¿Es necesario una cuarentena estratégica a raíz del DS 094-2020-PCM (nueva convivencia y estado de emergencia), en contraste a los factores sociales?

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Por: Víctor Esteban Cuaresma Palacios

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la “Universidad Nacional San Luis Gonzaga” de Ica.

Sumario: 1. Introducción, 2. Alcances del DS 094-2020-PCM, 3. Factores que inciden en la realidad social, 4. La posibilidad de una cuarentena estratégica, 5. Conclusiones.

1. Introducción

La agresividad de la Covid-19 a nivel mundial bordea los cerca de 6 millones de contagios y más de 360 mil personas fallecidas, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins[1].

En Perú, a más de 70 días de una “cuarentena estricta”, bordea los 150 mil contagios y más de 4 mil fallecidos[2]. Esto nos ubica como el segundo país de Latinoamérica con más contagios de la Covid-19. En comparación a otros países de la región que establecieron una cuarentena tardía y flexible, con excepción de Brasil, resulta una paradoja la situación de nuestro país, pues, la pandemia ha desnudado nuestra fragilidad de salud pública, económica y social.

2. Alcances del DS 094-2020-PCM

En este contexto, el día 23 de mayo de 2020 se publicó el DS 094-2020-PCM, que extiende el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio del año en curso. Asimismo, se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. También, se autorizó el retorno de ciertas actividades económicas comprendidas en el anexo del decreto. Las mismas que deben funcionar por delivery y los servicios técnicos – profesionales deberán prestarse a domicilio.

Las actividades autorizadas, todas sin excepción, deberán cumplir con las normas sanitarias que emita la Autoridad Nacional de Salud; es decir de acuerdo a los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, contenidos en la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, el mismo que es el protocolo general para todas las actividades productivas. También, deberán considerar los protocolos sanitarios que apruebe cada Sector competente, a fin de elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud (MINSA), donde se podrá verificar que las empresas registradas se encuentran dentro de las actividades autorizadas.

3. Factores que inciden en la realidad social

    3.1. Informalidad

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, estima que el 72% de la Población Económicamente Activa, es informal; es decir de cada 10 trabajadores, 7 son informales. Un equivalente a 12 millones de ciudadanos que trabajan sin estar registrado a una planilla ni recibir beneficios laborales. Esta población, no tiene cobertura de protección social, salud ni pensión. Resaltan los sectores como el agropecuario, en donde el nivel llega a 96.5%; la pesca (86.3%); transporte y comunicaciones (80.9%); construcción (77%) y comercio (73.1%)[3]. Es una situación preexistente a la pandemia que ya era, por lo menos desde hace años, un tema preocupante.

Sin embargo, con una economía paralizada y el contexto de una pandemia, ha originado que algunas empresas despidan a sus trabajadores; en tanto, otras se acogieron a la suspensión perfecta de labores contenida en el DU 038-2020. Esto se traduce que menos hogares cuentan con ingresos económicos.

La coyuntura social evidencia un incremento de trabajadores informales en los exteriores de los mercados, calles y paraderos. El gobierno por su parte los ha reprimido. Si es que fueron beneficiados o no con el bono familiar otorgado por el gobierno, ya no pueden sostener su hogar, pues a casi tres meses de cuarentena, es imposible mantener a una familia con un monto de S/ 760 soles.

    3.2. Agua potable

Un estudio del Instituto Económico y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, reveló que en el año móvil noviembre 2017 – octubre 2018, el 90.2% de la población nacional total, el 95.0% del área urbana y el 73.4% del área rural cuentan con abastecimiento de agua mediante una red pública. El 5% de la población urbana sin acceso a una red pública de agua, se abastece con camión cisterna, pozo, río, acequia u otros. En cambio, hay un 26.6% de la población rural que no consume agua potable, se abastece mayormente de ríos, acequias, pozos y con camión cisterna en menor grado. Es decir, un promedio del 22.7% de la población peruana o poco más de 7 millones de habitantes no consume agua potable. Dividiéndose en 2.5 millones en zonas urbanas y 4.8 millones en zonas rurales, no tienen acceso a una red pública de agua y en efecto, carecen de algún sistema de alcantarillado[4].

Esto se agrava en departamentos como Loreto y Ucayali, donde solo el 55.2% y 72.8% respectivamente de su población, tienen acceso a una red pública de agua; es decir, la mitad de sus habitantes no cuentan con este servicio básico[5].

El gobierno, exige que las personas cumplan tres recomendaciones esenciales: uso de mascarillas, distanciamiento social y lavarse las manos con agua y jabón. Sin embargo, más del 20% de la población nacional no tiene acceso a una red de agua potable. En consecuencia, a la crisis de salud pública, laboral y alimentaria, se suma la carencia de agua potable y de un sistema de alcantarillado. Factores como estos, explican el comportamiento de los ciudadanos que buscan generar ingresos económicos y por tanto, se incrementen los contagios de la Covid-19.

