¿Juez de juzgamiento, o de apelación, pueden pedir aclaraciones al advertir defectos en la imputación? ¿Falta de imputación concreta justifican absolución? [Casación 973-2022, Ucayali]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla. Colusión, imputación concreta, derecho probatorio y nueva audiencia de apelación. I. La colusión es un delito de infracción de deber, pues la conducta es atribuida solo a los funcionarios y servidores públicos, quienes, según el cargo que ocupan en la institución, tienen asignado un deber específico (posición de garante).

El principio de imputación concreta (y, sin duda, el principio de progresividad), tiene vigencia durante el proceso penal y es absoluta responsabilidad de la Fiscalía, por el régimen de exclusividad persecutoria consagrado en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado y en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Sin embargo, aun si el fiscal fracasa en sus deberes, ello no implica automáticamente que deba emitirse una decisión absolutoria, pues solo generará responsabilidad administrativa del persecutor público. 

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Y es que la imputación fiscal, si bien aparece incipiente desde las diligencias preliminares, se va concretando y especificando con la formalización de la investigación preparatoria hasta los alegatos de apertura del juicio oral; incluso, su consolidación más perfecta se dará durante los alegatos finales en el juzgamiento, según el artículo 386, numeral 1, literal a, del Código Procesal Penal.

II. Por ello, lo importante es verificar si a lo largo del proceso se permitió a la parte acusada conocer el título de imputación, concretamente, si se le atribuía el verbo rector de la modalidad o figura típica respectiva. El relato fáctico debe aparecer entendible para el inculpado desde el primer momento en que es requerido por el Ministerio Público.

III. El juez debe valorar la prueba de modo individual y conjunto. La valoración individual tiene que ver con la conducencia de la prueba para apoyar o descartar las hipótesis y pretensiones propuestas en juicio (de la Fiscalía o de la defensa); si la prueba respalda la hipótesis, se valorará positivamente, como apoyo o corroboración de la hipótesis promovida; si es lo contrario, se evaluará negativamente, como descarte de la pretensión postulada (prueba de lo contrario). Una vez concluido este primer ejercicio de colocación o ubicación probática (colocando o ubicando cada prueba en el sector “a favor” o “en contra” de la hipótesis del justiciable), el segundo escalón es la formación del juicio de suficiencia probatoria, evaluando integralmente la prueba.

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IV. En consecuencia, esta Sala Penal Suprema aprecia que, en la sentencia de vista sometida a control casacional, se infringieron preceptos constitucionales y legales, mencionados ut supra. Después, en aplicación del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, el recurso de casación evaluado se declarará fundado, se casará la sentencia de vista respectiva y, con reenvío, se dispondrá la realización de una nueva audiencia de apelación, a fin de que se emita la decisión judicial correspondiente, teniendo en consideración lo expuesto en esta sede suprema.

Lima, catorce de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la señora FISCAL SUPERIOR contra la sentencia de vista, del veintinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 529), emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que revocó por mayoría la sentencia de primera instancia, del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 160), en el extremo en que condenó a José Luis Romero Carhuaz y  Adrián Raúl Mena Tipto como autor y cómplice primario del delito contra la administración pública-colusión, en agravio del EstadoMunicipalidad Distrital de Curimaná, les impuso seis años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 60 000 (sesenta mil soles); con lo demás que al respecto contiene; reformándola, los absolvió del requerimiento de acusación por el delito y agraviado mencionados.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Según el requerimiento del cuatro de marzo de dos mil catorce (foja 2 en el cuaderno respectivo), se formuló acusación fiscal contra JOSÉ LUIS ROMERO CARHUAZ, Hugo Sebastián Díaz Barbarán, Carlos Valera Pérez, Roger Christian Viena Flores, Josué Alberto Monteza Roncal, Arturo Escalante Horna, Robert Teodoro Villón Arizola, Percy Ríos Cohen —como autores— y ADRIÁN RAÚL MENA TIPTO —como cómplice primario— del delito de colusión, en agravio del Estado-Municipalidad Distrital de Curimaná, provincia de Padre Abad.

[Continúa…]

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