Inaplicación de atenuante de la responsabilidad restringida por la edad vulnera el principio de igualdad [Expediente 11304 – 2017, Sullana]

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Inaplicación de atenuante de la responsabilidad restringida por la edad vulnera el principio de igualdad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE

Lima, cinco de febrero de dos mil veintiuno

VISTA; en discordia, la presente causa en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, con el voto de la señora Jueza Suprema HUERTA HERRERA, que se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR Y LINARES SAN ROMÁN incorporado de fojas noventa y cuatro a cien y, a fojas ciento cinco del cuaderno de consulta formado en esta Sala Suprema, se emite la siguiente sentencia; y el voto en minoría de los señores Jueces Supremos RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO Y BUSTAMANTE ZEGARRA que obran de fojas ochenta y uno a noventa y tres del cuaderno de consulta; asimismo, habiéndose dejado oportunamente en Relatoría de esta Sala Suprema los votos emitidos por los señores Jueces Supremos RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, WONG ABAD y CARTOLIN PASTOR, obrantes de fojas ochenta y uno a noventa y tres y de fojas noventa y cuatro a cien; los mismos que no suscriben la presente, de conformidad con los artículos 141, 142, 148 y 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejándose constancia de los mismos para los fines pertinentes de acuerdo a ley.

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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Es materia de consulta la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y tres, mediante la cual, ejerciendo control difuso, se declaró inaplicable, el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal (en su tenor modificado por la Ley N° 30076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece), por incompatibilidad con el derecho a la igualdad (reconocido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado).

SEGUNDO.- Al respecto, debe indicarse en principio que la consulta debe ser entendida como una institución procesal de orden público que viene impuesta por la ley, así, en estricto, no puede ser considerada un recurso sino como un mecanismo procesal a través del cual se impone al órgano jurisdiccional el deber de elevar el expediente al Superior Jerárquico; y, a éste el deber de efectuar el control de la constitucionalidad de la resolución dictada en la instancia inferior.

TERCERO.- Ahora bien, el mecanismo del control difuso se encuentra contemplado en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que: “ (…) En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los Jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.

Entonces, de acuerdo a ello, la Carta Magna reconoce la supremacía de la norma constitucional sobre cualquier otra norma, facultando a los Jueces a ejercer control difuso.

CUARTO.- Sobre el particular, el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93- JUS, señala que: “(…), cuando los Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación. En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular”.

En consecuencia, las sentencias en las que se realice control difuso deben ser elevadas en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 408 del Código Procesal Civil.

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QUINTO.- En este contexto, a través de la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y tres, que es materia de consulta, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, confirmó la sentencia que condenó, a Richard Arnold Rivera Gallo y otro como coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (previsto en los incisos 2, 3, 4 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, en agravio de Gilmer Joel Checa Nombera, y modificó la pena impuesta de doce años a ocho años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva, para el caso de Richard Arnold Rivera Gallo, pena que se computa desde el primero de octubre de dos mil quince y que vencerá el treinta de marzo de dos mil veinticuatro.
A tal efecto, sostiene el Colegiado Superior que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, conforme al cual no se encuentran comprendidos en el supuesto del primer párrafo del mismo artículo (referido a la responsabilidad restringida por la edad) aquellos que hayan cometido, entre otros, delitos de robo agravado, resulta inaplicable al caso de autos, en tanto que colisiona con el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Estado que reconoce el derecho de igualdad ante la ley.

SEXTO.- En tal sentido, se aprecia que la Sala Superior ha sustentado las razones para realizar el control difuso, al considerar, el Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116 de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, donde se estableció como doctrina jurisprudencial “que el control difuso es de aplicación para todos los jueces de la jurisdicción ordinaria y como tal tienen la obligación de inaplicar normas que colinden con la Constitución …” así como lo señalado por el Tribunal Constitucional en relación al control difuso; del mismo modo, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, tal como la Casación N° 335-2015 Del Santa de fecha uno de junio de dos mil dieciséis. Por lo que siguiendo los criterios jurisprudenciales antes citados inaplicó para el caso concreto la modificatoria del artículo 22 del Código Penal, que estableció la prohibición de reducción prudencial de la pena por la edad, esto es, responsabilidad restringida, para delitos como robo agravado.

SÉPTIMO.- En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse sobre el control de la constitucionalidad realizado por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Sullana, la cual, como venimos diciendo, inaplicó al caso concreto lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal por preferir lo prescrito en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

OCTAVO.- Bajo ese orden de ideas, para un mejor análisis del tema que es materia de la consulta, es preciso tener en cuenta el marco legislativo que resulta aplicable en torno a la responsabilidad restringida de las personas comprendidas entre los dieciocho y veintiún años de edad. Así, debemos mencionar que el artículo 22 de Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo N°635, dispuso en su texto ori ginal que cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, se podía reducir prudencialmente la pena señalada en la ley para el hecho cometido. Sin embargo, éste artículo fue modificado por el artículo único de la Ley N° 27024, publicada el veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; por el artículo 1 de la Ley N° 29439, publicada el diecinueve de novi embre de dos mil nueve; y, posteriormente, por el artículo 1 de la Ley N° 3 0076, publicada el diecinueve de agosto de dos mil trece (el cual resulta aplicable por razón de temporalidad), cuyo segundo párrafo estableció que queda excluido de la responsabilidad restringida por la edad, el agente que haya incurrido, entre otros, en delito de robo agravado.

[Continúa…]          

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