¿Es procedente la tutela de derechos por filtración de declaraciones reservadas? [Apelación 206-2022, Suprema]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla: 1. La tutela de derechos es un remedio procesal que puede utilizar el imputado cuando sus derechos no son respetados o cuando es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales (ex artículo 71, apartado 4, del CPP). Ésta tiene lugar en el curso de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, y persigue se subsane la omisión del derecho a la instrucción de derechos o, en su caso, se dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan.

[Lee también: Pedro Castillo: Declaran infundada tutela de derechos del presidente [Apelación 131-2022, Corte Suprema]

2. Este remedio procesal se dirige contra el autor de la infracción denunciada y se circunscribe, por su propia naturaleza, a lo que suceda en la propia causa. No tiene un carácter general sino concreto, en función a lo que la autoridad de investigación realizó o no realizó en perjuicio de los derechos e intereses legítimos del imputado.

3. La reserva de la investigación es una nota característica de esta etapa del proceso penal, tal como lo dispone el artículo 324, apartado 1, del CPP. Su vulneración, entre otros ámbitos, puede afectar no solo el derecho el honor sino también la posición defensiva del imputado, en especial las garantías de presunción de inocencia y de defensa procesal, sin perjuicio de entender que la propia investigación se vería lastrada en orden a su eficacia al comprometer el éxito de los actos de investigación subsiguientes. Es este derecho fundamental el que se vería comprometido con la filtración de información reservada de la investigación –la eficacia de la investigación requiere del sigilo de las actividades investigadoras–. La tutela de la reserva es de responsabilidad del Estado, en concreto del órgano público bajo cuyo cargo se encuentra la causa, por lo que, con independencia de la sede donde se produjo la vulneración, es menester que se realice el máximo esfuerzo para hacer cesar esta ilicitud.

4. La filtración no se produjo en sede de la Fiscalía de la Nación, encargada de realizar las investigaciones de un aforado que, cuando los hechos, era un Alto Funcionario Público (presidente de la República), por lo que, al enderezarse contra ella la tutela de derechos, no puede ser amparada.Empero, al conocerse de la realidad de una filtración indebida, es menester que la autoridad competente del Ministerio Público lleve a cabo los actos de investigación necesarios para deslindar responsabilidades.

Lima, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

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AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES contra el auto de primera instancia de fojas ochenta y nueve, de nueve de setiembre de dos mil veintidós, que declaró infundada su solicitud de tutela de derechos; con todo lo demás que al respecto contiene. En las diligencias preliminares seguidas en su contra por delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

PRIMERO. Que se atribuye a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES (expresidente de la República), Walter Edison Ayala Gonzales (ex ministro de Defensa) y Arnulfo Bruno Pacheco Castillo (ex secretario general de Palacio de Gobierno) que en el mes de octubre de dos mil veintiuno, con motivo de los ascensos en las Fuerzas Armadas, haber solicitado en forma indebida, abusando de sus funciones, al Comandante General del Ejercito del Perú José Alberto Vizcarra Álvarez y al Comandante General de la Fuerza Aérea Jorge Luis Chaparro Pinto ascender al grado inmediato superior (generales) a los oficiales Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama en el Ejército y a Edgar Briceno Carnero, Carlos Castillo Ruiz y Herbeft Vilca Vargas en la Fuerza Aérea, sin considerar las normas y procedimientos existentes. La finalidad de estas conductas fue obtener beneficios económicos a cambio de ascensos irregulares.

[Continúa…]

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