¿ES CONSTITUCIONAL LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES EN MEDIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL BROTE DEL COVID-19?

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Emmanuel Alejandro Pacsi Cornejo

I. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto abordar una de las discusiones que se ha generado en los últimos días, a razón de una medida adoptada por el Estado Peruano para mitigar los efectos del impacto económico traído consigo como consecuencia del aislamiento social obligatorio a propósito del brote del Covid-19 en nuestro país. En específico, nos estamos refiriendo al Decreto de Urgencia Nº 038-2020 – Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas,el mismo que, a través de su artículo 3º, faculta a los empleadores a que puedan optar por la suspensión perfecta de labores cuando no se pueda aplicar la modalidad de trabajo remoto o la licencia con goce de haber.

Aunque parezca increíble, esta medida ha generado gran discusión sobre todo desde algunos sectores que postulan que se debería mantener la suspensión imperfecta para salvaguardar las necesidades de la población trabajadora, persiguiendo que los empleadores deberían seguir pagando de todos modos remuneraciones a los trabajadores aun cuando éstos no estén acudiendo a sus puestos de trabajo.

Queda claro que, si viviéramos en un mundo ideal éste postulado sería grandioso ya que nos ahorraría muchos problemas a la población evitando el padecimiento producto de la destrucción económica que se está derivando de esta emergencia sanitaria. No obstante, la realidad resulta ser evidentemente distinta y mucho más cruel de la que pretender dejar ver los defensores del postulado anterior.

Por ello, a lo largo del presente, me centraré en dar razones que justifiquen la adopción de la suspensión perfecta, postulándolo, desde un punto de vista constitucional, como una medida tendiente a tutelar el derecho a la libertad de empresa, y desde luego, el derecho al trabajo, en lugar de entenderla contrario al último en mención.

II. Crisis económica del empleador por falta de producción

Para nadie es desconocido que la empresa, como unidad organizada, ocupa un lugar fundamental dentro del desarrollo de la sociedad, pues, no solo permite su crecimiento económico, sino también la satisfacción de las diversas necesidades humanas que se presentan, a través de la prestación de los diversos productos y/o servicios que brinda; y en ese sentido, la labor que desempeñan los trabajadores dentro la misma es justamente la de producción de tales productos y/o servicios -valga la redundancia- a cambio de una contraprestación económica, pues, como bien desarrolla la doctrina y la legislación, la existencia de un vínculo laboral queda supeditado a la existencia de una prestación de servicios remunerada y subordinada.

En ese sentido, pese a que materialmente sea el empleador el que realiza el pago de las remuneraciones al trabajador, esto solo ocurre como un hecho figurativo, pues en la verdad económica lo cierto es que quien se encuentra detrás del pago que realiza el empleador es la productividad que tiene la empresa -claro está que está se realiza con la intervención del trabajador-, y esa productividad queda a su vez condicionada a la relación proveedor-consumidor; siendo en este punto donde actualmente se genera el problema central de las empresas, ya que, al no haber productividad por el aislamiento social obligatorio en el cual las personas no están yendo a consumir productos o servicios, salvo por las excepciones del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, no hay la posibilidad de generar ingresos económicos, y al no haber tal posibilidad, algunas empresas no encuentran suficiente capital como para pagar a los trabajadores por una prestación personal no brindada por razón del aislamiento.

Por tanto, el exigir el pago de las remuneraciones del trabajador a la empresa que no tiene productividad durante el desarrollo del aislamiento social obligatorio, sería visto como un acto caritativo por parte de la última en mención, pues, por un lado, al no existir una prestación personal del trabajador no habría lugar a una contraprestación económica, y por otro lado, al no haber productividad, el empleador tendría que asumir el pago con recursos que no posee dentro de la empresa, teniendo que recurrir a su patrimonio personal, el de su familia o a un préstamo bancario, endeudándose, para lograr cumplir tal imposición. Este hecho, sin duda, coloca a la empresa en serios problemas económicos que tranquilamente podrían ameritar una declaración de quiebra y posible cierre del negocio, convirtiéndose esta emergencia sanitaria, luego de los dos meses dispuestos hasta el momento, en una pandemia de desempleo, ya que, los puestos de trabajo podrían ya no encontrarse ante un inminente cierre.

