Ganancias de procedencia antijurídica y la incautación, además de la presunción de accesorios en el proceso penal

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Paul Iriarte[1]

Sumario: 1. Introducción; 2. Fundamento de la incautación y decomiso de las ganancias 3. Incautación y presunción de accesorios; 4. Incautación y faltas; 5. Referencias

1. Introducción

Las definiciones normativas juegan un rol esencial en el sistema jurídico, no solo de ordenación, sino también de sistemática y tipificación (Barrón, La posesión precaria, 2011, pág. 23).

Por esa razón, la pretensión de decomiso y la incautación encuentran asidero legal en el Código Procesal Penal. Su regulación y aplicación se realiza atendiendo subsidiariamente al Código Civil y Código Procesal Civil.

Por ello, además de la presunción de propiedad[2] – en esta figura normativa de incautación y decomiso; opera la presunción de accesoriedad. En consecuencia, el deber de probar lo tiene quien afirme lo contrario. Es decir, quien alegue que no concurre la accesoriedad sobre un bien.   Por estar premunida de la presunción (iuris tamtum) de accesorios.

En el ámbito penal, esto rige en las ganancias presuntamente de procedencia antijurídica.  En buena cuenta, se está ante lo mediato de los efectos[3] vinculados o relacionados al delito. Es decir, las ganancias de manera mediata en razón del delito.

Art. 102.- Decomiso de bienes provenientes del delito

(…)

Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado.

Sin embargo, esta es una presunción antijurídica – prueba quien lo afirma. Dado que, rige una presunción sobre lo accesorio. En estos supuestos, se tienen múltiples transacciones. Por regla general, actos válidos.

Por tanto, el propósito del desarrollo temático, es conceptualizar la presunción de accesoriedad; de las ganancias, presuntamente de procedencia antijurídica. Dado que, estas están premunidas de una presunción de frutos o de accesoriedad.

En ese sentido, corresponderá probar lo contrario a quien contravenga ello. Por ejemplo, para requerir o convalidar judicialmente la medida de coerción cautelar de carácter real que es la incautación. En ese sentido, corresponderá al fiscal como persecutor del delito su corroboración y probanza.

Art. 913.- Presunción de posesión de los accesorios

La posesión de un bien hace presumir la posesión de sus accesorios.

La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él.

Por ende, dichas ganancias presuntamente de procedencia antijurídica; se encuentra asistido de esa presunción iuris tamtum.

2. Fundamento de la incautación y decomiso de las ganancias

El fundamento de la incautación y posterior decomiso de los efectos o ganancias; es el mensaje normativo de desincentivar constituir “patrimonio” con la realización de conductas delictivas. En cambio, respecto a los instrumentos objetos; su fundamento radica en la peligrosidad que implica para los bienes jurídicos.

En consecuencia, el requerimiento del fiscal y su dación de la medida de incautación, y posterior decomiso; por el juez de investigación preparatoria, estará cualificadamente motivada; corroborado con alto grado de probabilidad esa procedencia antijurídica de la ganancia.

En ese sentido, sea objeto de debate en audiencias previas en tenor a los elementos de convicción que se tenga, y estos sean conducentes, pertinentes y útiles.

Por consiguiente, sea objeto de prueba en juzgamiento al calor del contradictorio procesal. En buena cuenta, se resuelva el mérito. Es decir, si se prueba que aquellos frutos o ganancias sean de procedencia antijurídica y no destaque la presunción de accesoriedad.

3. Incautación y presunción de accesorios

Por regla general, para asistirse de las ganancias vinculados o relacionados al delito; median actos jurídicos válidos. Sin embargo, lo relevante es la procedencia antijurídica de dichas ganancias. Por tanto, quien alegue ello deberá corroborar.

Si bien los efectos constituyen el provecho inmediato de la conducta constitutiva de delito. Las ganancias constituyen lo mediato. Por tanto, sobre ella opera la presunción de los frutos o accesoriedad.

La determinación de esta relación queda normalmente sujeta a la declaración de las partes o a lo que prescriban los usos del tráfico; siempre que en algunos casos esa función es realizada por vía normativa. La “relación de servicio” exige que exista una “relación de espacio”, esto es, una cercanía de lugar entre lo principal y lo accesorio, de modo que – parafraseando, posibilite o facilite la utilización económica de aquel. Basta la “posibilidad” no la “efectividad”, esto es, no se requiere que los accesorios se hayan empleado realmente (Barrón, Curso de Derechos Reales, 2003, pág. 357).

En efecto, son ganancias o frutos que se desprenden de actos válidos, pero con procedencia antijurídica. Por tanto, el agente lo obtiene a partir de los efectos de la realización de una conducta constitutiva de delito. Por tanto, para que opere esta presunción de accesoriedad; además de la posesión y su presunción de propiedad, corresponde su probanza a quien alegue lo contrario.

Art. 888.- Noción de bienes accesorios

Son accesorios los bienes que, sin disminuir su individualidad, están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien.

La afectación sólo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga derecho a disponer de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros.

Los accesorios pueden ser materia de derechos singulares.

El aprovechamiento de un bien para la finalidad económica de otro no le otorga la calidad de accesorio.

La separación provisional del accesorio para servir a la finalidad económica de otro bien, no le suprime su calidad.

