Hurto agravado: falta de requerimiento válido para el cumplimiento de reglas de conducta y pago de reparación civil [Recurso de Nulidad 1486-2019, Lima]

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Hurto agravado: falta de requerimiento válido para el cumplimiento de reglas de conducta y pago de reparación civil

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Infracción a la motivación de las resoluciones judiciales

Sumilla. En el caso concreto, conforme al contenido del requerimiento descrito en el fundamento 13, no se habría cumplido con realizar un requerimiento válido para el cumplimiento de las reglas de conducta y el pago de la reparación civil, pues el citado decreto no contiene en forma expresa e inequívoca el apercibimiento que, en la eventualidad de su incumplimiento, se haría efectivo. Suma a ello, que la decisión del juez de primera instancia refleja que el reclamo de la notificación es un exceso de formalismo, argumento que fue validado por la Sala Superior. Tampoco, se analizó si el incumplimiento de las reglas de conducta tiene la entidad suficiente como para concluir que el agente defraudó las expectativas de readaptación social y que la única vía para lograr los fines de la pena es la reclusión, conforme a los parámetros fijados por este Supremo Tribunal.

Lima, cinco de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO: se pronuncia este Supremo Tribunal sobre el recurso de nulidad interpuesto por la sentenciada KELLY ELISA PISFIL FARRO –concedida vía recurso de queja excepcional– contra el auto de vista, emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 8 de agosto de 2017, en el extremo que confirmó la resolución del 11 de noviembre de 2016, que resolvió revocar la condicionalidad de la pena impuesta a la recurrente, ordenándose se haga efectiva la pena privativa de la libertad impuesta.

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En la sentencia que la condenó como cómplice primaria, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en perjuicio de la Fuerza Área del Perú, se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, bajo reglas de conducta, entre ellas: d) restituir los bienes materia de sustracción o el valor de los mismos, bajo apercibimiento de aplicársele lo prescrito en el artículo 59 del Código Penal, y al pago de S/ 5000,00 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria con sus cosentenciados.

De conformidad con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema Pacheco Huancas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se atribuyó a la sentenciada Gisela Judith Rojas Quispe, que valiéndose de su experiencia laboral en calidad de encargada de la calificación y aprobación de la asociación agraviada, en el mes de mayo de 2009, tramitó y calificó 4 solicitudes de crédito sin sustento documentario, los mismos que no fueron observados por el área de control, siendo aprobadas por el jefe de crédito social, Dick Anthony Castillo Inca.

En esas circunstancias, se habría utilizado el nombre de 4 socios y a fin de ser aprobado el crédito y pasar luego a la sección de caja, no sin antes haber manipulado la base informática (sistema de génesis), para cambiar los datos del solicitante a fin de generar un archivo de texto (orden de pago) para transferirles a otras personas a través del Banco Interbank –página web–, logrando que personas no asociadas a la entidad agraviada logren cobrar créditos conforme al AMSI-NRO.024-2009.

Así, el crédito supuestamente solicitado por el Técnico FAP Walter Rojas Meza por la suma de S/ 5000,00 (cinco mil soles) fue cobrado por la sentenciada Juana Iris Terán Hernández, el crédito solicitado por Marco Antonio Peredo Zúñiga por la suma de S/ 3200,00 (tres mil doscientos soles) fue cobrado por el sentenciado Edgardo Pérez Hernández, el crédito solicitado por Marco Antonio Luna Martínez por S/ 2700,00 fue cobrado por la sentenciada Kelly Elisa Pisfil Farro y el crédito solicitado por Mardonio Pereda Ruiz por S/ 3600,00 fue cobrado por la sentenciada Victoria Antonia Quispe Cárdenas.

Por su parte, la sentenciada Gisela Judith Rojas Quispe reconoció haber cometido el ilícito manifestado y afirmó que sus cosentenciados se quedaban con parte del dinero que cobraban pues lo hacían de favor.

ANTECEDENTES DEL RECURSO DE NULIDAD

2. El recurso de nulidad ha sido admitido vía queja excepcional, por Ejecutoria Suprema N.° 275-2018 Lima, del 18 de enero de 2019, la cual declaró fundada en parte, por la presunta infracción al derecho de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales, sobre la base que la recurrente no ha sido notificada en forma expresa e inequívoca con el apercibimiento decretado –revocatoria de suspensión de pena–.

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FUNDAMENTOS DEL AUTO IMPUGNADO

3. Respecto al extremo recurrido, el Tribunal Superior, en el auto de vista, fundamentos II, VI, VII, y VIII –página 1276–, en el extremo de la sentenciada Kelly Elisa Pisfil Farro, razonó lo siguiente:

3.1. La recurrente fue válidamente notificada con la sentencia condenatoria del 19 de junio de 2014, que le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas, “restituir los bienes materia de sustracción o el valor de los mismos, bajo apercibimiento de aplicársele lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento, y al pago de S/ 5000,00 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria con sus cosentenciados.

3.2. El Código Penal, en el artículo 59, no obliga al juez aplicar las alternativas que contiene el dispositivo en forma sucesiva. La suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras; esto es, la amonestación o prórroga del periodo de suspensión.

3.3. La sentenciada ha registrado su firma en forma parcial, conforme aparece en el reporte de medidas coercitivas registradas en la sede. Entonces, la resolución impugnada está debidamente motivada porque analizó el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en la sentencia.

3.4. Añade, en relación la notificación defectuosa. Es cierto, la sentenciada varió su domicilio procesal el 22 de julio de 2014; sin embargo, el 2 de julio de 2014, fue notificada del acto de lectura de sentencia del 19 de junio de 2014 – notificada el 23 de mayo de dos mil catorce–. Por ello, ante el incumplimiento de las reglas de conducta, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente se le aplique las dos primeras alternativas que prevé el citado artículo 59 del Código Penal.

[Continúa…]

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