La incidencia de improcedencia de demandas de acción de amparo contra resoluciones judiciales en el marco del Nuevo Código Procesal Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Junín 2020-2022

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Nuevo Código Procesal Constitucional-Corte Superior de Justicia de Junín-demandas de acción de amparo-resoluciones judiciales

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Autor: Irene Huaroc Alva – Abogada por la Universidad Peruana del Centro. Maestrando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Derechos Constitucional y Derechos Humanos). Conciliadora

Sumario: 1.-Introducción, 2.- Acción de amparo contra resoluciones judiciales, 3.-Rechazo liminar, 4.-Improcedencia en proceso de acción de amparo, 5.-Análisis de muestra, 6.-Conclusiones.

I.-Introducción

El hombre, es un ser social por naturaleza, necesariamente los seres humanos tenemos que vivir en sociedad, por lo tanto, la sociedad proporciona a las personas las condiciones de existencia y el desarrollo para alcanzar la plenitud, se exige, que nuestras conductas sean reguladas normativamente y de una forma ordenada , segura y pacífica, con el fin de obtener un orden de justicia, sino la convivencia sería perjudicial y llevaría a un caos, por lo tanto el derecho es necesario para la humanidad, por que regula la conducta socialmente  aceptable.

La sociedad está regulada por una constitución, compuesta por reglas y principios, es la, de más alta jerarquía, regula los aspectos más básicos para que las sociedad pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas, cumple  dos funciones básicas, la primera, establece los derechos fundamentales de  los  que goza todo ser humano y garantiza proteger los mismos, y la segunda, organiza al estado y fija limitaciones a sus poderes, hace referencia al principio de  legalidad, el ciudadano es libre y solo es limitada por la constitución, o las leyes, y que  ningún funcionario sin importar el cargo que tenga, puede transgredir esos derechos establecidos por la  constitución.

Sin embargo, que se hace cuando se viola la constitución, para ello existe las garantías constitucionales, y están enumeradas en el art.200 de la constitución, busca proteger los derechos fundamentales de los individuos, la primacía de la constitución y el cumplimiento de las normas, las tres primeras, son garantías  dedicadas a proteger los derechos fundamentales, el Habeas Corpus[1] ; la  Acción de Amparo[2]; el Habeas Data[3], las tres siguientes son garantías colectivas; la Acción de Inconstitucionalidad[4]; la Acción Popular[5]; Acción de cumplimiento[6] .

El ensayo que desarrollaré, es acerca de la incidencia de improcedencias de demandas de Acción de Amparo contra Resoluciones Judiciales, en marco del nuevo Código Procesal Constitucional, teniendo como referencia a la Corte Superior de Justicia de Junín, los ingresos de expedientes desde el año 2020 al 2022, analizando la modificación y los cambios que se realizó, si fue necesario y es de mucha ayuda al sistema de justicia.

Como sabemos, nuestro primer Código Procesal Constitucional (Ley 28237), vigente desde el 01 de diciembre de 2004, nos acompañó durante el periodo de 16 años, el 24 de julio de 2021 entró en vigencia , el denominado “Nuevo Código Procesal Constitucional” (Ley 31307), sin embargo, su implementación fue observado por el Poder Ejecutivo, mediante el Oficio N°404-2021-PR del 02 de julio 2021, lo que originó que la Ley fuera reconsiderada por el Congreso, insistiendo en el texto fue  aprobado en la sesión del Pleno del 21 de mayo de 2021.

Los justiciables, acuden a ejercer su derecho a una garantía constitucional que es la Acción de amparo contra resoluciones judiciales, se debe tener en cuenta que para iniciar este tipo de proceso se tiene que  contar con una resolución firme, “que afectan supuestamente sus  derechos constitucionales de contenido sustantivo en cuyo caso se debe examinar el grado de razonabilidad o arbitrariedad en su argumentación y si ha afectado, por ende, lo que en doctrina se denomina el debido proceso material o sustantivo, De otro lado, es procedente cuestionar en sede constitucional una resolución judicial que afecta derechos constitucionales, cuando su eficacia se mantiene pese a haberse agotado los medios impugnatorios ordinarios” (Amparo Contra Resoluiones Judiciales, 2005, págs. Fj2, Fj3)

Cuando se ingresa una demanda de acción de amparo y no cumple con lo establecido en el nuevo código procesal constitucional, el juez resuelve de manera improcedente[7] , cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo, todo justiciable lo que tiene que hacer es, no dejar consentir el agravio, y debe protestar dentro del proceso ordinario. Pese a tener pleno conocimiento de las resoluciones, estar debidamente notificados, y no protestar de repente luego más delante, pasado el tiempo y encontrarse después como agraviantes del derecho, hay un límite en la ley, y, es no dejar consentir, y protestar en el tiempo oportuno.

El nuevo código procesal constitucional, nos trae una novedad, que es la prohibición del rechazo liminar[8],admitiéndose todas las demandas, a pesar de ser extemporáneas[9], y no cumplir con el agotamiento de las vías previas[10], sin embargo al realizar una interpretación literal, se  entiende que la improcedencia es igual al rechazo liminar, por lo tanto se están admitiendo a trámite la demanda, corren traslado al demando, se fija fecha de audiencia, y todo esto ocasiona , carga procesal innecesaria, sin mencionar que se da esperanza a la parte demandante, de obtener su beneficio, y todo se podría evitar si interpretamos bien la Ley 31307.

