Elementos que debe contener la acusación fiscal [Casación N.° 247-2018, Áncash]

0
1650

Imputación clara y precisa – Contenido de las sentencias

Sumilla. 1. El apartado fáctico de la acusación fiscal, debe ser completo –incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del causado y específico -debe permitir conocer cuáles son las acciones que se consideran delictivas.. pero no exhaustivo. Así, no se requiere un relato minucioso y detallado, o pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias 

de investigación, y a los que la acusación se refiere con suficiente claridad. 2. El principio de preclusividad exige que cada acto o actividad procesal se realice dentro de la fase o periodo que tenga asignado, está dirigido a ordenar las actuaciones que se producen en el proceso y veda considerar cuestiones suscitadas fuera del momento y cause procesal oportunos. 3. Las sentencias que prevé el Código Procesal Penal son las de fondo, que agotan el objeto procesal. No se admiten sentencias procesales que clausuren el proceso o la instancia tras el juicio oral. Ello solo corresponderá en sede superior o suprema, mediante los respectivos recursos, y tendrá efectos meramente anulatorios y de retroacción de actuaciones, salvo, claro está, cuando se trate de supuestos de extinción de la acción penal (artículo 78 del Código Penal), en que el archivo del proceso es inevitable y declarable de oficio incluso por el juez de primera instancia. 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación interpuesto por el apoderado común de la actora civil, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUE, contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y seis, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas noventa y cuatro, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, absolvió a Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román 

Argandoña Gloria de la acusación fiscal formulada contra ellos por delitos de estafa y falsedad genérica en agravio de la Comunidad Campesina de Choque; con lo demás que al respecto contiene. FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que la señora Fiscal Provincial Penal Corporativa de Ocros – Ancash a fojas cuarenta y cinco formuló acusación contra Pablo Jaime Rojas Rocca, en calidad de autor, y Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria, en calidad de cómplices, por los delitos de estafa y de falsedad genérica en agravio de la Comunidad Campesina de Choque. El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Ocros mediante auto de fojas noventa y cuatro del cuadernillo, de seis de marzo de dos mil diecisiete, declaró tanto infundado el sobreseimiento solicitado por los imputados Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y estafa en agravio de la Comunidad Campesina de Choque, como la procedencia del juicio oral. El Juzgado Penal Unipersonal de Ocros, tras el juicio oral, público y contradictorio, con fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dictó la respectiva sentencia obrante de fojas noventa y cuatro, por la que absolvió de la 

acusación fiscal a Pablo Jaime Rojas Rocca, Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez. Shayla Eda Rocca Maldonado v Emilio Román Argandoña Gloria por los delitos de falsedad genérica y de estafa en agravio de la Comunidad Campesina de Choque 

SEGUNDO. Que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash emitió la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y seis, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Esta confirmó la sentencia de primera instancia de fojas noventa y cuatro, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Contra la referida sentencia de vista el apoderado común de la actora civil interpuso recurso de casación. 

TERCERO. Que los hechos objeto de imputación son los siguientes: A. El encausado Pablo Jaime Rojas Rocca, en su condición de presidente de la Comunidad Campesina de Choque, fue encomendado por la Asamblea Comunal para formar un Comité de Negociaciones y conducir las mismas con las empresas mineras que se encontraban haciendo trabajos concesionados en la Comunidad en el proyecto “María José”. 

