: ¿respeta o no el debido procedimiento?

  • Debido Procedimiento

El debido procedimiento catalogada normalmente como la introducción del debido proceso establecida en numeral 3 del artículo 139 de la Constitución a la esfera administrativa sancionadora, tiene como núcleo garantizar aquellos derechos que serán el medio adecuado entre la determinación de infracción y decisión final de la autoridad correspondiente, así lo ha establecido el Tribunal Constitucional al indicar que:

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales (…).[22]

En palabras de García “el debido proceso es el conjunto de derechos, principios y garantías que permiten que la tutela de los derechos fundamentales de la persona sea realmente efectiva durante el desarrollo de un proceso o procedimiento”[23]. Por lo que, su vulneración se dará cuando exista incumplimiento en sus aspectos formales o sustanciales. Esto sin duda tiene como finalidad no generar indefensión aquel administrado sometido al ámbito sancionador, por ello, uno de los derechos primordiales del debido procedimiento es el ejercicio a la defensa.

Así, en definición del Tribunal Constitucional el debido proceso es un derecho cuyo “(…) contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.[24]

En consonancia a ello, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444, ha establecido como principio de la potestad sancionadora al debido procedimiento señalando que no sepueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

Para poder entender aquellos derechos que se involucran en el ámbito administrativo, corresponde hacer mención el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO referido, donde se ha establecido de manera no limitativa algunos derechos que se encuentran dentro de un debido procedimiento tales como el poder ser notificado, derecho a refutar los cargos, a exponer argumentos, ofrecer pruebas, obtener una decisión debidamente motivada, entre otros[25].

Ingresando al nuevo procedimiento sancionador del D.S 006-2020-IN, se ha podido observar los siguientes puntos:

  • No existe un plazo de descargo entre el supuesto inicio de procedimiento y sanción emitida por el efectivo policial (art.9).

Es decir, la norma establece que, una vez intervenido el presunto infractor, el efectivo policial procederá de manera inmediata elaborar el acta de infracción y sanción, procediendo a su notificación para que en el plazo de 05 días hábiles cumpla con pagar la multa impuesta.

Esto evidencia que el infractor no tendría posibilidad alguna de poder ejercer una defensa ante el hecho imputado, debido que entre inicio y sanción no hay intervalo de defensa, es decir, será sancionado sin poder presentar descargos y medios de defensa. Situación que iría en contra de aquel derecho constitucional señalado en el numeral 14 del artículo 139 de la Carta Magna que establece como principio que ninguna persona pueda quedar privado su ejercicio de defensa en ningún estado del proceso, la misma que también se irradia al ámbito administrativo conforme lo establece el Tribunal Constitucional:

“(…) una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa[26]

Siguiendo lo anterior, el nuevo procedimiento sancionador también estaría vulnerando aquellos derechos y garantías mínimas que todo procedimiento debería tener conforme lo establece los artículos 254, 255 y el numeral 1.2 del IV del Título preliminar del TUO de la Ley 27444.

  Principio del debido procedimiento.   Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador   Artículo 255.- Procedimiento sancionador
    (..) derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; (…).     4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa (…). 3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, (…) para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

En otras pablaras, el nuevo procedimiento sancionador no es otra que, una sanción de plano, entendida como aquella imposición sin respetar etapas, reglas, plazos, entre el inicio y sanción, generando indefensión al administrado, situación que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse al señalar:

“(…) todos los administrados tienen el derecho a la existencia de un procedimiento administrativo previo a la producción de las decisiones administrativas que les conciernan. Correlativamente, la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados (…)”[27]

  • No se establece una diferencia entre el órgano instructor y sancionador

Debe mencionarse que una de las grandes reformas ingresadas al debido procedimiento en materia sancionadora, ha sido poder separar la autoridad instructora de la sancionadora con la finalidad de garantizar que la permanencia del administrado en dicho procedimiento se encuentre asegurada por la objetividad de la actuación estatal. Esta separación genera que se cumplan funciones distintas, como, por ejemplo: el instructor, será el encargado de desarrollar las actuaciones pertinentes para la imputación de cargos mientras que, el sancionador tendrá aquel rol preponderante de emitir la decisión correspondiente previa evaluación de todas las actuaciones realizadas dentro del procedimiento. Por ello, la separación ha sido establecida como una obligación conforme el numeral 1 del artículo 254 del TUO de la Ley N° 27444  “Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción”. Algo que en el nuevo procedimiento sancionador no han tenido en consideración.

Por lo expuesto, se evidencia que el nuevo procedimiento sancionador ha omitido aspectos sustanciales que a nuestro criterio vulnera el derecho fundamental como es el ejercicio de la defensa y una garantía como aquella separación de autoridades. Dichas omisiones son elementales para determinar que no hay un debido procedimiento y como bien lo señala Alarcón, en los procedimientos sancionadores de manera específica tienen una importancia extraordinaria porque en el correcto ejercicio de la potestad sancionadora está en juego el derecho fundamental de defensa[28]”.