Analizaremos la incidencia de improcedencia de demandas de Acción de Amparo que ingresaron antes de entrar en vigencia el NCPC y después de esta, si, se debe aplicar o no la improcedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales o por el contrario debe admitirse la demanda, sin cuestionamiento y control judicial alguno.

Tomaremos como muestra la Corte Superior de Justicia de Junín, periodo del año 2020 hasta octubre del 2022, para poder analizar, si hubo algún cambio respecto a las modificaciones del nuevo código procesal constitucional.

2.-Acción de amparo contra resoluciones judiciales

En nuestro ordenamiento jurídico, el proceso de amparo es una garantía procesal, que defiende los derechos fundamentales de toda persona, y que se encuentran positivizados en nuestra carta magna desde 1979, hasta la actualidad.

El año 2004 empieza a regir el código procesal constitucional aprobado por la Ley 28237 y publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de mayo del 2004, y en todo ese tiempo, hasta la actualidad, hubo reformas, de acuerdo al cambio social que se viene ejerciendo en nuestro país, y que permite, que el justiciable como el legislador tengan herramientas para un buen acceso a la justicia y administración de la misma.

Una primera reforma la introdujo la Ley 28642 que trató de impedir el cuestionamiento de las de- cisiones del Jurado Nacional de Elecciones. El referido dispositivo modificó el inciso 8 del artículo 5, del Código Procesal Constitucional con la finalidad de impedir el cuestionamiento de las decisiones de dicho organismo electoral, lo cual, a nuestro juicio, constituye una limitación desproporcionada. Dicha ley fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad, declarada fundada por el Tribunal Constitucional. La segunda reforma al Código Procesal Constitucional fue incorporada por la Ley 28946, que ha efectuado diversas modificaciones al proceso de amparo.  Así:  (i)  establece  un  procedimiento  especial  cuando  se  trata  de  un  proceso  de  amparo  contra normas autoaplicativas, precisando que en tales  casos  las  decisiones  serán  elevadas  en  consulta  a  la  Sala  Constitucional  y  Social  de  la  Corte Suprema; (ii) dispone que las excepciones y defensas  previas  se  resolverán  previo  traslado  a  través de  un  auto  de  saneamiento  procesal  que  antes  no  existía;  (iii)  modifica  el  procedimiento  para  la expedición  de  medidas  cautelares,  especialmente  cuando  se  cuestionan  normas  autoaplicativas; y,  (iv)  se  reforma  la  regulación  existente  sobre  la competencia  del  juez  y  algunos  aspectos  del  procedimiento del amparo La tercera modificación se introdujo a través de la Ley  29364 ,  cuya  Segunda  Disposición  Derogatoria  dispuso  que  las  demandas  de  amparo  contra  resoluciones judiciales se presentarán ante el Juez de  primera  instancia  y  no  ante  la  Sala  Civil  de  la Corte Superior respectiva, y la ultima reforma  fue  la  Ley  29639 ,  que  estableció  un  procedimiento  especial  cuando  la  medida  cautelar  solicitada  pueda  afectar  derechos  administrativos referidos al uso, aprovechamiento extracción o explotación de recursos naturales hidrobiológicos. (Abad Yupanqui, 2015, págs. 306-307)

El 24 de mayo del 2021 se deroga la Ley 28237 que tuvo una duración de 16 años, 7 meses, y entra en vigencia Ley 31307 el 21 de julio del mismo año, conocido como el Nuevo Código procesal Constitucional, incorporándose y modificándose varios artículos.

La acción de amparo protege el resto de los derechos fundamentales[11]; sin embargo, no va proteger aquellos derechos que son protegidos por la acción de cumplimiento, la acción de habeas data, y el habeas corpus.

Puede ser interpuesto por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, se requiere que la presentación de la demanda cumpla con formalidades, así como que se tenga que explicar claramente en que se basó la violación del derecho fundamental, puesto que, si el juez advierte que no se ha especificado claramente, puede declarar inadmisible la demanda; pero siempre teniendo en cuenta el principio de lasuplencia de la queja suficiente, que permite que se puedan salvar las formalidades que pueden existir, frente a la protección que se tiene que dar a los derechos que han sido vulnerados o amenazados de modo alguno.

