¿Es constitucional la retención policial por violar la cuarentena?

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¿Es constitucional la retención policial por violar la cuarentena?

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Normativa ha generado polémica entre los entendidos en Derecho Penal.

El artículo 7 del Decreto Supremo 008-2021-PCM, publicado el 27 de enero de 2021, que reforma el artículo 4.5 del DS 184-2020-PCM, dispone la implementación de centros de “retención temporal” para la identificación de los intervenidos por i) infringir reglas sanitarias y ii) reglas de inmovilización social obligatoria, y señala que:

“4.5 Impleméntense los centros de retención temporal, para efectos de la identificación de los intervenidos por infringir las reglas sanitarias y la inmovilización social obligatoria, salvo que se trate de asuntos de relevancia penal, supuestos en los cuales se aplica la ley de la materia. Estos centros estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con los gobiernos locales y regionales, quienes dispondrán de los locales con carácter temporal, debidamente habilitados; asimismo, en estos centros se contará con la participación del personal del Ministerio de Salud, para el triaje y descarte correspondiente.

Durante la inmovilización social obligatoria, las personas que incumplan las medidas sanitarias y las establecidas en virtud al Estado de Emergencia Nacional, serán intervenidas y conducidas por la Policía Nacional del Perú y/o por las Fuerzas Armadas, a los centros de retención temporal. Los infractores no pueden permanecer en estos centros por más de cuatro (04) horas”.

Sin embargo, para el abogado Benji Espinoza esta normativa presenta algunos problemas:

1. Se trata de una normativa inconstitucional, ya que únicamente se puede establecer restricciones a los derechos constitucionales (circulación o tránsito) en la medida que se establezca de una norma con rango de ley.

2. Es una afectación al principio de legalidad sancionadora, la normativa establece una reacción ambigua, ya que las personas serán retenidas por cuatro horas para ser identificadas como consecuencia de infringir las reglas de inmovilización; sin embargo no se precisa que se ha retenido por identificación sino por sanción.

3. No se respeta el principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe imperar y no se deroga en un estado de excepción como en el que nos encontramos.