Fijan fecha de audiencia de amparo por omisión de consulta de proyecto minero Antapaccay

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Fijan fecha de audiencia de amparo por omisión de consulta de proyecto minero Antapaccay

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

26 de julio de 2022 será la audiencia de vista de la causa del proceso de amparo presentado por varias comunidades campesinas de Yauri contra MINEM y Glencore por violación del derecho a la consulta previa. 

1. ¿Quiénes son los demandantes?

a. Comunidad Campesina de Huini

b. Comunidad Campesina de Huancane Bajo 

c. Comunidad Campesina de Alto Huancané 

d. Comunidad Campesina de Alto Huarca

e. Fucae Espinar

Con la asesoría legal de Derechos Sin Fronteras e IDL.

2. ¿Contra quién se presenta la demanda?

a. Ministerio de Energía y Minas 

b. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros

c. Glencore Perú S.A.C.

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3. ¿Cuáles son los hechos contra los que se presenta la demanda de amparo?

a. La sistemática omisión de INGEMMET y de MINEM de realizar la consulta previa con las Comunidades Campesinas afectadas demandantes, de los siguientes actos administrativos 1) permiso de exploración, 2) aprobación de Estudio de Impacto Ambiental, y 3) permiso de explotación, todo ellos del proyecto minero Antapaccay, a cargo de la empresa Glencore Perú S.A.C., a pesar que afecta el territorio ancestral de las comunidades campesinas afectadas.

b. La sistemática omisión del Estado de dar cumplimiento al artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “beneficiarse” de las actividades extractivas en sus territorios, en favor de las Comunidades Campesinas afectadas, como consecuencia de las actividades de explotación minera del proyecto minero Antapaccay, a cargo de la empresa Glencore Perú S.A.C. 

4. ¿Qué estas pidiendo las comunidades demandantes?

a. Declare fundada la demanda y reconozca que se han violado los derechos de las comunidades campesinas demandantes, reconocidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, y desarrolladas en la jurisprudencia dela Corte IDH y TC, como consecuencia de la inconsulta expedición de autorización de exploración, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y autorización de explotación del proyecto minero Antapaccay en territorio de la comunidades campesinas afectadas. 

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b. Declaré la nulidad de los actos administrativos no consultados, es decir nulas y sin efectos jurídicos las concesiones mineras, la autorización de exploración y de explotación de yacimientos minerales y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Antapaccay en el territorio de las comunidades campesinas afectadas, de conformidad con el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, del último párrafo del artículo 31 de la Constitución y del artículo 10.1 del Código de Procedimientos Administrativos aprobado por Ley No 27444, toda vez que de conformidad con el fundamento 23 de la STC 00025-2009-PI, el Convenio 169 de la OIT y en consecuencia el derecho a la consulta previa son exigibles jurídicamente desde el 2 de febrero del año 1995.

c. En caso MINEM insista en aprobar los actos administrativos declarados nulos, ordenar a este realice un proceso de consulta previa, libre e informada con todas las comunidades afectadas, a fin de obtener su consentimiento para la realización del proyecto minero Antapaccay; de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 15.2 del Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y de conformidad con las reglas establecidas en la STC 00022-2009-PI/TC, y las reglas estipuladas en el párrafo 133 de la sentencia de fondo en el Caso Saramaka ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

d. Ordene al Estado cumpla con el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, a efecto que todas comunidades afectadas se beneficien en forma concreta, real y material de las actividades mineras en sus territorios ancestrales. En concreto que el 10% de las utilidades netas del proyecto minero Antapaccay se invierta en proyectos que beneficien a todas las comunidades afectadas. Dicho fondo debe comenzar por financiar el Plan de atención integral de la salud a las comunidades afectadas por exposición a metales pesados en Espinar, elaborado por la Dirección Regional a la Salud de Cusco, y la contratación de un consultora internacional para que elabore un informe independiente sobre las causa de la contaminación en Espinar, teniendo en cuenta que según el fundamento 12 de la STC 00022-2009-PI, sentencia vinculante , los derechos de rango constitucional no necesitan ley de desarrollo legislativo para desplegar efectos normativos.

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