Importancia de las formalidades para la emisión de leyes y la jerarquización normativa [Sentencia A.P. 001691-2012, Lima]

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Importancia de las formalidades para la emisión de leyes y la jerarquización normativa

1. INTRODUCCIÓN:

Cuando se toca el tema de Introducción al Derecho, se nos presenta la jerarquización de las normas, teoría hecha por Kelsen, quien, siendo consciente de la mayor importancia de algunas disposiciones a diferencia de otras, le concede relevancia. Sin embargo, estas categorías no están libres de formalidades, sino todo lo contrario, pues de ellas dependen su eficacia para su aplicación.

2. SUMILLA:

El dispositivo legal impugnado no viene viciado de inconstitucionalidad, es norma reglamentaria que guarda coherencia con la Ley General de Aduanas, e integra el ordenamiento jurídico en materia de legislación aduanera; promulgado conforme al procedimiento constitucional, con la publicación oficial, regula el monto de las multas aplicables a las infracciones previstas en el artículo 103 de las Ley General de Aduanas; manteniendo la presunción de validez constitucional.

[Lee también: Todo término contractual no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase [Expediente N.° 003-2004-AI/TC]

3. FUNDAMENTOS RELEVANTES:

6.2 Al respecto, se tiene presente que las normas legales gozan de presunción de validez constitucional, además que éstas son obligatorias durante su vigencia conforme lo ordena el artículo 109 de la Constitución Política del Estado: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación (….)”6 ; en tanto hayan sido promulgadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución, las leyes gozan de legitimidad7 ; como señala la doctrina especializada, se debe suponer a priori que la norma no se encuentra viciada de ilegitimidad, en ese orden quien enjuicie la norma debe cumplir con la exigencia de demostrar objetivamente dicha inconstitucionalidad

6.4 Asimismo, el decreto supremo cumple el requisito de validez constitucional al contar con el refrendo del Ministro de la cartera de Economía y Finanzas, cumpliendo la exigencia prevista en el artículo 120 de la Constitución Política vigente. La norma impugnada viene a ser la reglamentación de una ley, no siendo exigible que la tabla que establece la multa aplicable sea aprobada por ley, pues se está reglamentando en función de la Ley General de Aduanas que establece en su artículo 103, las infracciones sancionables; no estando ante un caso de creación, modificación, derogación o exoneración de tributos, que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política, se encuentran reservados a las leyes o decretos legislativos; habiendo interpretado el Tribunal Constitucional, que la reserva de ley en materia tributaria conforme a la norma constitucional antes citada, es en principio una reserva relativa, siendo posible derivaciones al reglamento cuando los parámetros están claramente establecidos en la propia ley9 ; supuesto que cumple el decreto supremo impugnado, que aprueba la tabla de sanciones conforme a la referencia normativa del artículo 103 de la Ley General de Aduanas que tiene regulado los casos de infracción sancionables con multa.

[Lee también: Derecho a la Pluralidad de las Instancias [Expediente N ° 01251-2017-PHC/TC]


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE 

Tema: Acción Popular contra el Item 1 del Decreto Supremo 013-

2005-EF, publicado el 28/01/2005, en relación a las Infracciones sancionables con multa, numeral 4 literal D), Tabla de Sanciones aplicable a las infracciones previstas en el T.U.O. de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 129-2004-EF

Lima, veintitrés de mayo de dos mil trece.-

I. VISTOS:

I.1 Objeto de grado.

El recurso impugnatorio de apelación formulado por el demandante don Félix Salvador Ríos Vargas, contra la sentencia de primera instancia, resolución número veintidós, de fecha primero de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, que declara infundada la demanda de Acción Popular interpuesta por la parte recurrente contra el Ministerio de Economía – MEF y otro, con lo demás que contiene.

I.2  Fundamentos de la sentencia apelada.

La resolución número veintidós, de fecha primero de diciembre de dos mil once, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, que declara infundada la demanda de Acción Popular interpuesta por don Félix Salvador Ríos Vargas con el Ministerio de Economía y Finanzas  – MEF y otro;   se fundamenta en que no existe incompatibilidad formal en la dación de la norma impugnada, que fue expedida conforme a la Carta Magna y Ley General de Aduanas; que tampoco existe incompatibilidad en el fondo con la Constitución Política del Estado, debido a que la tabla de sanciones contempló aplicar multa administrativa por la infracción de no consignar en la declaración, los códigos aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta liquidación de los tributos y derechos antidumping o compensatorias de ser el caso; que la obligación a cargo del Agente de Aduanas se encuentra regulada en el inciso c) del artículo

100 del Texto Único Ordenado la Ley General de Aduanas;

[Continúa]

[También te puede interesar: TC reconoce el “derecho al olvido” [Expediente N.° 03041-2021-PHD/TC]

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