¿Es suficiente el incremento patrimonial no justificado del funcionario para que incurra en el delito de enriquecimiento ilícito?

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Por: Merly Edquen Olivera

Abogada Especialista en Derecho penal

El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401° del Código Penal. Comete este ilícito el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio, razón por la que podría ser castigado con una
pena privativa de libertad de entre cinco a diez años, e inhabilitación para el cargo y/o función.

Como se puede advertir, en el delito de enriquecimiento ilícito existe una relación de causa
efecto entre la conducta del funcionario o servidor público que abusa de su cargo, y que,
producto de ello, tiene un incremento ilícito en su patrimonio.

Pero ¿qué sucede si únicamente existe un incremento en el patrimonio del funcionario público no justificado? En ese sentido, tanto el artículo 401° del CP y el Acuerdo Plenario N° 3-2016/CJ-116 establecen cual es la característica “adicional” que debe tener el incremento patrimonial “del funcionario o servidor público” para que su conducta sea típica conforme a los elementos del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Esta característica adicional es la “ilicitud” del incremento patrimonial. Esto quiere decir que, si durante el proceso penal se determina contablemente, pericialmente y/o técnicamente que existe un incremento patrimonial; habría que preguntarse si es un incremento patrimonial no justificado o un incremento patrimonial ilícito.

La diferencia entre uno y otro determinará la existencia o no de un delito. Que exista un incremento de gastos e ingresos del funcionario o servidor público sin justificación aparente – ingresos patrimoniales no justificados-, es un indicio de la comisión del delito de
enriquecimiento ilícito, indicio que por si solo no puede ni debe establecer una responsabilidad penal. Sin embargo, si adicionalmente se determina que dicho ingreso no justificado tiene directa relación con la infracción a un deber funcional, ese incremento patrimonial deviene en ilícito, y en consecuencia, si podría atribuírsele responsabilidad penal al funcionario o servidor público por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Entonces, ¿basta el incremento patrimonial no justificado del funcionario o servidor público
para que quede acreditado el delito de enriquecimiento ilícito? La respuesta es NO. El
incremento patrimonial no justificado es (“ú-ni-ca-men-te”) un indicio de la comisión de delito de enriquecimiento ilícito, el mismo que debe ir acompañado de otros elementos de
convicción que comprueben que dicho incremento ha sido producto de la infracción a un
deber funcional, con lo que quedaría acreditado un incremento patrimonial ilícito, que
justificaría una sanción penal por el delito de enriquecimiento ilícito.