Flagrancia Delictiva: ¿En qué consiste y cuáles son sus modalidades?

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Flagrancia Delictiva-En qué consiste y cuáles son sus modalidades

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Debido a la coyuntura actual, es necesario revisar algunos conceptos relacionados con las diferentes modalidades de flagrancia en nuestro país. Más detalles aquí.

A propósito de los últimos acontecimientos políticos producidos a raíz de la detención en plena flagrancia delictiva del exmandatario de la nación se hace necesario revisar algunos conceptos relacionados con las diferentes modalidades de flagrancia en nuestro país.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 259° del Código Procesal Penal, la Policía Nacional puede detener, sin mandato judicial, a quienes sorprenda en flagrante delito, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, cuando el agente acaba de cometer el delito y es descubierto, y además cuando ha huido y ha sido identificado, durante o inmediatamente después, de la perpetración del acto antijurídico.

Además, cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del hecho con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlos o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha precisado, en su reiterada jurisprudencia, que la flagrancia delictiva por la comisión de cualquier ilícito penal presenta dos presupuestos indispensables para su cumplimiento y estos son:

A. La inmediatez temporal. Es decir, que el delito se esté cometiendo y que se haya cometido instantes antes.

B. La inmediatez personal. Esto es que el sujeto activo se encuentre allí en ese momento y situación, y en relación con el objeto o los instrumentos del delito y que ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho punible.

De la misma forma, la doctrina ha desarrollado diferentes modalidades de flagrancia delictiva; veamos algunos casos prácticos:

• Flagrancia propiamente dicha. Es el caso en que efectivos de la Policía Nacional observan la comisión de un ilícito penal robo y es en esas circunstancias que intervienen in fraganti al agente activo, logrando así su intervención e inmediata captura.

• Cuasiflagrancia. Un miembro policial percibe que se está cometiendo un delito y el agente activo se percata de ello y decide fugarse. En este caso, el efectivo policial lo persigue por un corto tiempo y logra su captura; este ha percibido en forma directa la comisión del hecho punible.

• Presunción de flagrancia. Otro caso práctico, cuando una persona conduce un vehículo motorizado y se encuentra en estado de ebriedad; por ser un delito de peligro abstracto, está en plena flagrancia, así no ocasione daño alguno personal o material y la Policía Nacional está facultada para detenerla sin mandato judicial.

En este contexto, es importante precisar que cualquier persona puede detener a otra si se encuentra en plena flagrancia delictiva y debe dar cuenta de manera inmediata a la estación policial más cercana y se redactará un acta de las circunstancias de la intervención, a fin de que lo más pronto posible el órgano jurisdiccional defina su situación jurídica.

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Dentro de las 12 horas de haberse producido la detención policial en flagrancia, el representante del Ministerio Público puede requerir al juez de la investigación preparatoria la emisión del mandato de la detención judicial por un plazo máximo de hasta siete días, siempre y cuando por las propias circunstancias del caso se desprende la posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.

Para que se pueda resolver la situación jurídica del investigado, el juez penal convoca dentro de las 24 horas una audiencia de carácter inaplazable con asistencia obligatoria del fiscal, el indiciado y su abogado defensor; para tal efecto, el detenido debe encontrarse físicamente en la sala de audiencia.

El artículo 266° del texto procesal penal prescribe que el juez escuchará cada una de las teorías del caso de las partes procesales y en el día debe pronunciarse sobre la situación jurídica del detenido; para tal efecto, mediante resolución debidamente motivada, debe explicar el cumplimiento del principio de legalidad y si se han respetado los presupuestos procesales de los artículos 259° y 71° numeral 2 del Código Procesal Penal.

¿Qué dijo la Corte Suprema sobre la detención en flagrancia?

Según se ha precisado en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirma la detención preliminar en flagrancia, mediante el Recurso de Apelación 248-2022/Suprema ha indicado “que el artículo 266 del Código Procesal Penal, según el Decreto Legislativo 1298, del 30 de diciembre de 2016 –disposición legal que derogó la Ley 27379, artículo 2, numeral 1 (de 21 de diciembre de 2000), y, por lo tanto, modificó, en lo que respecta a la medida de detención judicial preliminar, la Ley 27399, del 13 de enero del 2001, que estipula que el fiscal puede requerir al juez de la investigación preparatoria, dentro de las doce horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional, la emisión de un mandato de detención judicial hasta por un máximo de siete días. A estos efectos se requiere que “[…] por las circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad”.

De la misma forma, precisa que la reforma operada por el citado Decreto Legislativo N° 1298 armonizó con las pautas normativas del Código Procesal Penal lo relacionado con las diligencias preliminares (antes artículo 330° del Código Procesal Penal) –antes, con la legislación anterior al código, denominada investigación preliminar, de suerte que, en principio y en lo pertinente, los preceptos sobre la detención son los que rigen en todo ámbito de las mismas, tanto para el proceso común como para el proceso especial por razón de la función pública, específicamente los delitos de función atribuidos a los altos funcionarios (Título I de la Sección II del Libro Quinto del Código Procesal Penal).

