Indemnización [Casación 1177-2022, Loreto]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL TRANSITORIA

VISTOS: El veintiocho de enero de dos mil veintitrés se creó la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por Resolución Administrativa Nº 000056-2023-CE-PJ, por el término de tres meses, entrando en funciones a partir del primero de junio de dos mil veintitrés. Recibido el expediente en cumplimiento a lo ordenado por Resolución Administrativa Nº 000010-2023-SP-CS-PJ, teniendo a la vista el oficio número 050-2023-SCP-P-CS-PJ, de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Presidencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, 

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por el cual comunica que la entrega de los expedientes sería efectuada por intermedio de su jefe de Mesa de Partes. Por Resolución Múltiple Nº 2 del nueve de junio de dos mil veintitrés, el Colegiado de la Sala Civil Transitoria resolvió: 1) Disponer la recepción de todos los expedientes remitidos por la Sala Civil Permanente, aun cuando no cumplan con los lineamientos establecidos en el Oficio Múltiple Nº 001-2023-EBO-SCT-SC-PJ; y. CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de páginas 37 y siguientes del cuadernillo, del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, interpuesto por Roldan Ruiz Ruiz, Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto, contra la sentencia de vista, número treinta y seis, de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha primero de abril de dos mil diecinueve, de páginas 16 y siguientes del cuadernillo, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Josefina Landeo Revilla y Buenerges Tapullima Yuyarima y ordena que el Gobierno Regional de Loreto en el término de ley, cumpla con pagar a la demandante la suma de s/.28,372.24 (veintiocho mil trescientos setenta y dos con 24/100 soles) por concepto de indemnización justipreciada, así como al pago de intereses generados desde la fecha de contingencia hasta la fecha del real pago, que se liquidarán en ejecución de sentencia. 

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SEGUNDO: La entidad recurrente, alega la infracción normativa referida al principio de congruencia procesal en la modalidad de incongruencia fáctica ya que, se ha apartado de los hechos y los medios probatorios propuestos, vulnerando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que, según el recurso, no están acreditados los requisitos necesarios para la responsabilidad civil. Que, la Sala Superior no ha tenido en cuenta que la demandante no acreditó las formas y circunstancias en las que acontecieron los hechos; tampoco que, la ley número 28687 “Ley de Desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos” y su reglamento, han declarado la reversión de todos los predios rústicos al dominio del Estado, aun cuando hayan sido adjudicados a título oneroso. Que, en este caso, el juzgado y la Sala se han valido de un peritaje civil, para determinar el monto de la indemnización y “(…) que la Sala Suprema debe tener en cuenta los medios probatorios presentados, los fundamentos fácticos legales del escrito de demanda; a fin de determinar que lo pretendido no se encuadra dentro de los presupuestos legales antes glosados …” (sic). Alega, infracción normativa que incide directamente en la decisión adoptada, como es, la contenida en los artículos 196, 197 y 188 del Código Procesal civil; y de la ley número 28687 y su reglamento, el Decreto Supremo número 018-2006-AG, que dispone la reversión de los predios rústicos del Estado. 

[Continúa …] 

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