Extinción de dominio en Colombia: Barreras a la delincuencia

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Por: JUAN CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ

(Egresado de la Universidad INCCA de Colombia y actual estudiante de Posgrado en Derecho Penal.) 

En Colombia, poner alto a las actividades ilícitas se ha convertido en un desafío para toda autoridad estatal. En ese orden, aparece la ley penal, que bajo el principio de integración, acoge lo ratificado en los tratados internacionales y lo compilado en la Constitución Nacional, con el fin de reducir los altos índices de criminalidad que nos aqueja. Sin embargo, pareciera que estas medidas no fueran suficientes, para lo cual, el legislador de turno se ha preocupado por promulgar leyes que no solo afecten la libertad de las personas, sino que afecten sus propiedades, en especial, aquellas que sean producto de actividades criminales.

De lo anterior, se crea el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), donde se disponen de principios y reglas con el fin de atacar toda actividad que permita incremento patrimonial con bienes de origen ilícito, bienes que sean utilizados para ir en contra de la ley o aquellos que vayan en contra de la función social o ecológica prevista en la constitución colombiana.

En consecuencia, dentro de la ley, se establecen siguientes once causales que dan inicio a la Acción Extintiva del Dominio:

  1. Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita.
  2. Los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción.
  3. Los que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.
  4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.
  5. Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas.
  6. Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas.
  7. Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.
  8. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes de ilícita 1a procedencia.
  9. Los de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia.
  10. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa.
  11. Los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos.”

En consecuencia, el legislador impone una serie de actividades que, de tipificarse alguna de ellas y, en cabeza del Estado (Fiscalía General de la Nación) se apertura la Acción de Extinción de Dominio. Se puede colegir que, la acción extintiva de dominio es pública debido a que, es la Fiscalía General de la Nación quien llevará a cabo todos los actos necesarios para presentar sus pretensiones ante el juez penal especializado en extinción de dominio.

Reunidas todas las pruebas (entrevistas, videos, incautación, entre otros), la Fiscalía General de la Nación, fija unas pretensiones provisionales que son presentadas a la parte afectada. Es aquí donde la parte afectada, inicia su derecho a la defensa y contradicción.

Realizadas las respectivas observaciones por parte de la defensa, la Fiscalía General de la Nación puede encontrar dos caminos: la primera, declarar el archivo por declarar fundadas las observaciones de la parte afectada o; en segundo lugar, interponer la demanda ante el juez especialista de la extinción de dominio, que por reparto, conocerá de la presente acción.

Avocando conocimiento, el juez realiza un control de legalidad previo, verificando que el accionar por parte de la Fiscalía General de la Nación goza de licitud. Enseguida, dispone el juez citar a las partes, que por medio escritural, solicitarán las pruebas que se quieren hacer valer dentro del proceso. El juez decreta las pruebas a recibir y en caso de existir pruebas testimoniales, se cita a audiencia donde se recibirán las declaraciones correspondientes.

Culminada la etapa, se corre traslado para alegar de conclusión, donde las partes, de manera escrita, teniendo como fundamento lo probado, expondrán el respectivo sustento ante el respectivo juez.

Por último, el juez, dentro de un término prudencial emitirá sentencia cuya decisión puede variar entre el archivo de las diligencias o declarar la extinción de dominio sobre los bienes acusados. En ese orden, las partes pueden apelar la decisión si esta no es a fin con lo solicitado y en segunda instancia, será conocida por los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial.

Del resumen anterior, es importante señalar que, Colombia se encuentra inmersa en un conflicto que lleva más de 60 años, que acompañada a la corrupción y la criminalidad, han sido generadoras de leyes como solución a los presentes flagelos. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, el derecho ha ido evolucionando con el fin de combatir las actividades delincuenciales, como tal, se ha presentado la Acción Extintiva de Dominio como alternativa que, aunque no afecte la libertad, afecta la propiedad de los individuos que actúan en contra de la ley.