4. La posibilidad de una cuarentena estratégica

Extender el estado de emergencia sin una estrategia paralela sostenible, no parece ser productiva. La cuarentena se ha visto perforada por la necesidad laboral y su sola aplicación, no parece ser suficiente para cumplir con la finalidad de reducir el índice de contagio de la Covid-19. Su rigidez, debe estar en función al índice de contagio por región. No todos tiene el mismo comportamiento. Es por ello que abordaremos algunos aspectos del DS 094-2020-PCM, que puedan ser observadas e implementadas.

    4.1. Cuarentenas Focalizadas

Si bien, en el art. 4 del decreto, se prevé una permanente articulación entre los tres niveles de gobierno; esta debería concretarse en una pronta sincronización entre los mismos, a fin de implementar cuarentenas estratégicas. Focalizar las zonas de mayor contagio con Covid-19 de las región y distritos, considerando sus particularidades de salud pública, sociales y geográficas. Una vez implementadas se les llevaría mercados itinerantes, controlar el tránsito vehicular y peatonal, así como repartir los medicamentos para tratar la Covid-19, regulado en el Decreto de Urgencia 059-2020.

El objetivo de realizar pruebas masivas, consiste en detectar el virus para darle un seguimiento y controlar el contagio. En ese sentido, por lo menos, cada provincia debería contar con un alberge, donde se trate a las personas que no tienen vivienda segura para cumplir la cuarentena. Esto permitiría que el contagiado no exponga a su familia, así como darle un tratamiento temprano que reduzca el desarrollo de la enfermedad.

    4.2. Transporte urbano

El art. 7 del decreto, permite establecer, para el trasporte urbano, una oferta óptima que satisfaga la demanda existente, y que cada unidad deba cumplir con el aforo y los protocolos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y del MINSA.

Al respecto, el reinicio de las actividades económicas, desbordó el servicio de transporte público, generando incluso, que los pasajeros ocupen los asientos sin respetar la distancia física mínima. Las recientes pruebas serológicas, realizadas en las estaciones y paraderos, arrojaron que hasta el 20% del total de los evaluados, dieron positivo para la Covid-19. Todos eran asintomáticos; es decir, no presentaban ningún síntoma. Lo que, en efecto constituye un alto riesgo de contagio, tratándose de un espacio reducido, como es el transporte público.

Es necesario utilizar el mayor número de unidades de trasporte público, para cubrir la demanda; de esta forma se conseguiría la distancia protocolar entre pasajeros, así como se evitaría la aglomeración en paraderos.

Ahora bien, la autoridad correspondiente deberá fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de salubridad. Para ello, los gobiernos regionales, deberían contar con una partida económica, a fin de contratar profesionales que elaboren y ejecuten un plan estratégico de fiscalización, que arribe en un protocolo adaptable para cada realidad local. No es lo mismo, la congestión vehicular de Lima, comparado con las demás regiones o provincia del interior del país. En la ciudad de Lima, se usa el trasporte público masivo y otros; por el contario, en las regiones o provincias de geografías y poblaciones particulares, el uso de trasporte es diverso.

    4.3. Uso de vehículo particular

El art. 8 del decreto en análisis, autoriza su uso para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros, solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia. Asimismo, para los servicios con fines laborales que estén autorizados. En ambos casos se permite una persona por vehículo.

El uso del vehículo particular para ir al trabajo o para cualquier emergencia familiar, reduce la probabilidad de contagio. Toda vez que, al movilizar miembros del hogar que han estado confinados durante todo el estado de emergencia, genera confianza y reduce el riesgo de contagio. Es un acierto permitir el uso vehicular; no obstante, debe permitirse, no solo de uno, sino a dos o más personas del mismo hogar que acudan a sus centros de labores.

Ahora bien, es probable que los dueños de vehículos particulares, sean quienes laboran formalmente o tengan un ingreso económico; por tanto, debe prestarse mayor atención al transporte público a fin de fiscalizar el aforo permitido y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Así como promover el uso de vehículos no motorizados.

    4.4. Bancos y otras entidades financieras

El art. 9 del decreto, permite el funcionamiento de bancos y afines al 50% de su aforo. Además, exige al público, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener distanciamiento social.

A raíz de los subsidios (bonos por hogar) que brinda el estado, así como el retiro de hasta el 25% de los fondos de AFP, lo bancos, se han convertido en lugares con alto riesgo de contagio, por su ambiente cerrado. Asimismo, por formarse colas desordenada sin distancia protocolar.Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobierno y de las entidades financieras por establecer medios virtuales para acceder a los bonos y fondos de las AFP, se continúa yendo a los bancos para retirar dinero, ya sea porque, no tienen cuentas bancarias o desconfían de nuevas modalidades.

Como alternativa, la atención al público, debería priorizarse para quienes no tienen cuenta bancaria donde depositarle su dinero. Así como, usar el sistema de vehículos de las empresas de seguridad privada para llevar el dinero a domicilio.

De existir una ampliación de los bonos familiares, estos deberían ser entregados en los domicilios a través de las unidades de las empresas de seguridad privada. De ser el caso, previa regulación, la entrega del bono a personas que no tienen acceso a medios tecnológicos o cuentas bancarias, debería realizarse a través de vehículos militares en coordinación entre el MIDIS, contraloría y municipios. Permitiendo con ello, oxigenar los centros bancarios.