Si bien, no podemos negar que existen empresas con grandes inversiones económicas que pueden hacer frente a esta situación, no significa que representen una gran mayoría, toda vez que, en nuestro país, son más las pequeñas y medianas empresas a las cuales no se les podría obligar hacer frente a tal obligación, cuando no tienen tal capacidad, pues, ello representaría la destrucción de puestos de trabajo.

III. Derecho al trabajo

Expuesto el panorama de las empresas por la falta de producción en que se encuentran durante el desarrollo del aislamiento social obligación, empezaremos con el análisis sobre el contenido esencial del derecho al trabajo, el cual se encuentra consagrado por el artículo 22° de la Constitución Política del Estado, y que el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias que forman parte de nuestra jurisprudencia constitucional, ha desarrollado desde sus dos aspectos fundamentales; por una parte, el de acceder a un puesto de trabajo, y por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, implicando la satisfacción de este aspecto un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por causa justa (Cfr. STC. Nº 1124-2001-AA/TC, FJ. 12).

Así tenemos que, en el medio de estos aspectos de este derecho social, en el caso específico de esta emergencia sanitaria, se ubicaría la obligación excepcional del Estado de adoptar políticas públicas orientadas a la conservación del puesto de trabajo, es decir, a buscar los medios posibles para lograr que el trabajador, luego del aislamiento social obligatorio, pueda aún contar con el puesto laboral que tenía previo al inicio de la aludida medida. Entendiendo este aspecto excepcional en el medio de los otros dos ya desarrollados por el TC, en razón a que, por un lado, si el primer aspecto de acceso a un puesto de trabajo busca que el Estado adopte políticas para que la población pueda acceder a un puesto de trabajo, es decir, generar más puestos laborales, sería contraproducente que sea el mismo el que permita la reducción de los aludidos puestos por el impacto económico; y por otro lado, si el segundo aspecto proscribe todo tipo de despido injusto, sería contraproducente al mismo que se deje al trabajador sin su puesto de trabajo por la simple causa que el impacto económico dio un duro golpe a su empleadora favoreciendo su declaración de quiebra, dejándolo igualmente sin su puesto de trabajo por causas ajenas a éste.

IV. Derecho a la libertad de empresa

Por su parte, también es preciso desarrollar el derecho a la libertad de empresa, el cual tampoco ha estado ajeno a la jurisprudencia del Supremo Interprete de la Constitución, quien ha sostenido que el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, que se encuentra consagrado en el artículo 59° de la Constitución, está garantizado no sólo para crear empresas (libertad de fundación de una empresa), y por tanto, para actuar en el mercado (libertad de acceso al mercado), sino también para establecer los principios objetivos de la empresa (libertad de organización del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección a la empresa) en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, así como la libertad de cesación o de salida del mercado. En cuenta, la Constitución a través del derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad empresarial en condiciones de libertad; así como la actuación, ejercicio o permanencia, en condiciones de igualdad, de la actividad empresarial y los agentes económicos en el mercado y la protección de la existencia de la empresa (Cfr. STC N° 03116-2009-PA/TC, 00032-2010-PI/TC y 01405-2010-PA/TC, entre otras).

En consecuencia, queda claro que, desde un punto de vista constitucional, el Estado también tiene la obligación de garantizar la protección de la existencia de la actividad empresarial, no solo por representar una forma de crecimiento económico de la Nación, sino también porque detrás de la actividad empresarial, se encuentra el sustento diario de un indeterminado número de personas.

