La detención preliminar judicial

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Harold Mariano Godoy[1]
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Sumario: 1. Introducción, 2. Detención preliminar judicial, 3. Oportunidad para formular el requerimiento de detención preliminar judicial, 4. Finalidad, 5. Presupuesto, requisitos y nivel de sospecha requerido, 6. Motivación del auto que declara fundado el requerimiento de detención preliminar, 7. Derecho de impugnación, 8. Conclusiones.

1. Introducción

La detención preliminar judicial es una de las medidas de coerción personal que limitan la libertad ambulatoria de una persona. 

Hay que mencionar que, el Tribunal Constitucional peruano, en relación a la detención legal ha recalcado la existencia de tres supuestos de restricción a la libertad personal: a) detención por mandamiento escrito y motivado del juez, b) detención de una persona por autoridades policiales en caso de flagrante delito (art. 2, inciso 24 literal f) y c) en los casos previstos por la ley (art. 2, inciso 24, literal b); supuestos que por lo demás son admitidos por las normas internacionales; así lo regulan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, inciso 1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 7, inciso 2; es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: “(…) nadie puede ser privado de la libertad personal, sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley –aspecto material–, pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidas por la misma –aspecto formal–. (Rioja, 2020, p. 148)

2. Detención preliminar judicial

Como enfatizan Cáceres e Iparraguirre (2017):

La adopción de esta medida implica, que la decisión tomada por el juez se someta a determinados presupuestos establecidos claramente en el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal, el cual comprende al principio de legalidad que asegura que la medida sea adoptada dentro del marco de un proceso judicial, bajo la motivación y razonamientos que el caso concreto amerite, sujetándose para ello, en stricto sensu al principio de proporcionalidad. (p. 732)

3. Oportunidad para formular el requerimiento de detención preliminar

Esta medida solo la puede solicitar el fiscal durante la realización de las diligencias preliminares o investigación preliminar, en la que se llevan a cabo actos urgentes e inaplazables; para tal efecto, el fiscal debe formular un requerimiento fundamentado, basándose en los elementos probatorios recaudados hasta ese momento, y debe tener en cuenta los presupuestos legales previstos en el artículo 261 del Código Procesal Penal. La detención preliminar no es requisito para decidir luego la continuación y formalización de investigación preparatoria, ni para solicitar luego la prisión preventiva. (Cubas, 2018, 69)

4. Finalidad de la detención preliminar judicial

Según Rosas (2015), “La detención tiene por finalidad, fundamentalmente, la presentación del imputado para interrogarlo acerca del hecho punible por el cual se lo persigue. Por ello su característica principal es la breve duración” (p. 637).

5. Presupuesto, requisitos y nivel de sospecha requerido

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente (2022). Recurso de apelación 172-2022, Apurímac.

Fundamento jurídico segundo

Es de enfatizar que, tratándose de una medida de coerción, necesariamente ha de cumplirse con las exigencias generales del artículo 253 del CPP y las específicas del artículo 261 del mismo código. La detención preliminar judicial se dicta bajo el presupuesto de “razones plausibles que una persona ha cometido un delito”; y bajo los requisitos vinculados a los motivos de detención, traducidos (i) en la comisión de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, y (ii) en la existencia de cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad”. Desde la perspectiva del estándar o umbral de sospecha requerida para imponerla, como se trata de una medida provisionalísima y de duración muy limitada, acorde a los primeros momentos de la investigación en que debe solicitarse e imponerse, no se requiere desde luego, sospecha fuerte o vehemente –típica de la prisión preventiva–, ni siquiera sospecha suficiente, sino una sospecha medianamente reveladora del hecho delictivo y de la vinculación del imputado en su comisión, de suerte que la imputación sea creíble, verosímil o convincente. Amén de que deba tratarse de un delito de determinada entidad, los riesgos de fuga u obstaculización deben estar presentes, aunque su grado de confirmación no debe ser alto, sino que por las circunstancias del caso sea factible que se desprenda cierta –no total– posibilidad de fuga u obstaculización, lo que resulta razonable, es de insistir, porque se plantea para realizar las primeras diligencias.

Fundamento jurídico sexto

Desde el principio de proporcionalidad –subprincipio de idoneidad–, es de destacar que el objeto de una medida provisionalísima de detención es practicar aquellas diligencias de investigación de carácter urgente o imprescindibles para consolidar la imputación, para esclarecer los hechos, evitando con ello un riesgo razonable para la efectividad de la investigación.

6. Motivación del auto que declara fundado el requerimiento de detención preliminar judicial

Sala Penal de Apelaciones Nacional, Segunda Sala (2018). Auto de apelación de prisión preventiva recaída en el expediente 0299-2017-30-5001-JR-PE-01.

16. Motivación reforzada en resoluciones sin contradicción: En la detención preliminar judicial, el juez resuelve sin que el afectado pueda oponer resistencia alguna a lo expuesto por el fiscal en su requerimiento y como está de por medio la afectación de un derecho fundamental como la libertad ambulatoria, este hecho a diferencia, por ejemplo, de una prisión preventiva, donde la defensa técnica sí tiene la oportunidad de defenderse, obliga a potenciar el rol del juez de la investigación preparatoria que es un juez de garantías, para controlar a la luz de la Constitución y la ley lo requerido, y ello significa que debe existir una fundamentación reforzada, que implica mínimamente analizar los argumentos expuestos en el requerimiento fiscal, contrastándolos con los elementos de convicción invocados por la misma parte y anexados a su requerimiento, y de ese análisis extraer las conclusiones que servirán de sustento a la decisión judicial, así se desprende del artículo 123 del Código Procesal Penal.

7. Derecho de impugnación

De conformidad con los dispuesto por el artículo 267 del Código Procesal Penal, contra los autos que disponen la detención preliminar judicial (art. 261) y los que decretan la incomunicación y la detención judicial en flagrancia, procede el recurso de apelación, que debe interponerse en el plazo de un día. La apelación no suspende la ejecución del auto impugnado.

8. Conclusiones

  • La detención preliminar judicial no es requisito para solicitar la medida de coerción personal de prisión preventiva.
  • Para emitir la detención preliminar judicial se requiere una sospecha medianamente reveladora, pues se trata de una medida provisionalísima y de duración muy limitada.
  • El auto que declara fundado la detención preliminar judicial debe contener una motivación reforzada, ya que se limita un derecho fundamental –libertad ambulatoria–.

Referencias bibliográficas

CUBAS VILLANUEVA, V. (2018). Las medidas de coerción en el proceso penal.

Gaceta Jurídica S.A.

IPARRAGUIRRE NAVARRO, R. D. y CÁCERES JULCA, R. E. (2017). Código

procesal penal comentado (2.ª ed.). Jurista Editores E.I.R.L.

Recurso de apelación 172-2022. (2022, 27 de setiembre). Sala Penal

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (César

Eugenio, S. C).

RIOJA BERMÚDEZ, A. (2020). Constitución Política comentada y su aplicación

jurisprudencial. (2.ª ed.). Jurista Editores E.I.R.L.

ROSAS YATACO, J. (2015). Tratado de derecho procesal penal (tomo I). Jurista

Editores E.I.R.L.

Sala Penal Nacional. Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional (2018). Auto

de apelación de auto de prisión preventiva. Magistrado ponente Octavio

César Sahuanay Calsín.


[1] Abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Egresado de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma casa de estudios. Actualmente asistente en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad del Distrito Fiscal de Ucayali.

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