Juez de la Corte de Puno rechaza aplicar la consulta previa porque dicen que no es un derecho fundamental

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

¿No llevan cursos de derecho internacional de los derechos humanos? ¿No saben que es el control de convencionalidad? ¿No saben que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional e incorpora nuevos derechos?

Esto lo ha dicho el juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte de Puno en la sentencia recaída en el proceso de amparo presentado por la Comunidad campesina San José Principio del distrito de Atuncolla, en la provincia y región de Puno, con la defensa legal de Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA e IDL, contra la omisión de consulta de las concesiones mineras del Cementos Sur, propiedad de la empresa Gloria. 

1. De acuerdo con el articulo 3 de la Constitución Política todos los derechos que se fundan en la dignidad humana como los tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la OIT. 

2. De acuerdo con el artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307, son pasibles de protegerse por los procesos constitucionales.

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“Artículo II. Fines de los procesos constitucionales

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos; así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa”. 

3. El pedido de consulta previa, es decir el acceso a la justicia es parte del contenido constitucional protegido, se conformidad con el fundamento 37 de la STC No 00022-2009-PI en los siguientes términos:

“El contenido constitucionalmente protegido de este derecho importa; i) el acceso a la consulta, ii) el respeto de las características esenciales del proceso de consulta; y, iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados en la consulta. No forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o administrativa o la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta.” (STC 00022-2009-PI, f.j. 37) 

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4. Tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos incorporan nuevos derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico.

“El rango que detentan trae consigo que dichos tratados estén dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento jurídico incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas provenientes de fuentes infraconstitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o que afectara su contenido protegido. Los tratados sobre derechos humanos representan en tal sentido límites materiales de la propia potestad de reforma de la Constitución”. (STC Nº 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC, acum. f.j. 34)

👉 Link a la sentencia 👈

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