V. Suspensión perfecta como una forma de protección al derecho al trabajo y la libertad de empresa

Es pues, en este escenario, que la suspensión perfecta de labores por la cual se suspende temporalmente la obligación del trabajador de prestar servicios y del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral, esto según el artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; se presenta como la medida más idónea para soportar la crisis económica empresarial por falta de productividad, pues, para nadie es ajeno que el brote del Covid-19, y consecuentemente, el aislamiento social que se adoptó como medida para mitigarlo, ha significado un claro hecho de fuerza mayor que ha impedido que se siga llevando a cabo el normal desenvolvimiento de las prestaciones personales de los trabajadores, y asimismo, la adquisición de ciertos productos o servicios en la relación proveedor-consumir.

Frente a ello, el Decreto de Urgencia N° 38-2020, en específico, su artículo 3°, que posibilidad la facultad excepcional del empleador para aplicar la suspensión perfecta de labores cuando no exista la posibilidad de emplear la modalidad de trabajo remoto o de aplicar la licencia con goce de haber; se plantea como una salida optima al entrampamiento económico propuesto, y con ello, se estaría cumpliendo la tutela de los fines constitucionales anteriormente desarrollados; pues, en primer lugar, busca garantizar la supervivencia de la empresa durante el periodo de falta de productividad, al no obligarla a asumir un gasto que no puede afrontar, como es el caso de las remuneraciones de los trabajadores al no tener ingresos, tutelando el derecho a la libertad de empresa, en específico la protección de la existencia de la empresa; y en segundo lugar, garantiza la posibilidad de que el trabajador, luego del aislamiento social obligatorio, aún pueda contar con su puesto de trabajo, ello en tutela del derecho al trabajo propiamente dicho, y no así, encontrarse con puestos de empleo destruidos por la crisis económica.

Y si bien cierto sector plantea la hipótesis que la suspensión perfecta favorece el despido masivo de trabajadores, esto puede negarle con facilidad concibiendo claramente lo que significa en sí una suspensión perfecta de labores, que no es más que una suspensión temporal del contrato de trabajo, por ende, es así que el trabajador tiene la posibilidad de retomar sus labores luego de la emergencia sanitaria, ya que, en caso de no poderlo hacer, ya no nos encontraríamos bajo un supuesto de suspensión perfecta, sino más bien bajo un supuesto de despido sin causa justa, el cual es objeto de restricción por el propio derecho al trabajo.

VI. Conclusiones

En ese orden de ideas, queda claro que la suspensión perfecta de labores tiene un respaldo constitucional en la defensa de los derechos a la libertad de empresa y al trabajo, sobre todo, si tiene en cuenta la falta de productividad del sector empresarial por causa del aislamiento social obligatorio. No obstante, si bien el empleo de esta medida significará un cese de ingresos para el trabajador durante la emergencia sanitaria, esto tiene que ser objeto de otro tipo de medidas por parte del Ejecutivo, pues, si seguiríamos aplicando la idea de una suspensión imperfecta, un posible panorama con el que nos podríamos encontrar después del aislamiento social sería un problema de desempleo a grandes escalas, lo que sería un duro golpe a la económica de un gran sector de la población peruana, quienes requieren de su puestos de trabajo para garantizar su supervivencia y la de su familia, y en sí al propio Estado que encontraría ciertos límites de desarrollo por falta de inversión privada y hasta por la misma falta de recaudación fiscal.    

VII. Referencias Bibliográficas

1.- Constitución Política del Estado.

2.- Decreto de Urgencia Nº 038-2020 – Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas.

3.- Decreto Supremo Nº 003-97-TR – Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

4.- STC. N° 00032-2010-PI/TC

5.- STC. N° 01405-2010-PA/TC

6.- STC N° 03116-2009-PA/TC

7.- STC. Nº 1124-2001-AA/TC

[*] Abogado por la Universidad José Carlos Mariátegui. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Privada de Tacna. Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Estudios especializados en las materias de Derecho Constitucional y Derecho de Familia. Servidor Público de la Corte Superior de la Justicia de Moquegua.