¿En qué consiste el Principio de Independencia Judicial según el TC? [Expediente 0023-2003-AI/TC]

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En qué consiste el Principio de Independencia Judicial según el TC

EXP. N.O 0023-2003-AIITC 
LIMA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ASUNTO 

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los artículos II y III del Título Preliminar del Decreto N.o Ley 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar; el primer y segundo párrafo del artículo 374°; el cuarto y quinto párrafo del artículo 375°, y los artículos 269°, 378° y 387° del Decreto Ley N. o 23214, Código de Justicia Militar; la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.o 27860, del Ministerio de Defensa, en la parte referida al Consejo Supremo de Justicia Militar; así como el segundo y último párrafo del artículo 6°, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 7°, el segundo párrafo del artículo 8°, los incisos 1), 6) 14), 15),19) Y 20) del artículo 12°, el inciso 2) del artículo 14°, el primer y segundo párrafo del artículo 22°, el primer y tercer párrafo del artículo 23 0, el segundo, cuarto y quinto párrafo del artículo 31 0, el segundo párrafo del artículo 32°, los literales a), b) y c) del artículo 65°, el segundo párrafo del artículo 75° y los artículos 15°,38°, 62°, 63°,65°,66°, 67°, 69° y 81 ° de la mencionada Ley Orgánica de la Justicia Militar.

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FUNDAMENTOS RELEVANTES 

3.La demandante ha planteado, fundamentalmente, los siguientes argumentos:

a) Que la configuración actual de la jurisdicción militar, delimitada por las cuestionadas leyes, vulnera principios de la Administración de Justicia tales como la unidad, independencia, imparcialidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, así como los derechos de los efectivos militares a acceder y ser juzgados por tribunales imparciales e in ependientes, y de defensa. 

b) Que determinados artículos de la LOJM y CJM vulneran la autonomía e independencia del Misterio Público, por establecer, entre otras cosas, un órgano propio a cargo de la titularidad de la acción penal y permitir que los fiscales militares tengan grado jerárquico. 

c) Que el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar de la LOJM vulnera el marco constitucional que legitima el recurso al Derecho penal, aduciendo que la «moralidad», «orden» y «disciplina» no pueden ser la fuente de donde se deriven los objetos de protección penal.

d) Que el artículo 269° del CJM, que sanciona al militar que practique actos deshonestos o contra natura con persona del mismo sexo, dentro o fuera del local militar, vulnera el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio de dignidad de la persona y la cláusula de igualdad. 

§4. El Estado social y democrático de Derecho, el principio de separación de poderes y la jurisdicción militar 

4. La doctrina de la separación de poderes, que fue esbozada por John Locke, expuesta por Carlos de Secondat barón de Montesquieu y la Brede, y complementada en el siglo XX por Karl Loewenstein, tiene por esencia evitar, entre otras cosas, que quien ejerza funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional, y con ello se desconocer los derechos y las libertades fundamentales.

Al respecto, Montesquieu, en su obra «El Espíritu de las Leyes» sostuvo que: «No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones judiciales y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares».

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5. La existencia de este sistema de equilibrio y de distribución de poderes, con todos los matices y correcciones que impone la sociedad actual, sigue constituyendo, en su idea central, una exigencia ineludible en todo Estado Democrático y Social de Derecho. La separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos onstitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura. 

11. A la luz de lo expuesto, la función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin Lf primario del Estado consistente en dirimir los conflictos interindividuales. En efecto, a?te el impedimento de hacerse justicia por propia mano (salvo en los casos de legítima efensa o de derecho de retención), es el Estado el encargado de resolver las ontroversias legales que surgen entre los hombres. En dicho contexto, el justiciable tiene la facultad de recurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado para ejecutar una acción, a lo que corresponde como correlato la jurisdicción, que es, además, un poderdeber.

12. s evidente que la jurisdicción corresponde a la soberanía del Estado, y que se ejerce a través del órgano jurisdiccional, el cual será el competente para resolver los conflictos que se susciten entre los particulares, mediante la aplicación de la ley. 

14. El ejercicio de la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios e intereses legítimos; la sanción de los actos delictivos; el control difuso de la constitucionalidad; y el control de la legalidad de los actos administrativos. 

[Continúa…]

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