ESTADO DE DERECHO, DEBIDO PROCESO, PODER JUDICIAL Y ABOGADOS INDEPENDIENTES.

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Una de las exigencias de la globalización constituye la tendencia de los países del orbe de adecuar su legislación nacional a estándares internacionales, es así como nuestra Nación, dentro de esta adecuación ha acogido la concepción del reconocimiento y compromiso de defensa por el Estado y la Sociedad de los derechos humanos, además nuestra Constitución ha reconocido como derechos fundamentales, garantías, o instrumentos que contribuyen a asegurar la efectividad de la vigencia de los derechos humanos y su goce pleno, tales como la Jurisdicción, Tutela Jurisdiccional y Debido Proceso. 

Esto conllevó a la elaboración, con aceptación cada vez más unánime por la doctrina internacional y nacional, la concepción del Derecho Procesal como una ciencia única, renunciando a la concepción multívoca, que defendía como válido el reconocimiento a una serie de derechos procesales especializados, tantos derechos sustantivos existan, tantos derechos procesales especializados correspondían implementarse, incurriéndose así en  repeticiones innecesarias. Ello conllevó a la elaboración de la teoría, hoy casi unánimemente reconocida, denominada Teoría General del Proceso, la que a su vez reconoce dentro del contenido del Concepto de Debido Proceso, una serie de garantías tanto sustantivas como procesales. Surge con ello además, la necesidad de realizar una clara distinción entre los conceptos de Proceso y Procedimiento.

Una de las características del Debido proceso es el reconocimiento, a su vez, de una serie de principios que garantizan un juzgamiento y resultado justo, como el de contradicción, publicidad, derecho a la prueba (comprendiendo su valoración), a la doble instancia (con excepción del proceso constitucional en el cual subsiste el principio de la pluralidad de instancias), el de la motivación de las resoluciones judiciales, etc. etc.

Si bien nuestra Nación ha avanzado ostensiblemente en su ambición de alcanzar los estándares internacionales que garanticen a nuestra Sociedad vivir en dignidad, demostrando el Estado, en aspectos generales, preocupación por implementar un ordenamiento jurídico que garantice plenamente la vigencia de los derechos humanos (no por ello exento de decisiones y comportamientos que han demostrado preocupantes retrocesos) aún no se logra construir el ordenamiento jurídico ideal. 

Pero la mayor preocupación de nuestra Nación reside en el funcionamiento del sistema que tiene como misión interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico vigente, en los casos de surgimiento de conflictos intersubjetivos concretos y las respuestas que el mismo viene dando a la Sociedad, en su pedido de tutela; nos referiremos, por ahora, en concreto, al Poder Judicial, como parte de dicho sistema.

Los Jueces de nuestro Poder Judicial, gozan de todas las potestades que les reconoce un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, pero su actuación y decisiones, no corresponden muchas veces a estas facultades, obligaciones y garantías, ni a las expectativas sociales: existiendo, debido a ello, resentimiento, descontento e insatisfacción social.

Para ser específicos, sin restar importancia a otros comportamientos deficientes, resulta necesario destacar en esta reflexión, por constituir un problema casi general, el cumplimiento como garantía del debido proceso del plazo razonable, cuyo cumplimiento debe asegurar una respuesta justa, por lo oportuna, ejecutándose a plenitud las decisiones. Como una realidad innegable, resulta preocupante la excesiva demora en que incurren los órganos jurisdiccionales, en tramitar los procesos, incluyendo la ejecución de la sentencia. Este problema se ha visto agravado en los últimos tiempos por la suspensión de las actividades jurisdiccionales, como son: suspensión de actividades por los jueces en reclamo del reconocimiento de su derecho a la homologación de sus remuneraciones, derecho legalmente reconocido; por la huelga de los trabajadores, quienes no perciben una remuneración proporcional a su trabajo y últimamente por la pandemia del COVID-19. No pretendemos discutir lo justo o no de estas paralizaciones, sino las medidas que adopta el Poder Judicial, comprendiendo a los  jueces, para recuperar la actividad perdida, implementando políticas que permitan actualizar los actos procesales que no pudieron realizarse durante este tiempo, pero que fue oportunamente remunerado.

Existen otras causas que inciden en este preocupante retardo, como la cantidad de nulidades procesales que se producen debido a vicios generados durante la tramitación de los procesos, lo que también tiene gran incidencia en la pérdida de tiempo en su tramitación, por su causa. No conocemos de informes realizados por el Poder Judicial, respecto de investigaciones que permitan detectar sus causas e incidencia en la demora y la necesidad de adoptar medidas correctivas precisas. Además, el problema de la deficiencia en la calificación de las demandas, tanto en el resultado, como en el tiempo utilizado. También la deficiencia en la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento probatorio, generando que el Juez realice actividad probatoria innecesaria; así muchos problemas más que requieren ser superados urgentemente, para lograr una tutela jurisdiccional oportuna.    

Pero lo que resulta más preocupante aún es el rol que, respecto de esta problemática, vienen asumiendo los Colegios de Abogados, demostrando una gran indiferencia frente a esta preocupante realidad, sobre todo porque esta problemática no solo afecta a la Sociedad, la cual se encuentra impedida de gozar del derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, sino que afecta también a un gran sector de los abogados, que son sus agremiados y que trabajan independientemente dedicándose exclusivamente a la defensa y que por tanto su subsistencia depende de los honorarios profesionales que le abonan sus defendidos. No he tomado conocimiento, de ningún pronunciamiento al respecto, de ningún análisis, de ninguna propuesta o gestión dirigida a superar esta deficiencia. Me gustaría conocer si dichas instituciones dentro de sus datos estadísticos tienen algún registro que les permita definir cuántos y cuáles son sus agremiados que se dedican exclusivamente a la defensa, quienes serían por tanto los más afectados, y por quienes tendría que interceder: porque ese constituye uno de sus tantos deberes. 

En el caso específico de la suspensión de actividades judiciales y la orden de inamovilidad de los abogados de sus domicilios, que viene afectándolos gravemente, debe estudiarse la factibilidad de hacer uso de un porcentaje del fondo de reserva, sin poner en riesgo la subsistencia de la Institución y el cumplimiento de sus obligaciones y en el hipotético caso de que un Colegio determinado no tuviere este fondo de emergencia que les permita atender estas necesidades, debe, por lo menos, ponerse en contacto con las instituciones competentes del Estado, enviándoles el registro de abogados en estado vulnerable, a fin de que se les incluya dentro del registro de beneficiarios con el bono ofrecido. Lo cual aún podría gestionarse, porque esta crisis aún no se ha superado.     

Cesar G. Castañeda Serrano

ABOGADO.