    4.5. Mercados mayoristas y minoristas

Al respecto, el art. 10 del decreto, establece que los mercados, supermercados y afines, puedan funcionar con el 50% de su aforo. Además, se exige para el ingreso, la desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social mínimo de un metro.

Sin embargo, los últimos tamizajes realizados a los comerciantes de diferentes mercados del país, se ha identificado hasta tres índices de contagio. Donde el 20%, 50% y 79% respectivamentedel total de las pruebas serológicas examinadas, dieron positivo para la Covid-19. Convirtiéndolos en focos vivos de contagio.

Si bien, se le ha prestado particular atención, esta debe ser sostenida en el tiempo; toda vez que, durante y después del estado de emergencia, los mercados seguirán siendo lugares de mayor concurrencia para adquirir productos básicos. Además, por tener una ubicación y precio accesible a la población. En ese sentido, todos los comerciantes deberían ser examinados cada 10 días, a fin de descartar la Covid-19. El costo de la prueba serológica, debe ser cubierto por el mercado; pues ellos, a diferencia de otras actividades, continuaron su labor.

En ese orden, la fiscalización municipal debe ser cada vez eficiente; sin embargo, no cuentan con personal suficiente. Surge la necesidad de contratar personal fiscalizador con carreras afines y técnicas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos de salubridad, así como el aforo permitido. El gobierno debería implementar incentivos económicos o financieros para que los mercados adopten medidas innovadoras y saludables.

    4.6. Vendedores informales

Es visible el desorden de los puestos de ventas en el exterior de sus viviendas, mercados o calles concurridas. En este caso, ¿el gobierno debería de imponer coerción o plantear una alternativa de organización?

Durante décadas el estado ha luchado con la informalidad, obteniendo escasos resultados. Mientras tanto, los informales perforan la cuarentena para generar ingresos. El problema es el encarecido proceso para ser formal y el incremento de cargas tributarias. Una pronta solución no será fácil. Sin embargo, para los informales que cuenten con cierta estructuración, debería de simplificarse el proceso de formalización, reducir las cargas tributarias, otorgar beneficios económicos, así como capacitarlos y supervisarlos. Luego, incorporarlos gradualmente en el marco de la reactivación económica contenida en el DS 080-2020-PCM.

Con relación a los informales ubicados en exteriores de los mercados, deberían ser empadronados y mediante un protocolo de salubridad, organizarse mercados itinerantes o mercadillos en áreas abiertas de distritos (estadios y complejos deportivos). Toda vez que, algunos son productores o adquieren productos de los mercados mayoristas. La coordinación debe comprender a los gobiernos regionales y distritales, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú o de las FF. AA.

Existiendo mayor oferta de mercados distribuidos, la distancia física será manejable. Por tanto, el gobierno debe considerar que, un registro de los informales, permitirá observar sus movimientos y la capacidad de respuesta será más óptica. De lo contrario, el estado seguirá dando golpes en el aire.

5. Conclusiones:

Los factores sociales, ha evidenciado la fragilidad de nuestro sistema de salud pública y económica ante la Covid-19. Estas realidades deben ser consideradas por el gobierno, a fin de tomar medidas estratégicas que sean paralelas a la prórroga del estado de emergencia, contenida en el DS 094-2020-PCM. Una sincronización de los tres niveles de gobierno, permitiría establecer cuarentenas estratégicas.

La cantidad de desempleados y la necesidad de generar ingresos económicos, obliga a continuar con la reactivación económica. Los protocolos de salubridad y la fiscalización, serán, por ahora, las únicas herramientas que deben perfeccionarse, para reabrir la economía. Con el paso del tiempo, el estado deberá repensar el concepto de distanciamiento social por el distanciamiento físico; toda vez que, las concentraciones en lugares abiertos serán una alternativa, ante el avance de la reactivación económica y la necesidad social.

Por último, la población debe adoptar, voluntariamente, las medidas sanitarias y aprender a convivir con ellas. Por su parte el estado, debe optimizar los servicios públicos que brinda, a fin de llegar a los más necesitados. Asimismo, concientizar a la población por medios de campañas de sensibilización, a fin de normalizar el uso de masacrilla, lavado de manos y mantener la distancia social.


[1] Universidad Johns Hopkins. “Panel COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE)”. En JHU[En línea]: https://bit.ly/2XCV8ot [Consulta: 28 de mayo de 2020].

[2] Idem.

[3] Carlos Adriano Pérez. “Definiciones y repercusiones de la informalidad”. EnCIEN. Documento de trabajo. Perú: Lima, 2020. Disponible en https://bit.ly/3gvBvY9 [Consultado el: 20 de mayo de 2020].

[4]  Peñaranda Castañeda, César. “Más de 4 millones de peruanos no cuentan con red pública de agua”. En La Cámara, núm. 863, (2019), pp. 6-8.

[5] Idem.