El proceso de amparo busca reponer las cosas al estado anterior de la violación o amenaza de un derecho fundamental. Pero qué pasa si esa vulneración o amenaza deviene en irreparable. Si esto sucede, se aplicará una especie de sanción ya sea contra el funcionario infractor, o la aplicación de alguna multa pecuniaria para que en el futuro no se vuelva a cometer ese tipo de vulneración o amenaza de derechos fundamentales. (Pereyra Villar, 2018, págs. 1-2)

EXP. N.O 2704-2004-AA/TC LIMA MINISTERIO DE AGRICULTURA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Permite la posibilidad de interponer una acción de amparo contra resoluciones judiciales expedidas en un proceso irregular, vale decir, cuando se violan las reglas del debido proceso constitucionalmente consagradas, tales como “el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley”, “el derecho a los procedimientos preestablecidos”, “el principio de cosa juzgada”, “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”, “el derecho a la pluralidad de instancias”, “el principio de ; no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley”, “el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal”, “el principio de no ser penado sin proceso judicial”, “la aplicación de la ley más favorable al procesado”, “el principio, no ser condenado en ausencia”, “la no privación del derecho de defensa”

EXP. N.o 5194-2005-PA/TC LIMA PESQUERA DIAMANTE S.A. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La tesis según la cual el amparo contra resoluciones judiciales procede únicamente por violación del derecho al debido proceso o a la tutela jurisdiccional, confirma la vinculatoriedad de dichos derechos en relación con los órganos que forman parte del Poder Judicial. Pero constituye una negación inaceptable en el marco de un Estado constitucional de derecho, sobre la vinculariedad de los «otros» derechos fundamentales que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales procesales, así como la exigencia de respeto, tutela y promoción ínsitos en cada uno de ellos.

Se señala que la interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, no puede concluir sino con la afirmación de que la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que se puedan encontrar reconocidos, expresa o implícitamente, por la Norma Suprema.

La variación de una jurisprudencia, no tiene por efecto inmediato el cambio de algunos criterios consolidados jurisprudencialmente en torno a los alcances del control constitucional de las resoluciones judiciales. Particularmente, de aquellos en los que se afirmó:

a) Que el objeto de este proceso constitucional es la protección de derechos constitucionales y no el de constituir un remedio procesal que se superponga o sustituya al recurso de casación.

b) Que se utilice como un mecanismo donde pueda volverse a reproducir una controversia resuelta por las instancias de la jurisdicción ordinaria.

El Tribunal Constitucional establece el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, el cual se encuentra compuesto en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

(a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

(b) Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

(c) Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado (FJ 5-24)

La acción de amparo  contra resoluciones se encuentra en el  bloque constitucional, ya que se presenta en nuestra constitución[12], con una interpretación procede contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso irregular, el código procesal constitucional[13] procede cuando se ha dado la vulneración de la tutela procesal efectiva que comprende el acceso la justicia y el debido proceso, entonces  el proceso irregular es cuando se vulnera un derecho fundamental de naturaleza procesal , sea de naturaleza tutelar  efectiva o  el debido proceso.

Debemos recordar, que la demanda de acción de amparo no es aceptada por todos los países, porque se está tumbando una resolución firme, y es considerada extraordinario de lo extraordinario y es por la vocación totalizadora a través de la interpretación de la convención interamericana de los derechos humanos

Es una práctica relativamente frecuente en nuestro país, es decir termina un proceso ordinario de naturaleza civil, laboral, familiar, penal, comercial y administrativa y cuando la parte perdedora o insatisfecha se queda sin sabor de la justicia, plantea un proceso de amparo contra resoluciones judiciales.

Es una práctica relativamente frecuente en nuestro país, es decir termina un proceso ordinario de naturaleza civil, laboral, familiar, penal, comercial y administrativa y cuando la parte perdedora o insatisfecha se queda sin sabor de la justicia, plantea un proceso de amparo contra resoluciones judiciales.

El tribunal Constitucional analiza el amparo contra resoluciones judiciales con el caso de  paradigmático STC 03179-2004-AA-TC- Huamanga, caso Apolonia Ccollca Ponce, el TC, trajo consigo una interpretación del TC  busca, que las resoluciones tengan el carácter de firme, cuando se ha vulnerado un derecho fundamental  y especifica el control constitucional de las resoluciones judiciales; la razonabilidad , poder ver si es realmente necesario revisar todo el proceso ordinario, la coherencia ver si realmente hay una vulneración de un derecho fundamental, tiene directa relación con el fallo en el caso ordinario y la suficiencia ver la intensidad con que iba a ingresar el a amparo en el proceso ordinario, hasta que parte se iba anular  para retornar las cosas al estado inicial.

El trámite diferenciado, de un proceso de amparo y un proceso de amparo contra resoluciones judiciales  en el plazo es de 60  días y  es reducida a 30 días y la demanda de amparo  ya no va a la juez especializado constitucional o en caos que no exista al juez civil, sino a la sala constitucional y de o tener a la sala  civil y en apelación va a sala social constitucional suprema y si es improcedente o infundada el justiciable recurre al tribunal constitucional, para muchos es la última garantía , para encontrar algún respaldo cuando se considera que un proceso ordinario ,ha vulnerado un derecho fundamental.

3.-Rechazo liminar

Se espera que estos tiempos, una modificación o una reforma normativa, sea positivo y se constituya como el reflejo de un proceso caracterizado por un amplio debate.

            En materia procesal constitucional hace un año se llevó a cabo una reforma en donde el código procesal constitucional (ley n°28237) fue derogado y remplazado por el Nuevo Código Procesal Consti­tucional de 2021 (Ley n. 31307 y publicada el 23 de julio de 2021 en el Diario Oficial El Peruano).

