Investigación fiscal de asesinatos en protestas no avanzan

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), representante de los deudos de Ayacucho y de Rosalino Florez, caído en Cusco y fallecido el 21 de marzo, consideró preocupante la actuación de la Fiscalía.

A 100 días de las muertes en las protestas, señaló que el panorama es claro y que, en la mayoría de casos, la Fiscalía no actúa con diligencia, retarda la justicia y trata de dispersar los casos enviando algunos a fiscalías penales y otros a fiscalías de derechos humanos, cuando son similares.

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El abogado explicó que los eventos deben ser considerados delitos contra los derechos humanos, pero que hasta ahora, aunque casi todos los casos en Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa y Junín están a cargo de fiscalías de derechos humanos, varias otras investigaciones en el Cusco y Lima están en despachos de fiscalías penales.

“Da la impresión de que ha habido una decisión para que los casos sean dispersados. Los casos en Puno, que son gravísimos y fueron un solo día, durante mucho tiempo estuvo en la fiscalía penal común, lo que es inapropiado y perjudicial para la investigación”, manifestó.

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Contó que en el caso de Víctor Santisteban Yacsavilca, el primer muerto en las protestas en Lima, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió investigación; en otros similares, como el de Rolando Marcas, Anderson Lapa y otros, fueron derivados a fiscalías penales comunes.

“Es evidente que hubo una dirección del Ministerio Público. En Puno, la Fiscalía de Crimen Organizado pide la investigación y en Lima resulta increíble que, ante posibles muertes, la investigación sea derivada a fiscalías penales”, dijo Rivera.

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