La importancia de la filosofía, en el derecho, el sistema de justicia y en la propiedad privada

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La importancia de la filosofía, en el derecho, el sistema de justicia y en la propiedad privada

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Por: Diego Morón Vivas

Decía Karl Marx en su tesis sobre Feuerbach, lo siguiente: Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”, aquella frase refleja una sinceridad y hasta una necesidad moral de los filósofos por transformar el mundo, pues la realidad sin duda está construida sobre ideas, no obstante a veces las malas ideas terminan por prevalecer, haciéndose una costumbre para todos seguirlas, a ello hay que añadir la influencia de los diversos ideólogos que acompañan y divulgan estas malas ideas. La pregunta ahora es, ¿tiene algo que ver la filosofía con el derecho, el sistema de justicia y con la propiedad privada?, la respuesta es que sí y voy a tratar de explicarlo.

Para empezar definamos filosofía, para ello tengo a bien citar al justifilósofo peruano Carlos Fernández Sessarego quien decía: “…la filosofía es permanente problematicidad, es decir constante urgencia por saber algo, necesidad ineludible de encontrar soluciones a situaciones presentes…” en ese sentido es claro que para este autor la filosofía es problemática aunque tiene la necesidad de encontrar soluciones, entonces si aplicamos la filosofía al derecho, al sistema de justicia y a la propiedad privada, tenemos la imperiosa necesidad de problematizar y proponer soluciones al respecto.

Para empezar, históricamente problematizar sobre el derecho no es nada nuevo, ya desde la Grecia clásica se empezó a especular al respecto, se comenzó por indagar sobre la justicia, su inmutabilidad y universalidad; en aquella época se rechazaba por lo general cualquier criterio empírico como bien señala Carlos Fernández Sessarego, no obstante había quienes se revelaban ante este avasallamiento racional abogando por la historia como creadora de la justicia, aquellos rebeldes eran los denominados sofistas quienes eran, Trasímaco, Carneades, Calicles, y Protágoras este último fue propulsor de la ideología positivista la cual le ha hecho y le sigue haciendo mucho daño al derecho, al sistema de justicia y a la propiedad privada conforme lo demostraré más adelante.

Ahora bien, ¿los juristas son filósofos?, la respuesta inmediata es que no y quizá a algunos les ofenda hasta la pregunta por aparentemente complejizar las cosas, no obstante es importante precisar la diferencia que existe entre un jurista y un filósofo, en ese sentido recuerdo bien que el justifilósofo argentino Carlos Cossio decía: “…el interés del legislador, del juez o del hombre en general es por vivir la justicia, mientras que el filósofo se interesa por conocerla a título de espectador que la va a poseer intelectualmente, no como otros a título de actores en el drama en que ella se realiza.” La pregunta que le hago a los abogados es, ¿dónde consideran que se encuentran ustedes o quién quisieran ser?, es claro que el jurista va a aplicar las leyes a rajatabla sin si quiera cuestionarse, algo que es muy común en nuestro sistema de justicia, olvidando que sus decisiones impactan no solamente en las partes involucradas en el conflicto, sino también en toda la sociedad, por ello Alfredo Bullard advertía lo siguiente: “Sin duda, las malas leyes son causa de muchos problemas, y reflejan muchas veces el desfase realidad –  derecho. Pero gran parte de la responsabilidad recae también en la aplicación de la Ley. Quizá sea preferible una mala ley bien aplicada que una excelente ley mal aplicada.” Asimismo, añadía: “…los jueces, sin dictar una pena de muerte pueden, curiosamente, decidir, sin darse cuenta, quienes mueren o quienes seguirán viviendo.”


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Claramente se puede evidenciar lo perniciosas y malhadadas que podrían llegar a ser las consecuencias de las decisiones judiciales en la sociedad, creo que un claro ejemplo es la elaboración y aplicación del IV Pleno Casatorio Civil, el cual como bien señala Gunter Gonzales Barrón “establece una noción omnicomprensiva del poseedor precario”, lo que quiere decir que cualquier persona que pueda ingresar a una propiedad inmueble podría fácilmente constituirse en un poseedor precario debiendo obligatoriamente iniciarse un proceso de desalojo para expectorarlo, pudiendo incluso llegar el entuerto hasta la Corte Suprema de Justicia, lo cual sin duda es espantoso, por los altos costos de transacción que tendría que afrontar un arrendador, además de la vulneración ignominiosa a su propiedad privada.