El antecedente de la figura del rechazo liminar de la demanda, en los procesos de tutela de derechos, en la legislación peruana, tiene dos legislaciones inmediatas que se manifiesta; en primer término, se encontraba regulada en el artículo 14[14] de la derogada Ley no 25398[15], en el texto legal se autorizaba al juez constitucional a declarar improcedente la demanda de amparo o de habeas corpus en el momento en que la calificaba (como primer acto procesal judicial), y podía hacerlo si es que advertía que se presentaba, de forma manifiesta, alguna de las causales de improcedencia previstas en los artículos 6[16] y 37[17] de la Ley no 23506 (Ley de Habeas Corpus y Amparo), en los artículos mencionados , la facultad del rechazo liminar no exigía que la decisión judicial estuviese debidamente motivada, por lo que se presentaban situaciones en las que el juez abusaba de su empleo. Así, se generaron casos en los que se declaraba improcedente la demanda pese a que la causal de improcedencia no era manifiesta o la decisión se sustentaba en otras causales no previstas legalmente.

Posteriormente, con el Código Procesal Constitucional de 2004, se buscó eliminar tal defecto, por lo que en su artículo N°47[18] se reguló la facultad de rechazar de forma liminar la demanda, pero con la atingencia de que esta no podía ser ejercida de forma antojadiza, y se imponía al juez el deber de fundamentar su empleo y efectuarla si es que advertía, sin ninguna duda, el cumplimiento de alguna de las causales de improcedencia reguladas en el artículo 5 del mismo cuerpo de leyes, o cuando la demanda fuese interpuesta en defensa del derecho de rectificación y no se haya acreditado la remisión de una solicitud cursada por medio fehaciente al director del órgano de comunicación o, a falta de este, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes. (Justicia, 2022, págs. 325-328)

Es así que, una vez efectiva la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional del 2021 donde taxativamente se establece que en los procesos constitucionales se encuentra prohibido el rechazo liminar de la demanda, como lo seña dicho texto legal:

Artículo 6.- Prohibición de rechazo liminar

De conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda.

Esta quizás ha sido uno de los cambios más evidentes y controversiales, Conforme se advierte, dicho párrafo, con una interpretación literal, se entiende los jueces ya no pueden rechazar laminarmente una demanda, aunque se venza los plazos procesales o los supuestos de improcedencia son evidentes, en este contexto, se tiene que notificar a la parte demandada, esperar su contestación y llevar acabo la audiencia, para luego generar la sentencia.

Esta reforma, se implementa gracias al precedente de Vásquez Romero, donde el tribunal constitucional limita el derecho a acceso a la justicia, a ejercer el derecho a la defensa, ya que se puede negar la protección de sus derechos fundamentales.

EXP. N° 00987-2014-PA/TC SANTA FRANCISCA LILIA VÁSQUEZ ROMERO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Debe tenerse presente que sólo cabe acudir al rechazo liminar de la demanda de amparo cuando no exista margen de duda respecto de su improcedencia. Dicho con otras palabras, cuando de una manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente prevista en el Código Procesal Constitucional.

Por lo que hace al principio de economía procesal, este Tribunal ha establecido que, si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo pese al rechazo liminar de la demanda, resulta l innecesario obligar a las partes a reiniciar el proceso, no obstante, todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las 1 instancias jurisdiccionales competentes.

Por lo que hace al principio de informalidad, que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa del emplazado Poder Judicial, quien fue debidamente notificado a partir del concesorio del recurso de apelación.

            Para muchos, el concepto de rechazo liminar de una demanda, queda entendido, pero podemos mencionar a dos autores, al profesor Giovanni Priori y Eugenia Ariano, que nos dicen, que es, y así esclarecer dicha concepción:

Es la atribución que le confiere el ordenamiento jurídico al Juez para evaluar si la demanda cumple con determinados requisitos, antes que sea puesta en conocimiento del demandado; de modo que, si no los cumple, el Juez dispone el inmediato rechazo de la demanda. Esta es una atribución judicial característica del sistema jurídico latinoamericano, que emana del despacho saneador. Esa atribución supone que “el juez, de oficio y antes de admitir la demanda, debe examinar la presencia y satisfacción” de los presupuestos procesales. “Si ellos no se cumplen debe abstenerse de iniciar proceso porque el que admitiere con tal defecto sería un proceso invalidable, un proceso ineficaz, que no puede conducir a un pronunciamiento en el fondo sobre el éxito o fracaso de la pretensión” (Priori Posada & Ariano Deho, 2009, pág. 104)

Otro concepto que se le brinda al rechazo liminar de la demanda, que nos da entender, que si no cumple con los requisitos establecidos de se debe de abstener de iniciar un proceso, porque se estaría admitiendo un error, la cual resultaría ineficaz, invalidable, que no necesitaría de pronunciación de fondo.

Es la atribución que le confiere el ordenamiento jurídico al Juez para evaluar si la demanda cumple con determinados requisitos, antes que sea puesta en conocimiento del demandado; de modo que, si no los cumple, el Juez dispone el inmediato rechazo de la demanda. Esta es una atribución judicial característica del sistema jurídico latinoamericano, que emana del despacho saneador. Esa atribución supone que “el juez, de oficio y antes de admitir la demanda, debe examinar la presencia y satisfacción” de los presupuestos procesales (PRIETO & QUINTERO, 2000, pág. 322).

