Estafa, prescripción y asociación ilícita para delinquir [Recurso de Nulidad 1638-2021, Lima]

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Estafa, prescripción y asociación ilícita para delinquir

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla. La prescripción de la acción penal se erige en una institución de relevancia constitucional, cuyo sustento nos remite al fin mismo de todo estado constitucional y de derecho, esto es, a la protección de la persona, por resultar contrario a la dignidad humana que el Estado amenace, en cada caso concreto, con ejecutar su potestad punitiva sin limitación temporal alguna. El nuevo computo, aun con la suspensión de los plazos de prescripción, la acción penal para el delito de estafa precluyó.

Distinto es el caso del delito de asociación ilícita para delinquir, del titular de la acción penal refirió que el actuar de los procesados es con antelación al delito de estafa, y que se mantuvo dicho actuar con el paso del tiempo; no obra en autos actuación probatoria destinada a respaldar la tesis fiscal y establecer adscripción o dependencia alguna de los procesados a una asociación. La condena dictada no se encuentra a derecho, resulta manifiesta la insuficiencia de las pruebas, la que lleva a concluir que el derecho de la presunción de inocencia no se ha enervando.

Lima, catorce de octubre de dos mil veintidós.

[Lee también: Estafa: ¿Cómo entender y aplicar el precedente vinculante del RN 2504-2015, Lima? [Casación 475-2020, Del Santa]

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante legal de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público —MININTER—; y por la defensa legal de los procesados SUSY YSABEL APONTE POLO y JORGE LUIS TELLO BARDALES, contra la sentencia del veintidós de junio de dos mil veintiuno (foja 1058), emitida por la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, que los condenó como autores del delito contra el patrimonio-estafa, en agravio de Elena Victoria Cayetano Clemente y Hernán Reynaldo Estacio Sáenz; y, por el delito contra la tranquilidad pública-asociación ilícita para delinquir, en agravio de la Sociedad, a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva, que se computará cuando sean puestos a disposición del órgano jurisdiccional; se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 50 000,00 (cincuenta mil soles), a favor de los agraviados, sin perjuicio de devolver el monto total del dinero materia de estafam dentro del plazo de la condena; y, la suma de S/ 1000,00 (mil soles), a favor de la Sociedad.

De conformidad en parte con el fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. El representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público–MININTER, en su recurso de nulidad formalizado por escrito del ocho de julio de dos mil veintiuno (foja 1102), impugnó la sentencia en el extremo de la reparación civil. Al respecto, argumentó que cuestiona el monto por reparación civil de mil soles asignado al Estado, el mismo que no resulta razonable ni proporcional por la gravedad del daño causado, así como la afectación institucional, el Colegiado ha vulnerado el principio de la debida motivación, ya que en la recurrida no se ha indicado las razones del monto asignado por indemnización al Estado.

[Lee también: ¿En qué consiste es el delito de estelionato? (Casación N.° 461-2016, Arequipa)]

Segundo. La procesada SUSY YSABEL APONTE POLO, quien ha presentado dos recursos de nulidad formalizado mediante escrito del treinta de junio de dos mil veintiuno (foja 1078 postulado por el MINJUS); y el cinco de julio de dos mil veintiuno (1093 postulado por su defensa), solicitó la absolución de la recurrente. Al respecto, argumenta lo siguiente:

2.1. Los medios probatorios acopiados no han sido valorados adecuadamente, ni resuelto los argumentos planteados por la defensa, vulnerando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

2.2. No existe una mínima actividad probatoria, pues la sola versión de los agraviados debe estar acompañados de elementos periféricos, ya de lo actuado no se acredita la responsabilidad penal de la recurrente.

2.3. No existió engaño en las inversiones que realizó la supuesta agraviada, pues la misma era socia de ella, ya que tuvo conocimiento tanto de la inversión en la venta de pasajes aéreos; y en la inversión para traer el circo de la Chilindrina para Fiestas Patrias de dos mil once, siendo que este último tuvo pérdidas.

2.4. Obra en autos las declaraciones de Christian Canales Sánchez y de César Augusto Navarro Llerena, trabajadores del Hotel Meliá-Lima, quienes han indicado que la procesada realizó la reserva de alojamiento para la artista María Antonieta de las Nieves, y el pago lo realizó la empresa Susy Tours S.A.C., de propiedad de la recurrente, quien no tiene ninguna deuda, declaraciones que no han sido valoradas por el Colegiado, y en el mismo sentido la declaración jurada y el acta de compromiso que obra en autos, donde la recurrente reconoce la obligación económica por la suma investida por parte de los agraviados, documentos que acredita la voluntad de devolver no solo lo investido, también las ganancias.

2.5. En el extremo del delito de asociación ilícita para delinquir, no se han cumplido con los requisitos del mismo.

[Continúa…]

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