Por lo tanto, es posible detener en flagrancia a un alto funcionario y luego prolongar la misma hasta por siete días, en los marcos de las diligencias preliminares. Distinto es el caso, lo que merecerá un análisis específico, de la ulterior exigencia de una resolución acusatoria de contenido penal cuando corresponda.

En tal sentido, y en la misma audiencia, si el juez de la investigación preparatoria advierte que se han vulnerado los derechos fundamentales del investigado o se ha detenido en forma ilegal, inmediatamente procede a disponer su libertad, sin perjuicio de remitir copias al órgano de control del Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú.

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¿Qué son los elementos de convicción?

Los elementos de convicción son aquellas sospechas, indicios, huellas, pesquisas y actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar e investigación preparatoria formalizada para estimar razonablemente la comisión de un evento delictivo que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

El fiscal provincial toma conocimiento de la noticia criminal e inmediatamente inicia la investigación preliminar, al tener la sospecha o indicios de la comisión de un hecho que reviste la característica de un delito y que además requiere de persecución pública o ius puniendi.

Los elementos de convicción están compuestos por las evidencias en la fase de la investigación preliminar o de la investigación preparatoria, que vinculan de manera fundada y grave al imputado con la comisión de un delito.

Los elementos de convicción sirven para iniciar una investigación desde que se tiene conocimiento de la noticia criminal y a medida que la investigación criminal avanza en sus etapas también los elementos de convicción tendrán mayor soporte probatorio para incriminar la conducta del investigado.

A decir de la Sentencia Plenaria Casatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que dejó sin efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria N° 092-2017-Arequipa del 8 de agosto del 2017 sobre lavado de activos, establece la gravedad del estándar de la prueba y su gradualidad procesal y estas son:

• Diligencias preliminares= sospecha simple.

• Formalización de la investigación = sospecha reveladora.

• Acusación y auto de enjuiciamiento = sospecha suficiente.

• Prisión preventiva = sospecha fuerte.

• Sentencia = elementos de prueba más allá de toda duda razonable. El doctor Gerson Camarena Aliga sostiene que los elementos de convicción pueden ser empleados en las diferentes fases del proceso penal y dentro de las dos primeras se enfatiza lo siguiente:

• Justificar la iniciación de la investigación preliminar.

• Formalizar la investigación preparatoria.

• Motivar los actos de investigación.

• Requerir medidas cautelares personales.

• Formular requerimiento acusatorio.

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En este contexto, si bien los elementos de investigación se originan con una sospecha criminal en la investigación preliminar, que se puede convertir en elemento de prueba, de conformidad con la recolección de datos, testimonios, pericias y documentos físicos y electrónicos, por lo que poco a poco el Ministerio Público tiene una causa probable para el juzgamiento y actuar los actos de prueba que de comprobar la responsabilidad del encausado pueden ser valorados por el juez para una sentencia condenatoria.

Prisión preventiva versus detención preliminar judicial

Es preciso hacer algunas consideraciones de carácter técnico jurídico, a fin de tomar conocimiento exacto de las diferencias que existen entre estas dos instituciones procesales que forman parte de las medidas de coerción personal, que prescribe nuestro Código Procesal Penal.

En principio diremos que la detención preliminar judicial la expide el juez de la investigación preparatoria, cuando existen razones plausibles, para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado, con pena privativa de la libertad superior a cuatro años y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, siempre y cuando no exista el supuesto de flagrancia delictiva.

En cambio, la prisión preventiva podrá dictarla el juez a solicitud del Ministerio Público, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de graves y fundados elementos de convicción, para estimar razonablemente la comisión de un delito y que vincule al imputado como autor del mismo, que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años, que existe peligro de fuga y peligro de obstaculización.

Otra diferencia, digna de resaltar, es que la detención preliminar judicial de acuerdo con la naturaleza del delito puede durar hasta 10 días; sin embargo la prisión preventiva dura 9, 18 y hasta 36 meses cuando se trata de crimen organizado y asimismo la primera busca asegurar la presencia del imputado para realizar diligencia urgentes, en cambio la prisión preventiva busca asegurar la presencia del imputado a la etapa de la investigación y del juicio oral y así asegurar el cumplimiento de una probable sanción penal, por lo que sea cual fuere la decisión judicial, ambas medidas buscan privar de la libertad al imputado.

Por tal motivo, cualquiera sea la medida coercitiva personal del investigado, debe encontrarse escoltado del irrestricto respeto a sus derechos fundamentales, de sus garantías procesales y el absoluto respeto a los principios constitucionales y convencionales, como evidencia de la garantía constitucional del debido proceso.

Fuente: El Peruano

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