¿La colusión agravada exige o no perjuicio patrimonial? [Casación N° 542-2017, Lambayeque]

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¿La colusión agravada exige o no perjuicio patrimonial?

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CASACIÓN N.º 542-2017 / LAMBAYEQUE

Estructuras típicas reguladas en el artículo 384 del CP

1. El artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal identifica dos modalidades delictivas diferentes, entre las cuales no hay una relación de tipo básico a tipo derivado calificado. Esto es, la aludida norma legal no criminaliza una forma simple y una agravada de colusión, sino dos delitos autónomos y operativamente diferentes.

2. No es un requisito de la tipicidad ni de la actividad probatoria la identificación cuantificada y concreta de un perjuicio económico determinado para la configuración y realización de cualquiera de los dos delitos tipificados en el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal. Área de archivos adjuntos.

SENTENCIA CASATORIA

Lima, tres de mayo de dos mil diecinueve 

VISTOS: los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de los procesados William Ronaldo  Rodríguez Ventura, Omar Jorge Llontop Baldera, Gloria Deliasir Suyón  Quiroz y Raúl Armando Távara Monja contra la Sentencia de Apelación  del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, que confirmó la resolución  número catorce del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, que  condenó a los tres primeros como coautores, y al último como cómplice  primario del delito contra la Administración Pública-colusión desleal  (previsto en el segundo párrafo, del artículo trescientos ochenta y  cuatro, del Código Penal), en perjuicio de la Municipalidad Distrital de  Pacora; a seis años de pena privativa de la libertad y fijó en doscientos  mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar  en forma solidaria a favor de la entidad agraviada; e inhabilitación por  el término de la pena privativa de la libertad para los coautores; de conformidad con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del  Código Penal, con lo demás que al respecto contiene.  

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, culminada la investigación preparatoria, formuló el  requerimiento acusatorio (foja uno) contra José Jaime Urbina Urbina  (reservado), Rodolfo Alberto Sandoval Santamaría (reservado), William  Ronaldo Rodríguez Ventura, Omar Jorge Llontop Baldera y Gloria  Deliasir Suyón Quiroz como coautores del delito contra la Administración  Pública, en la modalidad de colusión desleal, y contra Raúl Armando  Távara Monja y Juan Carlos Valle Gamarra como extraneus-partícipes  del mismo delito.  

El Ministerio Público, respecto a William Ronaldo Rodríguez Ventura, Omar Jorge Llontop Baldera y Gloria Deliasir Suyón Quiroz, les imputó  que en su condición de miembros del Comité Especial elaboraron y  aprobaron en un solo día las bases administrativas del proceso de  licitación número cero cero dos-dos mil trece-MDP/CE, a pesar de que  las especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos mínimos para  la adquisición de un camión volquete consignados en el perfil  elaborado por Gloria Deliasir Suyón Quiroz estaban dirigidos a favorecer  la compra de un camión volquete de la marca Mitsubishi, que  comercializaba la empresa Interamericana Norte S. A. C. a un precio  de cuatrocientos sesenta mil soles, con clara violación de las normas  contenidas en el Reglamento del Decreto Legislativo número mil  diecisiete-Ley de Contrataciones del Estado. Con relación a Raúl  Armando Távara Monja se le acusó que como vendedor y jefe de línea de la empresa Interamericana Norte S. A. C., coordinó directamente  con José Jaime Urbina Urbina y Rodolfo Alberto Sandoval Santamaría el  direccionamiento del proceso de licitación número cero cero dos-dos  mil trece-MDP/CE para la compra de un camión volquete, con precios  que no corresponden a los que obran en el sistema informático de  dicha empresa. De esa manera concertada se consiguió que las  características técnicas del vehículo camión volquete Fuso FV de 15 m3,  marca Mitsubishi –que solo era comercializado por su representada–  fueran consignadas en el perfil técnico (elaborado por Gloria Suyón  Quiroz), incluyéndose así la marca y el precio de cuatrocientos sesenta  mil soles, con lo que se hizo imposible que otras marcas pudieran  competir y debido a lo cual fue el único postor que se presentó a dicho  proceso de licitación. 

Segundo. Estos hechos fueron declarados probados por la sentencia de  primera instancia del dieciocho de abril de dos mil diecisiete (foja  ciento veinticinco) y se condenó a William Ronaldo Rodríguez Ventura,  Omar Jorge Llontop Baldera y Gloria Deliasir Suyón Quiroz como  coautores del delito contra la Administración Pública, en la modalidad  de colusión desleal; asimismo, se condenó a Raúl Armando Távara  Monja como extraneus-partícipe de dicho delito. En consecuencia, se  les impuso seis años de pena privativa de la libertad con carácter de  efectiva e inhabilitación para los coautores por el término de la  condena; se fijó en doscientos mil soles el monto que por concepto de  reparación deberán pagar, en forma solidaria, a favor de la entidad  agraviada. Frente a esta decisión, la defensa técnica de los citados  sentenciados interpuso el recurso de apelación correspondiente dentro del término de Ley.

Tercero. Concedidos y elevados los recursos de apelación, la Primera  Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de  Lambayeque, por resolución del veintitrés de marzo de dos mil  diecisiete (foja trescientos setenta), señaló fecha para la audiencia de  apelación. Iniciada la misma (foja trescientos setenta y ocho) el director de  debates informó que no se incorporaron medios probatorios en esa  instancia. Posteriormente, clausurada la audiencia, el Tribunal de  Apelación emitió la Sentencia de Apelación número veintisiete, del  dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en la que confirmó la de  primera instancia. Contra dicha decisión de segunda instancia, la  defensa técnica de los procesados William Ronaldo Rodríguez Ventura,  Omar Jorge Llontop Baldera, Gloria Deliasir Suyón Quiroz y Raúl  Armando Távara Monja interpuso recursos de casación (ver a fojas  cuatrocientos quince, cuatrocientos cuarenta y ocho, cuatrocientos sesenta y nueve,  y cuatrocientos ochenta y cinco). 

Cuarto. El Tribunal Superior, mediante resolución del cuatro de mayo de  dos mil diecisiete, concedió los recursos de casación y dispuso elevar los  autos a este Supremo Tribunal (ver resolución de foja quinientos veintinueve).  Los cuales fueron elevados a esta Suprema Sala el quince de mayo de  dos mil diecisiete. Cumplido el trámite pertinente de traslado a los  sujetos procesales por diez días y vistos los recursos planteados, este  Tribunal Supremo emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de  casación del veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja ciento  ochenta y tres, del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema), y declaró bien  concedidos los recursos de casación interpuestos por la defensa  técnica de los encausados William Ronaldo Rodríguez Ventura, Omar  Jorge Llontop Baldera, Gloria Deliasir Suyón Quiroz y Raúl Armando  Távara Monja, respecto a la propuesta del desarrollo de la doctrina jurisprudencial sobre la delimitación de los alcances de la estructura  típica del delito de colusión agravada, con arreglo a lo estipulado en el  inciso tres, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal  Penal.

(…)

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