4.-Improcedencia en proceso de acción de amparo

Cuando hablamos de Improcedencia, se nos viene a la mente todos los procesos de diferentes materias, que para que se cumpla debe de tener ciertos requisitos, sin embargo, el Proceso Constitucional es autónomo, ya que, cuando exista un vacío legal, se toma en consideración normas complementarias, ya que en el proceso constitucional se reclaman o protegen derechos fundamentales.

La figura de improcedencia en los procesos constitucionales, es cuándo se configura una respuesta denegatoria por parte del legislador, cuando la pretensión es insuficientemente notoria, que no cabe duda alguna, como para ser atendida, es el incumplimiento formal o material en una demanda presentada.

Si queremos comprender el concepto de improcedencia de los procesos constitucionales, se conoce y se exige a obedecer a ciertos rangos de autonomía procesal, por ejemplo, una demanda constitucional en primer lugar se tiene que realizar en sede constitucional[19] , y si no se cuenta con una, será en una sede ordinaria sin afectar los principios de legalidad y congruencia procesal.

Es importante advertir, entonces, que la lógica de los procesos constitucionales obedece a un contexto especial, desde el ámbito procesal, respecto a aquellos procesos que se definen en vía ordinaria. En los procesos constitucionales, la premisa válida será determinar la pretensión procesal no solo en función a los alcances del petitorio, sino en tanto a los fines de la tutela urgente que reclaman las controversias constitucionales, respecto de aquellos procesos de control normativo cuya función de salvaguarda, identifica como elemento relevante, la primacía de la Norma de Normas sobre los demás estamentos normativos que conforman el ordenamiento jurídico. (Figueroa Gutarra, La Improcedencia en procesos consttucionales, 2010, pág. 276)

Nuestro ordenamiento jurídico contempla a nivel de normas, la improcedencia de los procesos constitucionales en el artículo 7[20] del Nuevo Código Procesal Constitucional  la causal de improcedencia debe ser evidente y no debe dar lugar a duda alguna, convirtiendo así, la figura de la improcedencia como un verdadero mecanismo eficaz, pues abrevia etapas del proceso constitucional y evita gastos de tiempo y esfuerzos innecesarios, ello sin dejar de lado, que evitaría el problema de la sobrecarga procesal en el poder judicial.

Por otro lado, tenemos que diferencian los tipos de improcedencia, y tener claro dichos conceptos:

Improcedencia formal, en cuanto no concurren los elementos de análisis mínimos, para la vulneración de un derecho fundamental, supuesto que configura un rechazo liminar, se produce decisión inhibitoria para el conocimiento del proceso.

Improcedencia material, cuando el decisor jurisdiccional ha optado por conducir el proceso y emite una decisión que pone fin, luego de ejercitado el derecho de defensa de las partes y actuadas las pruebas que hubiera, que se configura un rechazo de la pretensión por cuanto efectivamente existe ausencia de cumplimiento de requisitos de fondo para una estimación de la pretensión. (Figueroa Gutarra, La improcedencia de procesos constitucionales, 2010, pág. 277)

En tal sentido, no demos olvidar que mediante la jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha precisado, o incluso establecido, la interpretación de las causales de improcedencia contenidas en el Código Procesal Constitucional.

Debe señalarse que complementariamente a lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional, también se aplica el Código Procesal Civil, siempre que no se vaya en contra de los fines de los procesos constitucionales; igualmente, se establece que la jurisprudencia es una fuente de integración del Derecho aplicado en estos procesos, prevista en el artículo 9 del título preliminar[21].

En el proceso Constitucional de Acción Amparo, la legitimación procesal[22], es de suma importancia par iniciar la demanda por que es la expresión de la titularidad de un derecho u obligación, que puede ser de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, debe contar con una representación[23], se debe agotar las vías previas[24]en el sistema ordinario, se debe de cumplir los plazos procesales[25]por ejemplo en la sentencia del tribunal constitucional:

STC N.° 2644-2016-PA/TC, donde la empresa Portales SA interpuso una demanda de amparo contra la Municipalidad San Isidro cuestionando actos administrativos que le fueron notificados dos años antes, siendo que la demanda excedía en exceso el plazo de 60 días que se tiene para interponer la demanda, se declaró improcedente

En el proceso Constitucional de Acción Amparo contra resoluciones judiciales, que es materia de estudio en nuestro ensayo, el tratamiento es otro, por ejemplo, en lo referente a los plazos[26] son 30 días, pero el requisito que se encuentra de manera tacita es el articulo N°9 del nuevo código procesal constitucional, que es el más importante para determinar la improcedencia en la calificación de la demanda de Acción de amparo contra resoluciones judiciales.

