Grave Retroceso Judicial en torno al Derecho a la Protesta Social en el Perú

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Presentación

El presente informe es un análisis de una sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú que, en vía de recurso de casación, confirmó la condena penal contra dirigentes campesinos. Estos dirigentes habían participado en una protesta social contra una empresa minera en el sur del país, específicamente en la localidad de Las Bambas. Esta protesta se enmarca en un conocido conflicto socioambiental. 

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El delito por el que fueron condenados es el tipificado en el artículo 283 del Código Penal vigente en el Perú. Dicho artículo tipifica el tipo penal de “entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”, y sanciona con privación de libertad de cuatro a seis años a quien, “sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados”. 

En este caso, los dirigentes campesinos fueron condenados por haber obstruido durante algunas horas la carretera que permite que una empresa minera transporte el mineral que extrae en camiones hacia los puntos de exportación o de comercialización.

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La sentencia representa un preocupante retroceso en el reconocimiento del derecho fundamental a la protesta social en el Perú, reconocido no sólo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también por los informes de la Comisión Interamericana. Además, este derecho ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. 

En ese sentido, este informe analiza de manera crítica esta decisión jurisdiccional a la luz no sólo de la dogmática penal, sino de los estándares interamericanos ya desarrollados en torno a la protesta social pacífica y que, precisamente, van en sentido contrario a la criminalización de la misma.

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