Gobiernos Regionales pueden inaplicar la Ley 31973 que promueve deforestación en ejercicio del control de convencionalidad

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¿Puede un funcionario público de un gobierno regional incumplir la Ley 31973 que promueve la deforestación, por control de convencionalidad invocando que viola la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), opiniones consultivas o la jurisprudencia de la Corte IDH?

El control de convencionalidad es la facultad de los jueces de inaplicar leyes y normas que vayan contra la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y las opiniones consultivas. Luego esta facultad se amplió a todo funcionario, e incluso de oficio, sin que nadie se lo pida.

La pregunta entonces es:

¿Están los funcionarios públicos de los gobiernos regionales obligados a respetar las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de protección de los pueblos indígenas?

Esta pregunta resulta clave ya que el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida ha sido desarrollado por la Corte IDH en la sentencia Lhaka Honat vs Argentina y en la Opinión Consultiva 023 ambas de la Corte IDH, donde reconoce los principios ambientales de sostenibilidad, conservación, prevención, etc. 

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Estas reglas de la Corte IDH sabemos todos que de acuerdo con el art. VIII del Título Preliminar de la Ley 31307, tienen rango constitucional, aun cuando de origen convencional.

Entonces, corresponde hacer control de convencionalidad no solo a los jueces, sino también a todo funcionario público (del MINEM, de los gobiernos regionales, y de todo órgano del Estado), entre actos normativos o administrativos que violen o contradigan estándares adoptados por la Corte IDH en su jurisprudencia, como lo habilita las sentencias de la propia Corte IDH. 

En otras palabras, los funcionarios de los gobiernos regionales deben inaplicar normas y evitar tomar decisiones, cuando estas colisionan con estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, sobre medio ambiente y en general sobre derechos humanos. Esto se llama control de convencionalidad.

El fundamento de esta obligación la encontramos en dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de conformidad con el artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, es vinculante para el Estado peruano. Me refiero a los casos de la Corte IDH Cabrera García y Montiel Flores contra México, 2010 (párrafo 225) y en el caso Gelman contra Uruguay, 2011 (párrafo 239). 

“La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática Interamericana297. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. 

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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley”. (Corte IDH, caso Gelman contra Uruguay, 2011, párrafo 239). 

Las obligaciones del Estado en materia de protección del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida

En relación con la protección del medio ambiente el Estado tiene las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con afectaciones producidas por daños al medio ambiente.

i. La obligación de respeto del medio ambiente

En relación con la obligación de respeto del derecho a vivir en un ambiente sano, la Corte IDH ha señalado que “los Estados deben abstenerse de (i) cualquier práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso, en condiciones de igualdad, a los requisitos para una vida digna, como lo son, el agua y la alimentación adecuada, entre otros, y de (ii) contaminar ilícitamente el medio ambiente de forma que se afecte las condiciones que permiten la vida digna de las personas, por ejemplo, mediante el depósito de desechos de empresas estatales en formas que afecten la calidad o el acceso al agua potable y/o a fuentes de alimentación”. (OC 023 del 2017, párrafo 117).

ii. La obligación de garantía del medio ambiente

De otro lado, la obligación de garantía “implica que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos a la vida y a la integridad”. Para la Corte IDH, “la obligación de garantía se proyecta más allá de la relación entre los agentes estatales y las personas sometidas a su jurisdicción, abarcando asimismo el deber de prevenir, en la esfera privada, que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos”. 

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Añade la Corte IDH que “Este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”.

iii. Las obligaciones del Estado que concretan la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos

Para la Corte IDH, “existen ciertas actividades que entrañan riesgos significativos para la salud de las personas y, por lo tanto, los Estados están en la obligación de regularlas de manera específica y que dicha regulación incluya mecanismos de supervisión y fiscalización”. (OC 023 de 2017, párrafo 141). La Corte IDH insiste en la obligación del Estado de usar todos los medios para prevenir daños al medio ambiente.

“De igual manera, en virtud del deber de prevención en derecho ambiental, los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, el cual debe ser el apropiado y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental. De esta forma, las medidas que un Estado deba adoptar para la conservación de ecosistemas frágiles serán mayores y distintas a las que corresponda adoptar frente al riesgo de daño ambiental de otros componentes del medio ambiente. Asimismo, las medidas para cumplir con este estándar puede variar con el tiempo, por ejemplo, en base a descubrimientos científicos o nuevas tecnologías. No obstante, la existencia de esta obligación no depende del nivel de desarrollo, es decir, la obligación de prevención aplica por igual a Estados desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo”. (Corte IDH, Opinión Consultiva 023- del 2017, párrafo 142)

Sobre la OC 023 ver https://enfoquederecho.com/…/09/el-otro-acuerdo-de-escazu/?#

Abajo una resolución de un funcionario del Gobierno Regional de Loreto, que 1) reconoce la fuerza normativa de las sentencias de la Corte IDH y de los tratados internacionales de derechos humanos, y que 2) las aplica, haciendo control de convencionalidad.

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