Nos encontramos aun todavía asimilando las reformas del código procesal constitucional, ya para poder tener en cuenta que cambios hubo respecto a la regla de improcedencia contra resoluciones judiciales del código procesal constitucional y del nuevo que se encuentra vigente desde el 24 de junio del 2021, establecen la misma fórmula legal sobre dicho tema, indicando que es un requisito de procedencia del amparo contra resolución judicial que el accionante no haya dejado consentir la resolución que dice afectarlo, en razón que es un requisito previo, el de agotar la vía previa judicial y haber recurrido a todos los mecanismos impugnatorios pertinentes al interior de dicho proceso, para revertir dicha decisión adversa. A continuación, un cuadro comparativo que refleja lo afirmado

Regla de improcedencia del amparo contra resolución judicial referido a la firmeza de la misma
Código Procesal Constitucional (Ley 28237)Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307)
Articulo 4.-El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.Artículo 9.-El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo

Sin embargo, vía interpretación sistemática, ese escenario de prohibición, únicamente debe ser entendido, para el caso del amparo contra Resoluciones judiciales, cuando el demandante acredite a priori que está cuestionando una RESOLUCIÓN FIRME.

Es decir, para el caso del amparo contra Resoluciones Judiciales, la prohibición liminar de rechazo, solo se hará presente, cuando esté acreditado el presupuesto previo que el artículo 9° del Nuevo Código Procesal Constitucional impone de modo taxativo. Añadiendo que, por mandato de este mismo dispositivo, es improcedente el amparo de aquella resolución que se dejó consentir. Se está aquí, ante supuestos de evidente objetividad, que acorde a la jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional, no existe margen de duda para la aplicación del rechazo liminar.

De acuerdo al artículo 9° del Nuevo Código Procesal Constitucional, “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo (…)”. Como es de verse, se desprende la improcedencia cuando efectivamente se trate de una Resolución judicial que se dejó consentir; por lo que, inversamente se genera una excepción a la regla contenida en el artículo 6° del citado código, permitiendo por sistematización de normas el rechazo liminar de la demanda, ajustado a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. (Accion de Amparo, 2022).

5.-Análisis de muestra

                Se tomó de muestra, los ingresos de demandas de Acción de Amparo contra Resoluciones Judiciales, se realizó el seguimiento de dichas demandas desde la calificación hasta la sentencia de primer instancia y apelación hasta el Tribunal Constitucional, desde enero del 2020 hasta octubre del 2022, teniendo en cuenta que el Nuevo Código Procesal Constitucional, entra en vigencia el 24 de junio del 2021.

            En total, son 173 demandas interpuestas ante la Corte Superior de Justicia de Junín, se solicitó el derecho de acceso a la información, para poder obtener los números de expedientes y así poder llegar las conclusiones, de si, la implementación de no rechazar la demanda en calificación y que se admitan todos, genera una mayor certeza para los justiciables de obtener buenos resultados, o que simplemente, genera más carga laboral a la sala civil, por ende, al tribunal constitucional.

Para sistematizar la información elaboraremos un cuadro general.

FechaCalificaciónSentencia 1° instanciaApelación 2°instanciaTribunal constitucional  
ImproceInadmiadmitidaImproce.infundadaSe confirmafundadaSe confirmaProcesofundada
01/01/2020 31/12/20203228 431293651
01/01/2021 23/07/20211312 11 12135 
24/07/2021 31/12/202146 321439722  151
01/01/2022 12/10/202282 54282560   29 

Podemos concluir, que, en el cuadro final, que:

1.-Las demandas de Acción de amparo contra resoluciones judiciales antes que ingrese en vigencia el nuevo código procesal constitucional, la cantidad de ingresos de expedientes  de fecha 01/01/2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 son;  en total 32 de las cuales 28 son improcedentes y 4 se admiten a trámite, en sentencia de primera instancia  3 son improcedentes y 1 infundada, en apelación de segunda instancia 29 confirman la sentencia de primera instancia y 3 son fundadas , de las cuales 12 pasan al tribunal constitucional , 6 de confirman la decisión 5 en proceso y funda a favor del justiciable.

2.-Las demandas de Acción de amparo contra resoluciones judiciales antes que ingrese en vigencia el nuevo código procesal constitucional, la cantidad de ingresos de expedientes de fecha 01/01/2021 hasta el 23 de julio del 2021 son; en total 13, de las cuales 12 son improcedentes y 1 administrada a trámite, en sentencia de primera instancia 1 es improcedente, pasa a  apelación de segunda instancia 13 de la cuales 12 confirman la decisión y 1 es fundada a favor del justiciable , pasando al tribunal  constitucional 8, 3 confirman  la sentencia y 5 se encuentran en proceso.

3.-Las demandas de Acción de amparo contra resoluciones judiciales después  que ingrese en vigencia el nuevo código procesal constitucional, la cantidad de ingresos de expedientes  de fecha 24/07/2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 son;  en total 46, y como esta prohibido el rechazo liminar si se entiende de manera literal, 32 son inadmisibles  y 14 se admiten ,en sentencia 39 son improcedentes y 7 infundadas, pasan 22 a segunda instancia confirmando la decisión y al tribunal 16, 15 en proceso y 1 fundada a favor del justiciable.

4.- Las demandas de Acción de amparo contra resoluciones judiciales después  que ingrese en vigencia el nuevo código procesal constitucional, la cantidad de ingresos de expedientes  de fecha 01/01/2022 hasta el 12/10/2022 son;  en total 82, y como está prohibido el rechazo liminar si se entiende de manera literal, de las cuales 54 inadmisibles, y 28 admitidas , en sentencia de primera instancia que resuelve la sala civil, 25 son improcedentes y 60 infundadas, al apelar se dirige todo al tribunal constitucional, y son 29 en proceso a espera de una respuesta.