Por esa razón, no está directamente ni inmediatamente vinculada a la conducta constitutiva de delito. Dado que, sobre estas median actos jurídicos válidos por lo general.

Por ejemplo, los intereses que produce el dinero depositado en una cuenta bancaria, el cual proviene del efecto producto del tráfico ilícito de drogas, posibles inmuebles o muebles y su arrendamiento; por consiguiente. De ese modo, lo que produce se constituye en ganancias presuntamente de procedencia antijurídica.

Si se hipoteca una explotación industrial, sirven al propósito – parafraseando, de este edificio las máquinas y utensilios destinados a esta explotación, las cuales pasan a tener condición de “accesorios”. Por tanto, la ejecución judicial de la hipoteca comprenderá el bien principal (inmueble) y los accesorios (máquinas y utensilios). Si bien el art. 1101 del C.C señala que la hipoteca se extiende a los accesorios, NO PRECISA CUALES SON ESTOS, por lo que debe recurrirse a la voluntad de las partes o a los usos del tráfico (Barrón, Curso de Derechos Reales, 2003, pág. 357).

Así, si eventualmente esa hipoteca se realizó sobre un bien industrial producto del tráfico ilícito de drogas; lo que produce, constituyen ganancias, de los efectos directos de la conducta constitutiva del delito(TID). Para la adquisición, de dichos utensilios, median por regla general, actos jurídicos válidos. Por ende, ciertamente constituye patrimonio; pero se trata de ganancias de procedencia antijurídica, cuya procedencia es de manera mediata no inmediata a la conducta constitutiva de delito(TID).

Esta regla es de suma importancia en los embargos judiciales sobre bienes muebles, puesto que el afectado podrá rechazar la medida de afectación si prueba la posesión sobre el bien inmueble, debiendo presumirse que los bienes muebles hallados en él también están bajo la esfera del mismo poseedor (Barrón, Curso de Derechos Reales, 2003, pág. 358).

Por esa razón, el tema radica en el poseedor mediato e inmediato, arrendatario por ejemplo y el arrendador; si eventualmente recae una incautación sobre los bienes del arrendatario, corresponderá que también se pruebe la no presunción de accesorios. En consecuencia, la procedencia antijurídica de dichos bienes.

La importancia de determinar si un objeto es “accesorio” respecto a un bien principal se encuentra en la consecuencia jurídica que ello produce: el accesorio sigue la suerte del principal (art. 889 C.C.), es decir, aquél es atraído a la órbita jurídica de éste (Barrón, Curso de Derechos Reales, 2003, pág. 358).

4. Ganancias, incautación y faltas

Esta lógica, es de aplicación no solo en delitos; sino también en faltas; para lo cual la norma remite al art. 440 del Código Penal(CP). Puesto que, refiere que las disposiciones referidas a la Parte General resultan aplicables también a la Parte Especial(faltas). Por tanto, serán incautados los objetos, instrumentos, efectos o ganancias, en la realización de faltas cuando se advierta procedencia antijurídica.

Art. 440.- Disposiciones comunes

Son aplicables a las faltas las Disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

  1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444.
  2. Solo responde el autor.
  3. Las penas que pueden imponerse son las limitativas de derechos y multa, salvo los casos de reincidencia o habitualidad en faltas dolosas reguladas en los artículos 441 y 444, en cuyos casos se reprime con pena privativa de libertad del delito aplicable.
  4. Los días – multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta.
  5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de reincidencia y habitualidad, prescriben a los dos años. Las faltas previstas en los artículos 441 y 444 prescriben a los tres años, salvo en los supuestos de reincidencia o habitualidad, en cuyo caso es de aplicación el art. 80.
  6. La investigación está a cargo de la autoridad policial y el juzgamiento corresponde a los jueces de paz letrados o a los jueces de paz.
  7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado, salvo en el caso de reincidencia en las faltas dolosas previstas en los artículos 441y 444, según lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo.

De conformidad con el artículo 440 del Código Penal, son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, libro que está referido a la Parte General, siendo las únicas excepciones la no aplicación de la tentativa, la responsabilidad solo del autor, la aplicación de penas solo limitativas de derechos y multas, la prescripción de la acción penal en un año, y la competencia de investigación que recae en la policía y el juzgamiento en el juez de paz letrado, siendo que el resto de disposiciones contenidas en la parte general le son aplicables, dentro de ellas el decomiso (Cancino, 2020, pág. 40).

5. Referencias

Barrón, G. G. (2003). Curso de Derechos Reales. Lima: Jurista Editores.

Barrón, G. G. (2011). La posesión precaria. Lima: JURISTA EDITORES.

Cancino, C. M. (2020). Universidad Privada Antenor Orrego Escuela de Posgrado. Obtenido de El decomiso e incautación. Requerimiento de su aplicación en las investigaciones por el delito de colusión en la fiscalía anticorrupción Del Santa periodo 2017 – 2018.: El decomiso e incautación. Requerimiento de su aplicación en las investigaciones por el delito de colusión en la fiscalía anticorrupción Del Santa periodo 2017 – 2018.


[1] Abogado independiente y miembro actual del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni.

[2] Presunción de propiedad que opera sobre la posesión. Por tanto, quien alegue lo contrario corresponde su probanza o corroboración.

[3] Los efectos es lo inmediato que genera el delito. Por ejemplo, las dadivas en el cohecho.

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