¿La complicidad secundaria puede constituirse como causal de disminución de punibilidad y reducción por bonificación procesal? [Recurso de Nulidad 2123-2018, Callao]

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¿La complicidad secundaria puede constituirse como causal de disminución de punibilidad y reducción por bonificación procesal?

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla. La complicidad secundaria se encuentra prevista en el segundo párrafo, artículo 25 del Código Penal. Dicho título de intervención por el grado menor de participación de las personas en la ejecución del delito, constituye una causal de disminución de punibilidad que determina una penalidad por debajo del mínimo legal.

La conclusión anticipada de juicio oral, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto la reducción de la pena por bonificación procesal, que podrá graduarse entre un séptimo o menos. Esta reducción es la última operación que debe realizar el juez, una vez que se haya fijado la pena concreta.

Lima, uno de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado CARLOS JHONATAN DE LA CRUZ RAVINES contra la sentencia del trece de setiembre de dos mil dieciocho (foja 810), emitida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el extremo que por mayoría le impuso siete años de privación de libertad efectiva, como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio del menor Pedro Antonio Valencia Mendívil.

Intervino como ponente la jueza suprema Castañeda Otsu.

CONSIDERANDO

ITINERARIO PROCESAL

Primero. Los actos procesales relevantes son los siguientes:

1.1. El veintisiete de abril de dos mil doce, se formuló denuncia penal contra Juan José Yacarine Gomero, Omar Martín Chunga Rivera y el recurrente Carlos Jhonatan de la Cruz Ravines, por el delito de robo con agravantes, en perjuicio del menor Pedro Antonio Valencia Mendivil. En la misma fecha se aperturó instrucción en la vía ordinaria contra dichos procesados por el delito en mención. Asimismo, se les decretó la medida de detención (foja 52).


[Lee también:¿En qué se diferencia la complicidad primaria de la secundaria? (R.N. N° 1366-2018, Junín)]


1.2. Concluida la instrucción, con los informes del fiscal provincial penal y del juez penal de Ventanilla (perteneciente en aquella fecha al distrito judicial del Callao), el veintisiete de marzo de dos mil trece, el fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta de Ventanilla formuló acusación contra Yacarine Gomero, Chunga Rivera y De la Cruz Ravines, el primero como autor y los dos últimos como cómplices primarios, por el delito de robo con las agravantes por la comisión durante la noche, con el concurso de dos o más personas y en perjuicio de un menor de edad, previsto en el artículo 188, concordado con los incisos 2, 4 y 7, primer párrafo, artículo 189, del Código Penal (CP). Solicitó doce, veintitrés y diez años, respectivamente, de pena privativa de la libertad y una reparación civil de cien soles a favor del agraviado Valencia Mendívil (foja 231).

1.3. El diez de junio de dos mil trece, la Sala Superior, luego del control de acusación, declaró haber mérito para pasar a juicio oral (foja 278). Luego del juzgamiento, el veintidós de julio de dos mil trece la Sala Superior dictó sentencia y condenó a Yacarine Gomero como autor del delito de robo con agravantes, previsto en el artículo 188, concordado con los incisos 2 y 7, primer párrafo, artículo 189, del CP (excluyó la agravante del inciso 4 referido a pluralidad de intervinientes) y le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva. En tanto que, respecto a Chunga Rivera y De la Cruz Ravines se desvinculó de la acusación fiscal por el delito de robo con agravantes y los condenó por el delito de coacción, previsto en el artículo 151 del CP, y les impuso dos años y seis meses, y dos años, respectivamente, de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución sujeto a reglas de conducta (foja 335). Este último extremo de la desvinculación fue impugnada mediante recurso de nulidad por el fiscal superior y este Supremo Tribunal, mediante ejecutoria suprema del trece de mayo de dos mil catorce (foja 357, en el Recurso de Nulidad N.º 2906-2013) declaró nula dicha sentencia en el extremo ya referido y ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio.

1.4. En el nuevo juicio, mediante sentencia del veintinueve de setiembre dos mil dieciséis (foja 660), la Sala Superior condenó a Chunga Rivera como autor del delito de robo con agravantes y le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva y cien soles como reparación civil, y reservó el juzgamiento de De la Cruz Ravines. Una vez que fue detenido este último, se inició el juicio oral en su contra y en la primera sesión se acogió a la conclusión anticipada del proceso y se dictó la sentencia del trece de setiembre de dos mil dieciocho (foja 805), que lo condenó como autor del delito de robo con agravantes y, por mayoría, se le impuso siete años de pena privativa de la libertad efectiva. Esta decisión fue impugnada por la defensa de De la Cruz Ravines en cuanto al extremo de la pena, la que es materia de pronunciamiento.

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Segundo. La sentencia impugnada fue dictada de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley N.° 28122, por el reconocimiento de los hechos por parte de De la Cruz Ravines y aceptación de su responsabilidad penal por el delito de robo con agravantes en las sesiones del juicio oral del veintitrés de agosto y cinco de setiembre de dos mil dieciocho.