B. El aludido Comité, presidido por el citado encausado e integrado por los demás imputados (Abednego Antonio Flores Ventocilla, Carlos Jara Pérez, Shayla Eda Rocca Maldonado y Emilio Román Argandoña Gloria), después de cuatro meses de negociaciones, con fecha veintiocho de junio de dos mil quince presentó a la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad a la Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta empresa para ese entonces no tenía concesión como titular acreditada ante la Comunidad, pese a lo cual y a sabiendas de que dicha empresa no tenía titularidad alguna, los imputados Rojas Rocca, Flores Ventocilla, Jara Pérez, Rocca Maldonado y Argandoña Gloria hicieron todo lo posible para inducir a error, mantener en engaño a los miembros de la Comunidad Campesina de Choque y perjudicar a esta última. Con este propósito presentaron a los comuneros de Choque un proyecto de contrato a favor de la referida persona jurídica, Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada, por el que se arrendaba para uso minero los terrenos comunales. Los encausados, en efecto, bajo ardid y engaño, lograron que se apruebe el proyecto de contrato a favor de la mencionada empresa. Posteriormente, los mismos imputados convocaron a una Asamblea General Extraordinaria, el día nueve de agosto de dos mil quince, con la finalidad de insistir en la autorización para la celebración del contrato con la Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. En la mencionada asamblea se acordó suscribir los respectivos contratos, y por amplia mayoría se estableció que la Presidencia o la Junta Directiva formule los acuerdos con las empresas mineras en el límite de sus concesiones, a fin de que la Comunidad tenga mayores beneficios Los cinco acusados, entonces, convocaron a la Empresa Minera Castor Sociedad Anónima Cerrada, que poseía las concesiones del proyecto minero «María José», para suscribir y firmar la minuta ordenada por la asamblea realizada el día nueve de agosto de dos mil quince, en acto público y en presencia del Juez de Paz, del Fiscal de la Comunidad y de los Tenientes Gobernadores de Choque y Churlín, así como de un representante del Ministerio de Energía y Minas; hecho que se concretó con la firma del convenio de usufructo y servidumbre a favor de la Empresa Minera Castor Sociedad Anónima Cerrada de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince. E. Con posterioridad, los nombrados acusados, en la Asamblea General Extraordinaria de fecha treinta de agosto de dos mil quince, a pesar de que ya se había suscrito un contrato en acto público con la indicada empresa minera, sustentaron otra propuesta económica que favorecía a la Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo el argumento de que era favorable para la Comunidad agraviada. Los acusados en una nueva Asamblea General Extraordinaria del veintisiete de septiembre de dos mil quince fijaron como agenda un remate de los Iontenus de la comunidad a cambio de un convenio de usufructo por regalías minem, pese a que ya existía un contrato de usufructo. Los acusados, en su función de Concejo Directivo, aparecieron en esta asamblea acompañados de llow uliopntos del Estudio “Osterling» e indujeron en error a la masa comunal rul el sentido de que había una mejor propuesta de la Empresa Minera l’omataren Sociedad de Responsabilidad Limitada. La realización de la bleu fue un acto simulado, una mera formalidad, ya que se tenía listo el rato señalado. La asamblea no se llevó a cabo en la comunidad de (hoque, sino en el Anexo de Churlin; además, hicieron firmar el acta a muchos comuneros que no aparecieron en esa asamblea y numerosos comuneros presentes no firmaron el acta; de igual manera, se firmaron dos aelus, una en blanco y otra a computadora, alterando la verdad y engañando a los comuneros.

6. Acto seguido los acusados fueron a diferentes domicilios para hacer firmar el meta a los comuneros argumentando falsamente que había un conflicto judicial con la Comunidad de Ocros sobre usurpación de terrenos y que necesitaban esa firma para poder presentar una acción judicial contra la mencionada comunidad. En verdad se hizo firinar el acta de fecha veintisiete de septiembre de dos mil quince para favorecer a la Empresa Minera Pomatarea Sociedad de Responsabilidad Limitada. El acta se fraguó -no fue jeala muchos comuneros no sabían de lo ocurrido e incluso algunos se Retiraron sin firmarla.

11. Ista última acta fue presentada por los acusados, en el instrumento público notarial número mil trescientos cinco realizado en la Notaría Magan de Chimbote, para ser inscrita en los Registros Públicos. El indicado acto registral, empero, fue tachado y observado por tratarse de actas no reales y que no reflejaban la realidad de lo sucedido. 

CUARTO. Que el apoderado común de la actora civil en su recurso de casación de fojas ciento ochenta y nueve, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, invocó como motivos de casación: quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación, en los términos del artículo 429, incisos 2 y 4, del Código Procesal Penal. 

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas doscientos sesenta y nueve, de uno de junio de dos mil dieciocho, del cuadernillo formado en esta sede suprema, declaró bien concedido el citado recurso, por las causales de quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación. El apoderado común de la actora civil alegó que se contravino el artículo 398 del Código Procesal Penal, que regula los supuestos que permiten una sentencia absolutoria, así como la defectuosa motivación de la sentencia de vista al justificar la absolución en función al principio de imputación necesaria, no previsto para dictar sentencia absolutoria. Como interés casacional excepcional entimió que el artículo 398 del Código Procesal Penal es el que fija los supuestos porn una absolución, en cuyo ámbito no se encuentra la presunta vulneración del principio de imputación suficiente. Agregó que, en el caso de autos, no se tomó cu cuenta los elementos de prueba para dictar sentencia sobre la realidad del Jiecho objeto del proceso penal, y que solo se realizó un análisis del aspecto fornal del juicio de imputación. 

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la audiencia de casación el día ocho de noviembre del presente año, ésta se realizó con la concurrencia del apoderado común de la parte recurrente, Doctor Francisco Álvarez Dávila, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, Doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente. 

SÉPTIMO. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día, de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordo por unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha. 

(…)

Descarga el PDF completo aquí