En ese orden de ideas, ¿cómo impacta en la sociedad las decisiones judiciales que aplican este absurdo e inútil IV Pleno Casatorio Civil? sin duda, el impacto es económico porque las personas no querrán de ninguna manera celebrar contratos de arrendamiento, entonces como bien advierte Alfredo Bullard “para que haya un crecimiento económico del PBI hay que celebrar más contratos”, sin embargo, aquellas decisiones judiciales terminan por impedir la celebración de los mismos y, por consiguiente vulnerando la libertad económica.

Por su parte el filósofo del derecho se cuestionaría y pensaría, ¿es justa esta jurisprudencia y su aplicación?, encontrándose en un desolado y desértico campo de dudas y dificultades buscando problematizar y proponer diversas soluciones, lo cual, sin duda, resultaría más conveniente que simplemente aceptarla y aplicarla como absurdamente se hizo y se sigue haciendo en las decisiones judiciales.

Carlos Cossio decía que, “el derecho es la libertad metafísica en su dimensión de coexistencia”, lo cual significa sin duda que el hombre es quien hace el derecho y no el derecho quien hace al hombre, otro claro ejemplo es el jurista francés Léon Duguit quien decía que, “el derecho es el reflejo de la división del trabajo”, lo cual significa exactamente lo que Cossio propone solo que desde una visión quizá más económica, por su parte el economista austriaco Ludwig Von Mises pensaba que el derecho era praxeológico, es decir que nacía de los hechos, asimismo Hayek consideraba que el derecho surge de forma espontanea y se encuentra entre el instinto y la razón, o sea en las tradiciones y costumbres del hombre, si comparamos estas teorías todas coinciden en que el hombre es el centro de todo y quien hace las normas, las jurisprudencias y las instituciones jurídicas, con lo cual se niega que el derecho sea lógico y se base en los principios de inferencia, de deducción, conforme lo sostiene el positivismo.

La pregunta que ahora me hago es, ¿tienen los conceptos, teorías y criterios que ser útiles o basta con que sean dictados por una autoridad soberana?, desde la perspectiva del análisis económico del derecho sin duda tienen que ser útiles, de lo contrario como bien hemos señalado en el caso del IV Pleno Casatorio Civil y el concepto omnicomprensivo del poseedor precario los costos de transacción serán muy altos, se vulnerará la propiedad privada y ello perjudicará el desarrollo económico del país, recuerdo claramente que Alfredo Bullard contaba una anécdota en donde dejaba en evidencia la falta de utilidad práctica del concepto de acto jurídico, él decía: “Una vez traté de explicar a un profesor de estados unidos de qué se trataba ese concepto (acto jurídico o negocio jurídico)…Como sabemos, el acto o negocio jurídico es toda una compleja y muy apreciada doctrina de nuestro sistema legal que trata de encontrar conceptos comunes a todos los casos en los que la expresión de voluntad de una persona crea una obligación o relación jurídica…Al terminar mi explicación el profesor me dijo “Muy interesante ¿para qué sirve?” Luego de una breve discusión sobre la utilidad práctica, no supe qué contestar pues su única utilidad era para hacer más complejos los conceptos.” Aquella cita deja en evidencia que cualquier elaboración de algún concepto o criterio debe tener siempre una manifiesta utilidad práctica, de lo contrario solo servirá para obstruir la libertad de las personas, lo que generará retraso.

