¿ES LO MISMO UN LOCADOR DE SERVICIOS QUE UN TRABAJADOR?

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Por: Alonso Miguel Puma Muñoz

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por unanimidad el proyecto de ley No. 5039/2020-CR, del grupo parlamentario Frente Popular Agrícola Fía del Perú – FREPAP, la que se denomina “Ley de protección al trabajador frente a despidos durante la declaratoria de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”, que propone proteger al trabajador frente a despidos durante la emergencia sanitaria por la covid-19 y hasta 30 días después de levantado el estado de excepción, incluye a los trabajadores sujetos a la actividad pública y privada, así como a los que se encuentran en las modalidades de CAS y locación de servicios.

No dudo que tanto el grupo parlamentario mencionado y la comisión ad hoc tienen la buena voluntad de proteger a los trabajadores. Sin embargo, no se pueden confundir conceptos y aglutinar instituciones que tienen sus propios elementos y efectos. Desde el nombre del proyecto de Ley.

Como parte de los fundamentos del proyecto de ley aprobado, en sus fundamentos señala que; en relación a la situación de informalidad laboral nos referimos a los locadores de servicios, que son personas que realizan labores subordinadas y dependientes, pero no están registradas en planillas en ningún régimen laboral, por lo que no tienen derechos ni beneficios laborales mínimos, como vacaciones, seguridad social en salud y pensiones, gratificaciones, bonificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), etc.

En principio, el contrato por locación de servicios no tiene las mismas características que un contrato laboral. Los contratos de locación de servicios se rigen por las normas del Código Civil, los contratos laborales se rigen por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por el Decreto Supremo No. 003-97-TR (régimen general), y las normas previstas para el régimen especial.

Un elemento esencial de la relación laboral es la subordinación, la que se define como un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, por el cual el primero le ofrece su actividad y le confiere el poder de conducirla al segundo (Sujeción de un lado y dirección del otro). En la prestación de servicios reguladas por el derecho civil o mercantil existe autonomía (contratos de locación de servicios y obra).

Sumado que, en las relaciones laborales existe lo que se denomina “pisos mínimos”. Es decir, no se podrá pactar derechos por debajo a los ya reconocidos en la constitución o leyes. Por ejemplo, no se podrá pactar una remuneración por debajo del mínimo vital, que no se aporte a la AFP u ONP, o no asegurar al trabajador en algún sistema de salud estatal o privado, entre otros. En un contrato de locación de servicios no se goza con tales beneficios por su misma naturaleza.

Así también, no se debe soslayar el artículo 62° de la Constitución Política el cual prevé que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente las normas vigentes al tiempo del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Parece que además de los argumentos expuestos, el proyecto comentado no tiene en consideración la norma de rango constitucional.

Sin embargo, aún se podrá enmendar el error al ser debatido en el congreso de la república, entiendo la buena voluntad de querer apoyar a los trabajadores, pero no se puede desconocer nuestro ordenamiento jurídico. Esta pandemia nos muestra la deficiencia de todo el aparato estatal, la vulneración de derechos que se han dado y aún se realizan.

En tanto, espero que los funcionarios públicos, técnicos y asesores al momento de postular al cargo tengan en cuenta lo señalado por Sócrates; “Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que el segundo es caduco”. Así tendremos realmente personas que quieran servir a la sociedad.