6.-Conclusiones

1.-La interpretación literal del nuevo código procesal constitucional del articulo no 6, que refiere dicho texto, en la prohibición del rechazo liminar, no tutela el acceso a la justicia, ya que da esperanza al justiciable, el pensar que su demanda saldrá a su favor, ya que está siendo admitida, y al contrario se puede vulnerar el derecho a la integridad moral, creando una expectativa falsa.

2.-El juez que es el director de desarrollar todo el proceso, al aplicar de manera literal el articulo n°6, se le limita el poder calificar demandas descabelladas como improcedente, o que, a simple vista, debe ser improcedente por que el derecho el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo, o cuando el plazo de presentación ya pasó.

3.-Se genera mas carga procesal, por que al admitirse la demanda se corre traslado a la otra parte y se llama a audiencia, aun sabiendo que el resultado será improcedente.

4.-El tribunal constitucional, es la ultima instancia, pero, el nuevo código procesal cosntititucional, ordena que la sala constitucional suprema, o en su defecto cuando esta no existe, lo vea la sala civil, esto a razón que los jueces de primera de instancia declaraban casi todas improcedentes, y eso porque se atribuía que entre ellos mismos no se pueden traicionar, por  eso se optó que una sala superior, lleve los procesos,  de tutela jurisdiccional, pero a pasar del tiempo se volverá como un órgano ordinario, ya que al no estar conforme con el resultado se apela y sube al tribunal constitucional.

5.-En casos específicos, como la demanda de acción de amparo contra resoluciones judiciales, se debe de tener en consideración la sentencia  EXP.0015-2022-0-0601-SP-CI-01 , emitida por la Corte Superior de justicia de  Cajamarca, ya que en su fundamentos, nos explica que para estos casos se tiene que tener en consideración y no olvidar el art n°9 que claramente señala la causal de improcedencia, entones el juez debe analizar en la etapa de calificación si no cumple y  no hay duda alguna, se declare improcedente.

6.-La solución, para poder llevar una buena admiración de justicia, es que la norma no se debe de interpretar de manera literal, si no, se debe de analizar conjuntamente con las normas complementarias y emitir un correcto resultado.

7.-Como vemos en los cuadros de datos, se refleja que los jueces de la Corte Superior de justicia de Junín, están interpretando de manera literal el rechazo in limine, ya que en los resultados se refleja que desde que entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307), no se visualiza que una demanda, en calificación, se declare improcedente, al contrario, aumento las demandas que declara infundada.

Referencias

Abad Yupanqui, S. (2015). EL PROCESO DE AMPARO EN EL PERÚ: ANTECEDENTES, DESARROLLO NORMATIVO Y REGULACIÓN VIGENTE. THĒMIS- revista de derecho 67, 306-307.

Accion de Amparo, 0015-2022-0-0601-SP-CI-01 (Sede Civil de la Corte superior de cajamarca 21 de 04 de 2022).

Amparo Contra Resoluiones Judiciales, N.º 2347-2004-AA/TC (Tribunal Constitucional 22 de 09 de 2005).

Figueroa Gutarra, E. (2010). La improcedencia de procesos constitucionales. Gaceta Constitucional n°35, 277.

Figueroa Gutarra, E. (2010). La Improcedencia en procesos consttucionales. Gaceta Consitucional n°35, 276.

Justicia, C. s. (2022). Rechazo liminar de la demanda a proposito del nuevo codigo procesal cosntitcuional. Revista oficila del Poder Judicial de la Libertad, 325-328.

Pereyra Villar, T. (2018). El proceso de amparo; una mirada a la jurisprudencia del TC. Legis Pe, 1-2.

PRIETO, E., & QUINTERO, B. (2000). Teoría general del proceso. Temis, 322.

Priori Posada, G., & Ariano Deho, E. (2009). ¿Rechazando la justicia? El derecho a acceso a la justcicia y el rechao liminar de la demanda. THEMIS 57, 104.


[1]Art. 200 Constitución Política del Perú- numeral 1 La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.

[2] Art 200 Constitución Política del Perú – numeral 2 La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

[3] Art 200 Constitución Política del Perú- numeral 3 La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.

[4] Art 200 Constitución Política del Perú- numeral 4 La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

[5] Art 200 Constitución Política del Perú- numeral 5 La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen 

[6] Art 200 Constitución Política del Perú- numeral 6 La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

[7] Art 9. El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.

[8] Art. 6. Prohibición de rechazo liminar. De conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda.

[9] Art 45. Plazo de interposición de la demanda. Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme.

[10] Art 43. Agotamiento de las vías previas

El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo.

No será exigible el agotamiento de las vías previas si:

1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;

2) por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;

3) la vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado;

4) no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

[11] Art. 44 del nuevo Código Procesal Constitucional- derechos protegidos.

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, características genéticas, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.

2) Al libre desenvolvimiento de la personalidad.

3) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa.

4) A la libertad de conciencia y el derecho a objetar.

