Estudios jurídicos más conocidos intervienen en el proceso electoral peruano

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Estudios jurídicos más conocidos intervienen en el proceso electoral peruano

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Más de 80 abogados y practicantes se sumaron al análisis legal de los votos contra el supuesto «fraude en mesa» anunciado por Keiko Fujimori, a pesar que la ley lo prohíbe.

Un grupo de letrados de los bufetes de abogados más conocidos del Perú iniciaron coordinaciones para hacer un seguimiento a los votos que fueron impugnados en las regiones en las que Pedro Castillo obtuvo mayor votación. No obstante, el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se ha acercado cada vez más al conteo rápido al 100% que emitió Ipsos el mismo domingo 6 de junio.


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Más de 80 abogados y practicantes que se sumaron al análisis legal de los votos contra el supuesto «fraude en mesa» anunciado por Keiko Fujimori, pertenecen a los bufetes Rodrigo, Elías & Medrano; Rubio Leguía Normand; Echecopar; Rebaza, Alcázar & De las Casas; Garrigues; Payet, Rey, Cauvi, Pérez; Miranda & Amado; Ghersi Abogados. Estos apuntan a revertir los votos impugnados en las regiones donde Pedro Castillo ganó, como Cusco, Puno, Cajamarca, Moquegua, Amazonas, San Martín, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Huancavelica, Tacna, Ayacucho y Ancash.

Sin embargo, la Ley 31046, ley de Organizaciones Políticas precisa que las organizaciones políticas no pueden recibir ningún tipo de aportes de personas jurídicas, tal como lo precisa el artículo 31:

“Ley 31046: Ley de Organizaciones Políticas.

Artículo 31.- Fuentes de financiamiento prohibidas Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes de ningún tipo provenientes de:(…) c) personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras”.

Ivan Lanegra, secretario general de Asociación Civil Transparencia,  afirmó que “las personas jurídicas están prohibidas de realizar aportes al financiamiento partidario, aunque sean en especie, por ejemplo, servicios legales” y que “el financiamiento partidario de fuente prohibida es delito”.

Asimismo, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, manifestó que “desde el 2017, las empresas no pueden aportar a partidos políticos, tampoco en campañas. Y ya hay precedentes de ONPE y JNE de que no hay aportes gratuitos, todo bien o servicio puede ser objeto de valoración económica”, detalló el portal Wayka.


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Cabe precisar que algunos de los estudios son investigados  por alguna presunta relación con el caso Lava Jato y los aportes a las campañas del fujimorismo. Uno de ellos fue el abogado José Zaragozá Amiel, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas. En 2017, Zagarogozá fue detenido porque habría actuado como intermediario en el pago de US$ 3 millones que realizó Odebrecht al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, quien actualmente cumple una condena de cuatro años de pena suspendida de la libertad y una reparación civil de 30 mil soles por el delito de peculado.

También está el caso de  abogados Muñiz, Philippi Prietocarroza Ferrero Du & Uria, y Echecopar. Miembros de esta última firma participan actualmente en el análisis de los votos impugnados. La hipótesis de la Fiscalía sostuvo que dichos bufetes habrían actuado a favor de Odebrecht en el marco del proyecto del Gasoducto Peruano del Sur.

Otro abogado que estuvo envuelto en el caso Lava Jato fue Jean Paul Chabaneix Cunza, del bufete Rodrigo, Elias & Medrano.  Chabaneix fue citado en 2018 a la Comisión Lava Jato del Congreso para que detalle sobre su participación como apoderado de la empresa Kuntur Transportadora de Gas en la adjudicación de la concesión de transporte por ductos del gas de Camisea.

Fuente: Wayka