El principio de oportunidad en los delitos de violencia familiar y los integrantes del grupo familiar

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El principio de oportunidad en los delitos de violencia familiar y los integrantes del grupo familiar

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La falta de uniformidad de criterios sobre la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de violencia familiar ha originado el desarrollo de  plenos jurisdiccionales distritales en el ámbito penal y procesal penal.

HERNAN RUIZ BRAVO

(Abogado litigante)

Uno de los temas que se ha discutido desde la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, del 23 de noviembre de 2015 es, si era posible aplicar el principio o criterio de oportunidad en estos procesos de violencia familiar. A nivel de Ministerio Publico y también del Poder Judicial había posiciones a favor y otras en contra, no había uniformidad al respecto.


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La falta de uniformidad de criterios sobre la aplicación o no aplicación del principio de oportunidad en los delitos de violencia familiar había llevado a que determinados distritos judiciales convoquen a plenos jurisdiccionales distritales en el ámbito penal y procesal penal. Una muestra de ello es el pleno jurisdiccional de Arequipa del año 2018, donde somete a debate si es posible aceptar el principio de oportunidad, o criterio de oportunidad. Sin embargo, la posición que se adopto fue,  que el principio de oportunidad al tener su sede natural en diligencias preliminares corresponde asumir dicha postura al Ministerio Público y no al Poder Judicial. No solucionado nada.

Entonces, no quedaba Zanjada dicha problemática hasta el diez de septiembre de 2019, fecha en que se emite el acuerdo plenario 9-2019/CIJ/116, que tuvo como ponentes a las magistradas supremas Castañeda Otsu y Barrios Alvarado. Sin embargo, previo a desarrollar lo establecido en el acuerdo plenario, esto es, si procede o no aplicar el principio de oportunidad, conviene desarrollar algunas ideas sobre el principio o criterio de oportunidad.

El primer punto que interesa desarrollar es sobre los sistemas que contienen al principio o criterio de oportunidad, en el mundo jurídico existen dos sistemas, veamos: (a) abierto y (b) reglado. El primer sistema es propio del common law, en la figura del Plea bargaining norteamericano, que concede al fiscal la facultad de decidir qué casos lleva a juicio y cuales no, no interesa el tipo de delitos  o la gravedad de estos; en el sistema reglado que existe en los ordenamientos del civil law, como el nuestro, su aplicación es reducida, limitada o reglada para determinados delitos. Aquí el legislador determina los supuestos en los que procede aplicar, funciona como una excepción al principio de legalidad procesal.

El segundo punto a analizar es si la terminología es la apropiada “principio de oportunidad”, en nuestra posición no es la más correcta, creemos que el término debe ser criterio de oportunidad en vez de principio de oportunidad, y ¿Por qué? Porque su aplicación depende del criterio del fiscal previa verificación de los supuestos de procedencia previstos en el Art. 2° del Código Procesal Penal, esto es, su aplicación deriva de un verdadero principio denominado principio de discrecionalidad. Por ello, que debe ser denominado criterio de oportunidad.

En ese sentido, al criterio de oportunidad debemos entenderlo como un mecanismo de salida alternativa, como una excepción a un principio, que es el principio de legalidad procesal y como una excepción a la regla –evitar el ejercio la acción penal. Su escenario natural es las diligencias preliminares, pero no es la única porque el Código Procesal Penal reconoce que se puede instar a su aplicación en la etapa de investigación preparatoria formalizada y por último en el etapa intermedia (Art. 350° núm. 1.e).

Los supuestos para su aplicación están previstos en el Art. 2° del Código Procesal Penal y también en la Directiva 1245-2018 del Ministerio Publico. Veamos:

(a) Pena natural o falta de necesidad de pena. Supuesto puro de oportunidad, porque el imputado al someterse al criterio de oportunidad no tiene obligaciones que cumplir.  

(b) falta de merecimiento de pena. Delitos de Bagatela (escasa lesividad, mínima afectación al interés público),

(c) Mínima culpabilidad. Conforme a las circunstancias de hecho o condiciones personales del agente, concurran supuestos atenuantes de los Art. 14°,15°,16°,25°,46° del Código Penal, y se advierta que no existe un interés gravemente comprometido en su persecución. Sin embargo, no será posible cuando se trate de un delito con pena conminada con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por funcionario público en el ejercicio del cargo, y;

(d) los delitos previstos en los Art. 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E del Código Penal. Que son delitos ambientales.

GRAFICO 1: ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO Y AUDIENCIA ÚNICA DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN SEDE FISCAL

Fuente: Elaboración propia

Volviendo al tema, ¿procede la aplicación del principio de oportunidad en los delitos de violencia familiar? El acuerdo plenario 9-2019/CIJ/116 como habíamos mencionado ha tratado de zanjar esta problemática, y ha señalado que no es posible aplicar el criterio de oportunidad. Las razones que ha dado es, que en los delitos de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo familiar previstos en el Art. 122 numeral 3, literal c), d),e) y el  Art. 122-B se lesiona gravemente el interés público, que es uno de los supuestos de procedencia para la aplicación del criterio de oportunidad previsto en el Art. 2° del CPP.

Para determinar cuándo un delito lesiona gravemente el interés público el acuerdo plenario ha tratado de analizar el ámbito de protección y función del tipo penal concreto, con principal incidencia en:

 (a) el bien jurídico que se pretende tutelar, en los delitos de violencia familiar el bien jurídico que se protege es la integridad física y la salud de las mujeres e integrantes del grupo familiar, de manera concreta, el derecho a vivir libre de violencia


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(b) El interés del legislador en problemática social derivada del tipo, interés que ha sido mostrado por el legislador en las distintas modificaciones que sea realizado al Art. 122-B y la adiciones que se ha hecho al Art. 122 numeral 3, literal c), d),e).

 (c) Las exigencias de prevención general, sobre este punto no se desarrolla en el acuerdo plenario.

(d) Relevancia de la problemática desde la perspectiva internacional. Ello en atención que existe varios tratados orientados a erradicar la problemática de la violencia  contra la mujer y los integrantes del grupo familiar tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belem do Para, entre otras.

Grafico 2: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS PÚBLICO GRAVEMENTE AFECTADO

Finalmente, al no permitirse la aplicación del criterio de oportunidad así como también el acuerdo reparatorio, el camino que tienen los abogados defensores que patrocinen estos procesos tienen la posibilidad ateniendo al estadio procesal negociar si es que existen elementos de convicción en contra de su patrocinado(a) una terminación anticipada o una conformidad procesal o conclusión anticipada.