Interés Superior del Niño: precisan pautas para su aplicación

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Interés Superior del Niño precisan pautas para su aplicación

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Máximo colegiado resuelve un proceso de contravención a los derechos del niño y adolescente. Más detalles aquí.

El interés superior del niño, como principio fundamental y constitucional, exige, como tal, considerar caso a caso los hechos y la situación del menor afectado; elegir, entre las múltiples posibilidades interpretativas, la situación que más conviene a su cuidado, protección y seguridad; y adoptar una decisión que estime las posibles repercusiones en él.

Es lo que determinó la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia correspondiente a la Casación N° 313-2021 Cajamarca, emitida por su Sala Civil Permanente.

Con este fallo, el supremo tribunal declaró fundado aquel recurso interpuesto en un proceso de contravención a los derechos del niño y adolescente y, delimita las pautas para la aplicación del principio de interés superior del niño.

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Fundamento

A partir del análisis de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990 y ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 25278, la sala suprema colige que este documento constituye un instrumento internacional vinculante para los Estados parte respecto al tratamiento de la infancia.

Este instrumento internacional, inspirado en la denominada “Doctrina de la Protección Integral”, reconoce a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, cuyo sustento se resume en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto de la opinión del niño en todos los asuntos que le afecten, señala el colegiado supremo acogiendo la postura jurídica de la especialista María Isabel Sokolich Alva.

En ese contexto, el artículo 3° de la citada convención prescribe: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Afirmación que se complementa y amplía en el artículo 19°, que establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, detalla el supremo tribunal.

El mismo criterio, añade, quedó reiterado y desarrollado en el artículo 3.1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989.

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A tono con ello, en el plano interno y en una línea muy semejante a la supranacional, la sala suprema considera que resulta de particular relevancia lo dispuesto en el artículo 4° de nuestra Constitución: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

Esto, teniendo en cuenta que el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes dejó claramente establecido: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”, precisa el colegiado supremo.

Por consiguiente, la máxima instancia judicial determina que el interés superior del niño exige tomar en cuenta en cada caso en concreto, los hechos y la situación del menor afectado; así como elegir, entre las posibilidades interpretativas, la situación que más conviene a su cuidado, protección y seguridad; y adoptar una decisión que considere las posibles repercusiones en él.

Decisión

En el caso materia de la casación, una institución interpone una demanda contra dos mujeres, por contravención al derecho a la integridad personal en la modalidad de maltrato psicológico y al libre desarrollo y bienestar de una niña de un año y dos meses y de una adolescente.

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El juzgado correspondiente declaró fundada la demanda, y en apelación la sala superior civil competente la declaró infundada, ante lo cual la institución demandante interpuso recurso de casación alegando, entre otras razones, que el colegiado superior al emitir su sentencia incurrió en infracción normativa de los artículos 3° numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, referente al interés superior del niño.

Al tomar conocimiento del caso, el supremo tribunal advierte del respectivo informe psicológico que la adolescente ha sufrido afectación, puesto que si bien se concluye trastorno de estrés leve, esto demuestra que existe perturbación en la menor.

En cuanto a la niña, la sala suprema considera que si bien no hay evaluación de perito psicológico, pese a su edad no descarta que haya sufrido afectación.

Por todo ello, el supremo tribunal declara fundada la casación.

Normativa

El artículo 69° del Código de los Niños y Adolescentes define a las contravenciones a los derechos del niño como toda acción u omisión que atenta contra el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes. En tanto que la Observación General N° 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia hace notar que resulta importante que la crianza del niño se dé en un entorno que le sea respetuoso y exento de violencia, pues según este documento las investigaciones muestran que los niños que no han sufrido violencia y crecen en forma saludable son menos propensos a actuar de manera violenta, tanto en su infancia como al llegar a la edad adulta, teniendo en cuenta que la prevención de la violencia en una generación reduce su probabilidad en la siguiente, advierte la sala suprema.

Fuente: El Peruano

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