  • Conclusiones
  • El nuevo procedimiento administrativo sancionador (Decreto Supremo 006-2020-IN) no es otra que, una sanción de plano, cuya vulneración al debido procedimiento es evidente al no otorgar la posibilidad al presunto infractor de ejercer su derecho a la defensa.
  • No se ha establecido una separación entre autoridad instructora y sancionadora, pues ambas según se desprende de la norma, recae directamente en el efectivo policial. Situación que contradice aquel intento de la Ley 27444 denominado Ley de Procedimiento Administrativo General y sus diversas modificaciones debidamente unificadas en su Texto  Único Ordenado, en poder establecer un procedimiento común para todas las entidades bajo el cauce de garantías que respeten derechos fundamentales.

[1] Articulo 1.-Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19 (…).

  • Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

[3] Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional (…) por el periodo de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020.

[4] Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado (…)por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.

[5] Constitución Política

 Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.

[6] Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del covid-19.

[7] Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1458, Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19.

[8] ALARCÓN SOTOMAYOR, Lucía. El procedimiento administrativo sancionador. En: LÓPEZ MENUDO, F. (Dir.). Derecho Administrativo Sancionador. Valladolid: Lex Nova, 2010, p. 541

[9] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Segunda Edición. Lima: Biblioteca Nacional, 2017, p.12.

[10] STC 2050-2002-AA/TC, f.j.8.

[11] STC 00156-2012-PHC/TC, f. j. 3.

[12] Juan Carlos Morón Urbina. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II. Décimo Segunda Edición. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2017, P. 384.  

[13] Artículo 7. Autoridades del procedimiento administrativo sancionador

El procedimiento administrativo sancionador está a cargo del/los efectivo/s policiales de servicio encargado/s del control de identidad y de su inscripción en el registro informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social obligatoria.

[14] Artículo 9. Inicio del procedimiento administrativo sancionador

(…)

9.2 Una vez identificado el infractor, el efectivo policial en el acto procederá a levantar el Acta de Infracción y Sanción correspondiente, que contiene como mínimo, lo siguiente: a. La identificación de la persona infractora. b. El lugar, la fecha y hora en que se inicia la intervención. c. La infracción cometida y la multa correspondiente, con la indicación de la base legal respectiva. d. Una breve descripción de los hechos en los cuales se cometió la infracción. e. El plazo y lugar para el pago de la multa. f. La firma de la persona infractora. En su defecto, el personal policial deja constancia del desacuerdo del infractor con la sanción impuesta, comunicándole, su derecho a presentar el recurso de apelación correspondiente, así como el plazo para su presentación. g. La identificación del personal policial que realiza la intervención, así como su firma.

[15] Artículo 6. Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad administrativa

6.1. Son criterios eximentes de responsabilidad administrativa, los siguientes:

a. Persona con discapacidad física o mental que no le permita advertir la comisión de las infracciones previstas en el artículo 3 de la presente norma.

b. Caso fortuito o la fuerza mayor.

c. Situación de emergencia que ponga en riesgo la vida, salud e integridad de las personas.

 6.2 Son criterios agravantes de la responsabilidad administrativa, los siguientes:

a. Reincidencia en la comisión de la infracción: Se considera conducta reincidente de una persona cuando haya sido sancionada con una o más infracciones por incumplir las disposiciones emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del COVID-19.

b. Resistencia a la autoridad al momento de la intervención.

[16] Artículo 14. Plazo para el pago

El plazo para cancelar la multa impuesta no excede de cinco (5) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente de la fecha de notificación del acto administrativo de sanción, debiendo realizarse en las ventanillas del Banco de la Nación

[17] Artículo 16. Recurso de apelación

(…)

16.2 El escrito de apelación debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, debiendo indicar además una dirección de correo electrónico válida para remitir las notificaciones. 16.3 El recurso de apelación se interpone ante la mesa de partes de la Región Policial donde se impuso la sanción y es resuelto por el Jefe de la División Territorial de la Región Policial.

[18] Artículo 17. Efectos de los recursos administrativos

17.1 La interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la multa impuesta

[19] Artículo 19. Resolución del recurso de apelación

El recurso de apelación se resuelve en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, pudiéndose confirmar, revocar o declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, agotando la vía administrativa

[20] Artículo 18. Informe oral

En caso el administrado considere conveniente, puede solicitar el uso de la palabra ante la autoridad sancionadora. La solicitud se presenta hasta antes de que culmine el plazo para la emisión del acto administrativo que absuelva el recurso

[21] Decreto Legislativo 1458 – Disposiciones complementarias

Segunda. Prohibición de realizar trámites civiles El infractor que no cumpla con el pago de la multa dentro del plazo establecido en la presente norma, se encuentra impedido de realizar trámites civiles tales como: suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), y realizar viajes al exterior.

[22] STC  1003-98-AA-TC, f.j. 6.

[23] Víctor García Toma, Constitución, Justicia y Derechos Fundamentales. Lima: Grupo Editorial Lex & Iuris, 2015. P.326.

[24] STC 7289-2005-AA/TC, f.j. 5.

[25] 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

[26]  STC 5514-2005-PA/TC, f.j.4

[27] STC 1628-2003-AA/TC, f.j 6

[28] Lucía Alarcón Sotomayor. El procedimiento administrativo sancionador y los demás derechos fundamentales. Madrid: Thomson Civitas, 2006, p. 88.