En esa misma línea, ¿qué pasaría si variamos por ley el concepto o criterio tradicionalista y formalista de cómo adquirir la propiedad privada de un inmueble en el Perú?, para empezar conforme al código civil para adquirir un bien inmueble basta con la sola obligación de enajenar, no obstante, para tener protección frente a terceros la propiedad debe estar inscrita en Sunarp, por tanto, jurídica y socialmente sin un título de propiedad no se podría considerar propietaria a una persona. Ahora bien, Murray Rothbard en su obra “La Ética de la Libertad” sostenía lo siguiente: “…nuestra teoría libertaria afirma que basta con que la tierra haya sido transformada una vez para convertirse en propiedad privada.”, en ese sentido entendiendo que somos un país de invasores y/o poseedores antes que de propietarios y considerando además conforme nos muestran los datos de la obra “El Otro Sendero”, de Hernando de Soto, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, que aquellos invasores y/o poseedores quienes construyeron prácticamente Lima, colonizaron, construyeron y hasta edificaron sobre la tierra (es decir ejecutaron una primera transformación), siendo incluso mucho más eficientes que el mismo estado que termina solamente interrumpiéndolos con normas opresivas e inoperantes, la pregunta que me hago es, ¿resulta útil seguir considerando el criterio tradicionalista y formalista para adquirir la propiedad privada antes que el criterio libertario de Murray Rothbard?, la respuesta sin duda es que no, pues no considerarlos como propietarios (otorgándoles debida y fácilmente un título de propiedad) es lo que nos hace aún un país sub desarrollado, esta es una prueba más de que el concepto o criterio que se utiliza en el ámbito jurídico puede ser sumamente perjudicial, y es allí donde resalta la importancia de la filosofía en cuanto al derecho que impacta en la sociedad, pues como bien decía Carlos Fernandez Sessarego la filosofía es: “…un pensar y un repensar, un meditar hondo y callado…” por tanto, aquella actividad del pensamiento sobre un determinado objeto como lo es el derecho debe tener siempre como paradigma la conducta humana en interferencia intersubjetiva y complementarse con el análisis económico del derecho que somete al método costo beneficio cualquier tipo de representación de la realidad, de esa forma no se interrumpirá la libertad individual de las personas ni mucho menos el desarrollo económico del país.

Recuerdo que Friedrich Hayek comentaba que el adjetivo “social”, era una palabra comadreja, toda vez que este animal era el único que tenía la facultad de extraer el contenido del huevo dejando incólume la cáscara, lo mismo pasaba en el caso de aquella palabra que juntándola con algún sustantivo terminaba por vaciarlo de contenido, expliquémoslo un poco más, Hayek advertía que una de las consecuencias negativas del empleo de esta palabra se daba de la siguiente manera: “…implica una concepción de la sociedad evidentemente falaz…a saber, que aquello que solo es fruto de los impersonales y espontáneos procesos del orden extenso es en realidad fruto de deliberada creación.”, es importante señalar que la palabra “social” fue capturada y utilizada por los socialistas, los cuales tienen la plena convicción que el desarrollo de la civilización es un proceso deliberado antes que un proceso espontaneo, concepción que genera perjuicios y deviene en inútil y nada funcional para esta actual sociedad a la que Karl Popper llama, “la sociedad abierta” por tener como paradigmas la razón y la libertad de elegir del hombre.

Entonces podemos asociar este adjetivo “social” a muchos sustantivos, por ejemplo, beneficio “social”, justicia “social”, como recuerdo bien lo hizo también en su momento el jurista peruano Héctor Cornejo Chávez quien comentaba que el derecho de familia era básicamente una forma de derecho “social”, el problema aquí radica en el concepto que le otorgan a la palabra “social”, la cual bajo el poder socialista siempre será relativo a decisiones estatistas, controlistas y deliberadas, por tanto, la pregunta sería, ¿resulta útil aquella concepción socialista acerca de este adjetivo?, es más que obvio que no, por ello es un deber que empecemos a filosofar para repensarla o deconstruirla como diría el filósofo francés Jaques Derrida y le demos un concepto o significado acorde con la libertad individual del hombre que siempre es un constante decidir y valorar.

Por su parte el concepto jurídico del derecho de propiedad en el Perú es de carácter restringido pues vincula al hombre con una cosa que puede ser un inmueble o un mueble, no obstante, desde la perspectiva anglosajona se habla de derechos de propiedad, extendiendo aquellos incluso a los contratos, la pregunta sería, ¿cuál es la noción más útil y funcional?, sin duda la perspectiva anglosajona pues hablar de un incumplimiento de contrato sería como hablar de un robo, lo que implicaría que la conciencia jurídica y social custodie de una forma más idónea todo lo concerniente a la propiedad privada la misma que es indispensable para ser un país de primer mundo.