5) De información, opinión y expresión.

6) A la libre contratación.

7) A la creación artística, intelectual y científica.

8) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones.

9) De reunión.

10) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes.

11) De asociación.

12) Al trabajo.

13) De sindicación, negociación colectiva y huelga.

14) De propiedad y herencia.

15) De petición ante la autoridad competente.

16) De participación individual o colectiva en la vida política del país.

17) A la nacionalidad.

18) De tutela procesal efectiva.

19) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos.

20) De impartir educación dentro de los principios constitucionales.

21) A la seguridad social.

22) De la remuneración y pensión.

23) De la libertad de cátedra.

24) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución.

25) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.

26) Al agua potable.

27) A la salud.

28) Los demás que la Constitución reconoce.

[12] Art 200 Constitución Política del Perú – numeral 2 La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.

[13] Art 4. Defensa pública

En los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública, y, si la hubiere, a la especializada en defensa constitucional y derecho procesal constitucional.

[14] Artículo 14.- Cuando la acción de garantía resultase manifiestamente improcedente por las causales señaladas en los Artículos 6 y 37 de la Ley, el juez puede rechazar de plano la acción incoada [énfasis añadido]. En tal caso, procede el recurso de apelación, el que se concede en ambos efectos y el recurso de nulidad. (Congreso de la República, 1992).

[15] De  este  modo,  teniendo  en  cuenta  que  la  referida  ley  fue  publicada  el  9  de  febrero  de  1992  y  entró  en  vigencia  al  decimosexto  día  ulterior  a  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  El  Peruano,  se  tiene  que  fue  en  los  mencionados  procesos  cons­titucionales  en  donde  operó  en  primer  término  la  facultad  del  rechazo  liminar  de  la  demanda,  esto  es,  incluso  antes  del  Código  Procesal  Civil  de  1993,  que  fue  publicado  el  4  de  marzo  de  1992,  y  por  ende  entró  en  vigencia  luego  de  la  Ley  n.o  25398.  Así, discrepo con la afirmación realizada por Velásquez (2022), quien sostiene: «la propuesta anterior no tuvo que recorrer mucho camino para llegar al penúltimo párrafo del artículo 427 de nuestro Código Procesal Civil de 1993 (“CPCivil”) que fue el primer texto que empoderó al juez para desestimar de plano las demandas que estime manifiestamente improcedente.

[16] Artículo 6.- No proceden las acciones de garantía:

1) En caso de haber cesado la violación o la amenaza de violación de un derecho constitucional, o si la violación se ha convertido en irreparable;

2) Contra resolución judicial o arbitral emanadas de proceso regular;

3) Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial ordinaria; y

4) De las dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los Poderes del Estado y los organismos creados por la Constitución, por los actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones.

[17] Artículo 37.- El ejercicio de la acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. (Congreso de la República, 1982)

[18] Artículo 47.- Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión [énfasis añadido]. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código. También podrá hacerlo si la demanda se ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de comunicación o, a falta de este, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes. Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. (Congreso de la República, 2004)

[19] Art III. Principios procesales

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, economía, inmediación, socialización y el principio de gratuidad en la actuación del demandante salvo que se trate de procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas contra resoluciones judiciales.

El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código.

Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente código.

[20] Art 7. Causales de improcedencia- No proceden los procesos constitucionales cuando:

1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.

2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus.

3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional.

4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus.

5. Cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional.

6. Si se trata de conflictos constitucionales surgidos entre los poderes del Estado o de entidades de la administración pública entre sí. Tampoco procede entre los gobiernos regionales, locales o de ellos entre sí ni contra el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial interpuesto por un gobierno local, regional o entidad pública alguna. En estos casos, la controversia se tramita por la vía de los procesos de inconstitucionalidad o de competencia, según corresponda.

7. Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de habeas corpus.

[21] Art IX. Aplicación supletoria e integración

Solo en caso de vacío o defecto del presente código son de aplicación supletoria la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los códigos procesales afines a la materia discutida son de aplicación subsidiaria siempre y cuando no perjudiquen a las partes ni a los fines del proceso constitucional y solo ante la ausencia de otros criterios.

[22] Art 39. Legitimación

El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo.

[23] Art 40. Representación procesal

EI afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción de la representación otorgada.

Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. Para este efecto, será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el cónsul del Perú en la ciudad extranjera que corresponda y la apostilla de la firma del cónsul ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos.

La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales.

[24] Art 43. Agotamiento de las vías previas

El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo.

No será exigible el agotamiento de las vías previas si:

1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;

2) por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;

3) la vía previa no se encuentra expresamente regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado;

4) no se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.

[25] Artículo 45. Plazo de interposición de la demanda

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento.

[26] Artículo 45. Plazo de interposición de la demanda

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda es de treinta días hábiles y se inicia con la notificación de la resolución que tiene la condición de firme.

Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas:

1) El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad.

2) Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se inicia en dicho momento.

3) Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su ejecución.

4) La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Solo si la afectación se produce se deberá empezar a contar el plazo.

5) Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista.

6) El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda.

7) Si se trata de normas autoaplicativas el plazo no prescribe, salvo que la norma sea derogada o declarada inconstitucional.

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