¿En qué consiste el cómputo de la notificación electrónica? [Casación N° 3450-2017, Junín]

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CASACIÓN N° 3450-2017, JUNÍN

contra Manuel Nicolás Bernal Oviedo y su cónyuge, personas que  vendieron el bien materia de litis al demandante Carrión Automotriz  S.A.

8. CASACIÓN: La Suprema Sala mediante la resolución de  fecha once de septiembre de dos mil diecisiete ha declarado  procedente el recurso de casación interpuesto por los demandados,  por: i) Infracción normativa de los artículos 188, 192 inciso 3 y  198 del Código Procesal Civil; ii) Infracción normativa de los  artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; iii)  Infracción normativa del artículo 907 del Código Civil; iv)  Infracción normativa de los artículos 896, 897, 905, 920 y 923  del Código Civil y de la Ley Nº 24561, del veintitrés de octubre  de mil novecientos ochenta y seis; y v) Infracción normativa  consistente en la inaplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica  del Poder Judicial y de los artículos 51, 70 y 73 de la  Constitución Política del Estado, al haber sido expuestas las  referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose  además la incidencia de ellas en la decisión impugnada.

III.  FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA

Primero.- Es  menester precisar que el recurso de casación es un medio de  impugnación extraordinario que permite ejercer el control de las  decisiones jurisdiccionales, con la finalidad de garantizar la correcta  aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la  jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia; así como,  determinar si en dichas decisiones se ha infringido o no las normas  que garantizan el debido proceso, traducido en el respeto de los  principios que lo regulan.

Segundo.- Resulta pertinente acotar que  la presente acción es sobre interdicto de recobrar o conocido  también por la doctrina como despojo, tiene por objeto obtener la  restitución de la posesión o tenencia de una cosa. Esta acción  protege el hecho de la posesión; y procede cuando los actos  perturbadores o turbadores materializan el despojo de la posesión  o tenencia legítima de bien, total o parcial del in mueble y en la  sentencia se debe ordenar que se restituya la posesión o tenencia  de la cosa. Consecuentemente, mediante el interdicto de recobrar  se busca recuperar la posesión de quien haya sido des pojado de la  posesión o tenencia de la cosa con violencia o clandestinidad, más  no así se busca recuperar la propiedad o declarar la propiedad de  alguien, sien do su objeto restablecer el orden alterado retrotrayendo  las cosas a su estado anterior al acto despojante.

Tercero.- En ese  sentido y de acuerdo a lo actuado en los presentes autos, de la  impugnada se aprecia que el Ad quem ha analizado cada una de las  pruebas ofrecidas por las partes procesales, conforme se aprecia  de los numerales once a dieciséis de la sentencia de vista acotada,  y respecto al argumento que el Colegiado Superior no se ha  pronunciado sobre el medio probatorio consistente en el acta de  entrega de posesión de inmueble de fecha quince de noviembre de  dos mil once, siendo que el referido medio de prueba no ha sido  admitido mediante resolución numero ciento seis, por consiguiente  no era pertinente valorar su mérito probatorio, desvirtuándose así  las alegaciones formuladas por el impugnante; además la Sala  Superior ha realizado un análisis lógico y razonado de todas las  pruebas aportadas a fi n de llegar a la conclusión de confirmar la  sentencia apelada, puesto que también ha tenido en cuenta lo  referido por los impugnantes en cuanto a la existencia del proceso  de mejor derecho de propiedad y reivindicación, donde también se  viene discutiendo la entrega de la posesión del bien materia de litis  y acreditándose en el referido proceso que la demandada Colegio  Nacional Leoncio Prado antes de los hechos no estuvo en posesión  del bien sub litis, motivo por el cual los impugnantes han formulado  la demanda de mejor derecho de propiedad y reivindicación contra  Manuel Nicolás Bernal Oviedo y María Luisa Urbano de Bernal,  personas que vendieron el bien materia de litis al demandante y  transfirieron la posesión al accionante, lo cual, conforme se halla  indicado en el fundamento vigésimo de la sentencia del proceso  sobre mejor derecho de propiedad y reivindicación “…estando a la  información proporcionada por los demandados que los  demandantes han tomado de manera violenta la posesión del  inmueble, es decir, que en la actualidad quienes ostentan la  posesión del inmueble es la parte demandante, y teniendo en  cuenta que la acción reivindicatoria es ejercida por el propietario  que no tiene la posesión del bien, y en el presente caso el  accionante ha recuperado la posesión de su propiedad; su  pretensión es improcedente…”; consecuentemente, la Sala Superior  ha cumplido con valorar todas la pruebas admitidas en autos, así  como motivar debidamente su decisión, por lo cual, no se verifi ca  vulneración alguna a los artículos 188, 192 inciso 3 y 198 del Código  Procesal Civil, así como tampoco de los artículos 7 y 12 de la Ley  Orgánica del Poder Judicial; debiendo por tanto rechazarse dichas  infracciones propuestas y analizadas.