Considerando lo mencionado hasta aquí, ¿cuál es la influencia y la relevancia de la filosofía, en el derecho, el sistema de justicia y la propiedad privada?, la respuesta es que es inmensa, no obstante, primero hay que comprender que desde el siglo XX existen dos grandes corrientes filosóficas en el derecho, la primera es la filosofía jurídica formalista y positivista que considera que el derecho es un proyecto lógico, racional y que para ser legítimo tiene que ser dictado por una autoridad soberana, es así que para el jurista austriaco Hanz Kelsen es la más importante, por otro lado, está la filosofía jurídica existencialista que considera que el derecho es producto de la conducta humana en su dimensión de coexistencia, por tanto desde esta perspectiva el derecho es un instrumento para que el hombre solucione sus problemas, esta corriente filosófica tiene como propulsor al justifilósofo argentino Carlos Cossio, ahora bien, ¿cuál de las dos es la más útil para el derecho, el sistema de justicia y la propiedad privada y por qué?, de acuerdo a lo esbozado hasta aquí podemos señalar que la más útil es la filosofía jurídica existencialista, es decir la que considera que el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva, por tanto, es libertad fenomenalizada. La razón es que, el derecho considerado desde esta perspectiva, es un constante hacerse, es un constante devenir, pues la vida es verbo, es acción, es elegir y valorar, y el derecho se hace conforme avanza la conducta humana, entonces esto revierte el axioma cartesiano que dice: “pienso y luego existo”, para convertirse en: “existo y luego pienso” lo cual sin duda humaniza el derecho resultando además más útil a nivel económico, ya que el derecho será el reflejo de las necesidades del hombre y por consiguiente estará a su servicio y no obstruyendo su libertad, entonces la respuesta del sistema de justicia será óptima y funcional, evitándose así vulneraciones absurdas contra la propiedad privada, pues como bien advierte Henry Summer Maine: “Nadie que valore la sociedad civilizada osará recusar la propiedad plural (propiedad privada). La historia de una y otra están íntimamente ligadas.”

La pregunta ahora es, ¿cuál es el sistema de justicia más acorde con la filosofía jurídica existencialista?, el sistema anglosajón, que se basa meramente en jurisprudencias, pues las mismas se van desarrollando conforme avanza la conducta humana, no obstante, en el caso del Perú, tenemos un sistema romano germánico que es formalista y positivista, en donde se aplica sin si quiera cuestionar normas que tienen muchos años (por ejemplo el código civil de 1984), las mismas que serían desde una visión filosófica vida muerta o cosificada, entonces no hay forma de que aquel sistema jurídico formalista y positivista sea útil pues siempre será contrario a la conducta humana que en cada momento está en un constante cambio, por tanto, ¿se podría implementar el sistema de justicia anglosajón en el Perú?, no hay ninguna razón para pensar de que no se pueda, solo aquellos que caigan en la “esquizofrenia jurídica” dirán que no se puede, porque hay tradiciones, instituciones y dogmas que respetar.

Por otro lado, ¿qué tiene que ver la filosofía jurídica existencialista con un sistema de justicia privado?, tiene que ver muchísimo, pues ya hemos dicho que desde una visión existencialista del derecho, el mismo es conducta humana en interferencia intersubjetiva, conducta humana que crea derecho, normas, instituciones y que también administra justicia, pues como bien lo señalaba Hernando de Soto, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, en su obra “El Otro Sendero”, los informales sin si quiera conocer lo que significaba derecho, lograban crear leyes y normas y hasta administrar justicia, lo único que les faltaba era capacidad de coerción para ejecutar sus decisiones, asimismo añadían que el concentrar el servicio de administración de justicia solamente en manos de magistrados, abogados y jueces, era una cuestión de prejuicios.

¿Esto nos permitiría hablar quizá de una competencia de entidades que administren justicia?, la respuesta es que sí, por ello desde aquí soy de la idea que el notario, el árbitro y otras entidades de carácter formal e informal tengan capacidad de coerción y puedan administrar justicia, y si me preguntan, ¿quiénes regularán a estas entidades? Contestaré que su propio interés, recordándoles que ya en el siglo XVIII en Inglaterra Adam Smith contaba que existían competencia de juzgados, cuyas remuneraciones eran pagadas por los particulares que acudían a resolver sus controversias, de esa forma los juzgados mejoraban por su propio interés no porque alguien los controle.

