Indecopi multa a universidad por expulsar arbitrariamente a estudiante [Resolución 0005-2024/SPC-INDECOPI]

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EL ABUSO QUE LOGRÉ FRENAR DE LA UPC

Por: Faustino Martín Quispe Montero [1]

Estoy iniciando muy bien este año, hace POCOS días me notificaron una de las primeras resoluciones del año 2024 emitidas por el INDECOPI, Resolución 005-2024/SPCINDECOPI, que tuvo como origen una expulsión arbitraria por parte de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas del Perú – UPC, contra una alumna. Dicha entidad educativa fue asesorada por un “gran” estudio, firmas jurídicas que suelo enfrentar en los temas de derecho de mercado, siendo los números muy favorables a mi cartera jurídica como especialista profesional. 

Esta Resolución, aparte de su particularidad, es necesario comentarla, porque no sólo se emite por una revocación contra la resolución de la Comisión de Protección al Consumidor por medio de la Sala competente; que ya es mucho, sino, además, porque se logró reincorporar a las aulas universitarias a una alumna que indebidamente se le había expulsado de los claustros de la UPC. 

Remitiendo al tema central, el caso trata de una alumna que fue sancionada, debido a un actuar censurable contra el Centro de Idiomas de la UPC, pero hasta ahí nomás; no obstante, la misma UPC, mediante un exabrupto “antojo de leguleyada”, extiende su competencia y le apertura un procedimiento administrativo disciplinario expulsándola de manera indebida, vulnerando variopintos principios del derecho del consumidor, administrativo y constitucional. 

Ante ello, la víctima solicitó mis servicios, para que la pueda defender como usuaria o consumidora estudiantil, debido al mencionado abuso. Al realizar un análisis jurídico encontré vulneraciones al deber de idoneidad en temas de consumo, atentados a la legalidad, debido procedimiento, tipicidad y taxatividad del derecho administrativo y vulneración a su derecho fundamental a la educación, que es uno de los pocos derechos sociales que se protegen como tal más allá que un derecho constitucional. 

¿En el caso que patrociné la alumna se equivocó? 

Por supuesto que sí; no obstante, ello no es patente de corso para que la universidad denunciada extralimite su competencia, vulnerando el principio de legalidad, en una velada movida por lograr una administrativización de una norma con rango de ley, aplicando erróneamente la tipicidad con una norma de rango inferior – reglamento, que separó groseramente a la denunciante de la institución educativa universitaria; peor aún, basado en un reglamento que inclusive no le correspondía. El problema aquí es cuando algunas universidades actúan draconianamente, aplicando incorrectamente sus normativas internas; atentando así derechos fundamentales y proyectos de vida de sus estudiantes. Entiendo que algunas autoridades quieran cumplir el rol de puritanas; sin embargo, ello debe de realizarse dentro de las parámetros objetivos y facultades que le otorga la ley; porque de lo contrario, pasan al estatus de autoridad despótica. 

En cuanto a la defensa a las distintas universidades por parte de algunas firmas jurídicas, es menester testimoniar que cuando defendí y asesoré a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en temas de Derecho de la Competencia, Consumidor, Propiedad Intelectual e Industrial, administrativo y constitucional como en un par de casos a la Universidad Católica Sedes Sapientiae y una general “asesoría” externa a funcionarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo importante no era lucrar y cobrar las horas que te pueden pagar las casas de estudios, sino emitir un informe técnico o asesoría legal, por cualquier medio escrito u oral, con la altura jurídica y probidad, de cuál sería la probabilidad que sean o no favorables cada caso en concreto. Más aún, cuando se está en frente la formación de una persona que con tu opinión puedas arruinarle la vida académica, debido a un interés económico, unos dólares más en tus bolsillos como firma jurídica no justifica este atropello. 

Por mi parte, he tratado de mantener mi postura jurídica ante las universidades que asesoré; con argumentos sólidos y constantes, como los casos en que no se debe denunciar al alumnado sino fuese lo legalmente correcto, o ya no seguir en un procedimiento administrativo sancionador, o evitar la exageración de aplicar los reglamentos con sanciones inapropiadas; orientando que sigan lo dispuesto por mi persona, para eso eres su abogado y en su gran mayoría aceptaron mi propuesta, actuar que comparto en mis cátedras para los futuros profesionales en derecho. No digo que haya pasado con el estudio que fue contrario a mí en este procedimiento, pero de haberse omitido esta exigencia, sería una grave falta ética profesional. 

Finalmente, por atentar contra el proyecto de vida de la estudiante, así como acumularle otros daños, no tengan duda que iremos inexorablemente a solicitar una indemnización ante el Poder Judicial y buscar a los responsables por este enorme abuso, en la que acertadamente la Sala de Protección al Consumidor evitó a que se siga materializando. 

¡Enhorabuena por la correcta tutela administrativa de mi país!

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[1] El autor, Faustino Martín Quispe Montero, es abogado en derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; con estudios de postgrado en derecho por la Universidad Alcalá de Henares de España (Máster Oficial) y por la Universidad Complutense de Madrid (Doctorando en Derecho Mercantil-Competencia). Especialista en Derecho de la Competencia, Publicidad, Consumidor, Propiedad Intelectual y Regulación y Servicios Públicos, con docencia en derecho de dichas materias en distintas casas de estudios universitarios. Actualmente es asociado del Estudio Fernández Mendez, Quispe Montero & Abogados.