Cuarto.- Ahora bien, respecto  a que supuestamente se habría contravenido los artículos 896, 897,  905, 907, 920 y 923 del Código Civil y de la Ley Nº 24561, dichos  artículos están relacionados con los atributos que goza todo  propietario, atributos éstos que no se encuentran en discusión en  autos, o las clases de posesión, como son la posesión mediata o el  servidor de la posesión, los cuales tampoco han sido materia de  cuestión en autos, siendo que en el presente proceso se busca  probar si la posesión del inmueble sub litis la tenía el demandante  antes del presunto despojo suscitado el veintitrés de noviembre de  dos mil once, y no se discute quién es el propietario o quién tiene el  mejor derecho a la propiedad, más aún si conforme a la sentencia  expedida en el proceso de mejor derecho a la propiedad ya el juez  ha declarado que el impugnante tiene el mejor derecho a la  propiedad con respecto a Manuel Nicolás Bernal Oviedo y María  Luisa Urbano de Bernal; además, en autos tampoco es necesario  acreditar si la posesión fue de buena o de mala fe; y por último,  mediante la Ley Nº 24561 se dispuso restitución a favor del Colegio  Nacional “Leoncio Prado” de Huánuco, el usufructo y administración  de los bienes urbanos que le fueran adjudicados por donación de  personas naturales o jurídicas, y que eran administrados por la  Dirección Departamental de Educación de Huánuco, es decir,  mediante dicha Ley se dispuso sobre la administración de los  bienes del referido Colegio, hecho que no es materia de litis en  autos; por consiguiente, no se verifi ca que se haya vulnerado o  contravenido las precitadas normas analizadas.

Quinto.- Además,  en relación a la inaplicación del artículo 14 de la Ley Orgánica del  Poder Judicial y de los artículos 51, 70 y 73 de la Constitución  Política del Estado, si bien los bienes del estado son inalienables e  imprescriptibles, se debe tener presente que en autos no se discute  la propiedad, además tampoco se ha acreditado que el bien materia  de litis es de propiedad del Estado y por consiguiente de uso  público, y si fuere el caso que el inmueble materia del proceso  estaba destinado para local escolar, ello se hubiese dejado  constancia en el acta de constatación y verificación del fiscal, hecho  que no ha ocurrido, por tanto, no se puede aducir que con la  sentencia impugnada se haya contravenido los referidos artículos.

Sexto.- A mayor abundamiento, de autos se verifica que obra la  sentencia del proceso sobre mejor derecho a la propiedad,  expediente N.º 143-2001, de fecha cinco de enero del presente año,  siendo que en el considerando vigésimo tercero se precisó que “la  empresa Carrión Automotriz S.A. (demandante en autos) como  legítimo propietario ha adquirido el inmueble materia de litis y  habiendo inscrito su derecho adquirido en la partida N.º 02006302  de los Registros de Propiedad Inmueble de Huánuco, (…), por lo  que habría adquirido de buena fe, siendo así, su adquisición debe  ser mantenida conforme a ley aunque se anule o se resuelva el del  otorgado por virtud de causas que no consten en el mismo registro;  al respecto corresponde precisar que el presente proceso versa  sobre mejor derecho de propiedad sobre el bien inmueble ubicado  en los Jirones Bolívar números 260 y 264 y San Cristóbal número  135, que tanto el demandante Colegio Nacional Leoncio Prado y los  demandados Bernal Oviedo Nicolás y María Luisa Urbano de  Bernal han sostenido tener derecho de propiedad; más no es  materia de discusión si los posteriores propietarios del bien sub litis,  han adquirido de buena fe o no, porque su adquisición ha sido con  posteridad a la presentación de la demanda, siendo así, se deja a  salvo su derecho para que lo haga valer conforme corresponda”.  Por consiguiente, los alcances de la referida sentencia tampoco le  son aplicables al actor.

Séptimo.- Consecuentemente, se colige de  autos que hasta el veintitrés de noviembre de dos mil once el  demandante estuvo en posesión del bien materia de litis y que la  posesión de manera violenta les fue arrebatada por los emplazados  después de dicha fecha, por lo que se ha confi gurado el supuesto  del interdicto de recobrar al haberse producido el despojo de la  posesión que ejercían los demandantes a partir de la conducta de  los demandados; y en vista que se han absuelto las infracciones  denunciadas por el casante, las cuales no logran cambiar el sentido  de la decisión; los Jueces Supremos integrantes de la Sala Suprema  Civil Permanente consideran que el presente recurso extraordinario  de casación deviene en infundado.

IV. DECISIÓN Por estas  consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del Código  Procesal Civil, declararon:

a) INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la Institución Educativa Gran Unidad Escolar  Leoncio Prado de Huánuco y la Junta de Administración Bienes  Inmuebles del Colegio Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de  Huánuco; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de  fecha catorce de junio de dos mil diecisiete.

(…)

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