Estos hechos estuvieron referidos a que el veintiséis de abril de dos mil doce a las diecinueve horas, aproximadamente, cuando el menor agraviado Pedro Antonio Valencia Mendívil, de doce años de edad, caminaba con un amigo por el mercado Ángel Castillo Sierra, sito en la urbanización Naval, del distrito de Ventanilla y provincia constitucional del Callao, se le acercó una persona vestida de polo verde oscuro (Yacarine Moreno), y lo amenazó al decir “dame tu celular o te meto plomo”, a lo que el menor atinó a indicar “ya perdí y levantó sus manos”, momento en el cual esta persona metió la mano en su cintura para sustraerle su teléfono celular y luego se fue caminando. En ese mismo momento, dos personas que se encontraban, detrás uno con polo de Brasil (Chunga Rivera) y otro con chompa larga (De la Cruz Ravines), también lo amenazaron y le dijeron: “No digas nada, c…” y le rebuscaron su bolsillo y al no encontrar nada se retiraron.

Tercero. Para la imposición de la pena al sentenciado, la Sala Superior en mayoría partió de la solicitud del fiscal superior de diez años de privación de la libertad y a dicha cantidad primero le redujo un año y ocho meses por el beneficio premial de conclusión anticipada de juicio oral, lo que dio como resultado ocho años y cuatro meses. A esta cantidad, en consideración de la magnitud del hecho y la edad del sentenciado de veintiún años, y con base en los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas, y los fines que persigue esta, le redujo adicionalmente un año y cuatro meses, que finalmente dio como resultado siete años de privación de la libertad.

Se precisó que en virtud del principio de legalidad de las penas discrepaban del criterio adoptado por los jueces superiores al determinar la pena impuestas a sus cosentenciados Yacarine Gomero y Chunga Rivera.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

Cuarto. La defensa del sentenciado De la Cruz Ravines, en su recurso de nulidad (foja 821), solicitó que se le imponga una pena que le permita su resocialización. Se sustentó en los siguientes argumentos en relación con lo resuelto por la Sala Superior:

4.1. A su patrocinado, en audiencia se le puso en conocimiento de los cargos atribuidos por el fiscal superior a título de cómplice secundario, y él se acogió a la conclusión anticipada como responsable del delito de robo por dicho título de imputación. En ningún momento manifestó ser autor del mencionado delito.

4.2. No fundamentó lo motivos por los cuales se apartó de que ya existía una sentencia condenatoria contra el autor del delito de robo con agravantes por cuatro años de pena privativa de la libertad. En ese aspecto, se vulneraron los principios de proporcionalidad, legalidad y el derecho al debido proceso, pues no se justificó el motivo por el cual a un cómplice secundario se le fijara una pena más elevada que al autor.

4.3. Tampoco fundamentó los motivos por los cuales se apartó de los beneficios que otorga la conclusión anticipada, de los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas, de la responsabilidad restringida por razón de la edad y que su conducta fue calificada a título de cómplice secundario; por lo que se le debía reducir prudencialmente la pena.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

Quinto. El delito de robo se encuentra previsto en el artículo 188 del CP y se produce cuando el agente se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno, luego de haberlo sustraído del ámbito de vigilancia que sobre él ejerce su legítimo propietario o copropietario, empleando violencia física contra las personas o amenazándolas con peligro grave e inminente para su vida o integridad física1.


[Lee también: ¿En qué consiste el delito de colusión y la admisión de complicidad secundaria? [Recurso de Nulidad N° 109-2017, Lima]


Sexto. En el caso que nos ocupa, el delito de robo con agravantes, imputado al sentenciado De la Cruz Ravines, se encuentra previsto en el primer párrafo, artículo 188, con las circunstancias agravantes previstas en los incisos 2, 4 y 7, primero párrafo, artículo 189, del CP, referida a la comisión del robo durante la noche, con pluralidad de agentes y en agravio de una menor de edad. El texto aplicable al momento de los hechos es el modificado por la Ley N.º 294072, el mismo que sancionaba con una pena no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad.

Sétimo. En cuanto a la pena, conforme lo señala el artículo IX, del Título Preliminar, del CP, tiene una función preventiva, protectora y resocializadora, cuya base se encuentra en el inciso 22, artículo 139, de la Constitución Política. Es por ello que deben ser impuestas con base en los principios de responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad, pues el derecho a la libertad personal puede restringirse por una pena bien aplicada, mas no cuando la misma sea excesiva o errada3.

Octavo. Con relación a la determinación judicial de la pena, conforme con el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-1164, constituye un procedimiento técnico y valorativo regulado por el CP, en cuya apreciación se deben considerar los hechos y circunstancias que la rodean.

En el artículo 45 del CP, se establecen los criterios de fundamentación y determinación de la pena, mientras que el artículo 46 del acotado Código contiene circunstancias genéricas de atenuación y agravación, cuya función esencial es ayudar a la medición judicial de la intensidad de un delito y a la decisión sobre la calidad o extensión del castigo que aquel se merece5.

Además, debe tenerse en cuenta la concurrencia de otras reglas como son las denominadas causales de disminución de punibilidad y de ser el caso las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal. Respecto a las primeras afectan la extensión mínima de la punibilidad establecida para el delito, pues tienen la aptitud de generar un umbral menor por debajo del mínimo legal, en atención al grado de lesividad de la conducta o del nivel de intervención de los autores o partícipes, como en la tentativa (artículo 16 del CP), el error de prohibición vencible (artículos 14 y 15 in fine del CP), las eximentes imperfectas (artículos 21 y 22 del CP) y la complicidad secundaria (artículo 25 in fine del CP). En cuanto a las segundas son premios o recompensas que inciden en la pena concreta como la conclusión anticipada de juicio oral.


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