Ahora bien, la pregunta que aún queda en el tintero es, ¿por qué el positivismo es la ideología más deleznable y la que más daño le ha hecho y le hace al derecho, al sistema de justicia y a la propiedad privada? porque es parte de una ideología política antes que solo una simple filosofía jurídica, para empezar el positivismo considera que la voluntad política hace las normas y leyes, es decir no considera que la conducta humana que es un constante elegir y valorar es la que sin si quiera pensarlo hace derecho, asimismo, es una ideología que considera que no existen criterios objetivos de justicia algo sin duda que es inaudito pues como decía el filósofo escoces David Hume, “la verdad está en los hechos”, y nosotros podemos identificar lo que es justo y lo que no, por ejemplo, desde la concepción del positivismo cualquier ley por ser emanada de una autoridad soberana es legítima y debe obedecerse, en ese sentido, si mañana se dijera que por ley el robo estará legalizado si se perpetra contra personas millonarias, ello sería legítimo, no obstante, todos sabemos que eso no sería justo, porque nadie tiene el derecho a vulnerar la propiedad privada la cual es el elemento fundamental de toda civilización.

Además esta ideología política encaja muy bien con los socialistas quienes consideran que todo orden social siempre es y será deliberado, sobrevalorando así la razón del hombre que definitivamente no puede captar todos los hechos de la realidad para saber que decisiones son óptimas o útiles, aunado a ello aquella ideología concibe la creación de las normas o el derecho como algo lógico, lo cual sin duda es contrario a toda filosofía jurídica de la vida o existencialista que entiende que el derecho es proyección constante de la conducta humana, de esta forma se deja en evidencia que el derecho está embadurnado y manchado de una ideología política como lo es el positivismo, lo que genera que nuestro sistema de justicia sea la encarnación o materialización de aquella ideología, pues allí es donde se aplica, por consiguiente los jueces no valoran criterios objetivos de justicia sino lo que dice la ley, la jurisprudencia y cualquier otra institución jurídica, a pesar de que manifiestamente sea desastrosa esa ley, esa jurisprudencia o esa institución jurídica, de esta forma se cae en el dogmatismo, vulnerando como se mencionó en el caso del IV Pleno Casatorio Civil con la noción de poseedor precario, la propiedad privada, pues un propietario no podrá recuperar su inmueble sino hasta después de más de cuatro años, si tiene suerte en un costoso proceso de desalojo.

Asimismo hay que advertir que existe un perjuicio económico inmenso al aplicar sin cuestionar el precepto constitucional de que la jurisdicción ordinaria solamente la tiene el Poder Judicial, pues a pesar de que la realidad nos muestra que existen procesos de seis, treinta y hasta cuarenta años, se sigue creyendo en ese absurdo y bochornoso monopolio de justicia, lo cual genera un impacto económico negativo en la sociedad, se dan cuenta como una idea que no se critica puede destruir una sociedad.      

Fuentes bibliográficas

Bullard, A. (2009). Derecho y Economía (2da edición) Lima: Palestra Editores.

Hayek, F. (1988). La Fatal Arrogancia. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2012). La Ética de la Libertad (2da edición) Madrid: Unión Editorial.

Fernández, C. (2017). El Derecho como Libertad (4ta edición) Lima: Motivensa S.R.L

Gonzales, G. (2016). Proceso de Desalojo (Y Posesión Precaria) (3ra. edición) Lima: Jurista Editores E.I.R.L.

Chávez, H. (1998).  Derecho Familiar Peruano Tomo I Sociedad Conyugal. Lima: Gaceta Jurídica Editores S.R.L

De Soto. H, Ghersi. E, Ghibellini. M. (1986). El Otro Sendero. Lima: Norma S.A.C

Popper, K. (1994) La sociedad abierta y sus enemigos (6ta. ed.) Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

https://peru21.pe/opinion/ronald-coase-y-la-pandemia-alfredo-bullard-noticia/

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm