La incorrecta aplicación del principio de tipicidad en perjuicio del administrado en sede administrativa

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La incorrecta aplicación del principio de tipicidad en perjuicio del administrado en sede administrativa

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Por: Puma Muñoz Miguel Alonso

Hace unos días fui consultado sobre un procedimiento administrativo sancionador en el cual el órgano sancionador de una entidad pública (Municipalidad) imputó a un administrado la siguiente conducta infractora: permitir o dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su modalidad al interior y alrededor de los establecimientos comerciales.

¿Qué sucedió en los hechos? El administrado es una persona natural con negocio de abarrotes (bodega), a quien los fiscalizadores le imputaban el hecho que permitió y dio facilidades para que dos personas bebieran alcohol a puertas de su local. El administrado señaló en su descargo que no observó que se encontraban bebiendo a puertas de su local, que ello fue circunstancial, y que no expende bebidas alcohólicas, su descargo fue denegado imponiéndose mediante la Resolución de Sanción Administrativa una multa del 50% de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (S/.2,100.00 % vigente en aquella fecha).

No conforme con lo precedido, el administrado interpuso su recurso de reconsideración fundamentando la vulneración al debido procedimiento, su derecho a la defensa ya que se había imputado una infracción de manera genérica, recurso que fue declarado infundado mediante la Resolución de Sub Gerencia, la misma que, citaba sin mayor motivación la imputación dada, la cual fue impugnada por el administrado mediante el Recurso de Apelación argumentando la vulneración al principio de legalidad, debido procedimiento, el derecho a la defensa, recurso que fue declarado infundado mediante la Resolución de Gerencia, agotando con ello la vía administrativa.

En base a los hechos narrados y la infracción imputada, se observa que la referida infracción cuenta con dos conductas pasibles de sanción, a saber:  

PERMITIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CUALQUIERA SER SU MODALIDAD AL INTERIOR Y ALREDEDOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, O

DAR FACILIDADES PARA EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CUALQUIERA SER SU MODALIDAD AL INTERIOR Y ALREDEDOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

De lo citado se desprende que la palabra O resalta la disyunción[1], es decir, separa una conducta de la otra. En tanto que la palabra Y es una conjunción[2], la cual une las premisas. ¿Por qué la aclaración? Por lo siguiente: Para que se pueda imputar la infracción el administrado deberá de:

  • Permitir el consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su modalidad al interior y alrededor de los establecimientos comerciales, O
  • Dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas cualquiera sea su modalidad al interior y alrededor de los establecimientos comerciales.

Es importante señalar que per se no bastará para imputar la infracción el permitir o dar facilidades para el consumo de bebidas alcohólicas sino, además, de manera copulativa se deberá de realizar al interior Y alrededor del establecimiento comercial, lo cual no ha sido tomado en cuenta por la Municipalidad. Es decir, no sólo se imputó al administrado de manera genérica una infracción que contiene dos conductas sin precisarlas, sino, además, las conductas no cumplieron con los presupuestos previstos para ser sancionadas. Pudiéndose colegir que la Municipalidad describía la conducta prevista como infracción (tipo) sin realizar la adecuación de misma (tipicidad), en perjuicio del administrado.  

Ahora bien, ¿Qué argumentos legales tiene el administrado para impugnarla en vía judicial? En primer lugar, traer a referencia el artículo IV de La Ley de Procedimientos Administrativo General aprobada por el DECRETO SUPREMO No. 004-2019-JUS (en lo sucesivo, LPAG) que en su numeral 1.1 del punto 1 que pondera el principio de legalidad que rige la actuación de los funcionarios públicos. Dentro de los principios de la potestad sancionadora administrativa se encuentra el principio de tipicidad en el artículo 248° de LPAG que prevé: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía […].

De lo citado, se proscribe la interpretación extensiva o analógica del principio de tipicidad, con lo cual las imputaciones formuladas NO PODRÁN QUEDAR A SÓLA DISCRECIÓN DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional considera a la tipicidad o taxatividad como una de las manifestaciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones (que definen sanciones) estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. El criterio del Tribunal Constitucional es, en ese sentido, el de considerar que la tipicidad constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta[3].

En tercer lugar, en lo referido a la proscripción de la arbitrariedad el Tribunal Constitucional ha señalado[4]: “En este sentido, la razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, esto “implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos” (Cfr. Exp. Nº 0006-2003-AI/TC).”  

El ejercicio de tales potestades no es irrestricto ni arbitrario; por el contrario, se rige por la idea fundamental de que debe ser reglado en atención a su carácter represivo y su alta incidencia en la esfera jurídica del administrado[5]. En ese orden de ideas, el ejercicio de la potestad sancionadora de toda autoridad administrativa debe de realizarse dentro de los parámetros jurídicos que rigen el ordenamiento jurídico administrativo y el Estado Constitucional de Derecho.

Al respecto, corresponde citar a MORÓN UBINA[6] quien señala: “Si hubiera arbitrariedad, debería declararse nula aquella decisión injusta que afecte del debido proceso, ya sea el derecho de defensa, motivación, legalidad, entre otros.”

Luego de los analizado, el administrado cuenta con argumentos para impugnar en la vía judicial el procedimiento administrativo sancionador, debido a la contravención de las normas citadas. Es importante traer a colación que de una tradición jurídica los administrados recurrían ante el Poder Judicial pretendiendo o requiriendo la declaración de nulidad de un acto administrativo que consideraban lesivo y afectado de vicios. Ante lo cual, el órgano jurisdiccional solo examinaba la regularidad formal del acto administrativo impugnado, sin pronunciarse sobre el conflicto de fondo o sobre los derechos subjetivos del demandante. Con la consolidación del principio del debido proceso y, fundamentalmente de la tutela jurisdiccional efectiva, ha emergido una nueva concepción respecto a los alcances de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo[7].

Es así que, superando los límites del dogma revisor, la idea de la plena jurisdicción, basada en el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, permite al administrado solicitar la tutela de la generalidad de sus derechos subjetivos lesionados por la administración. Igualmente, permite al juez, no solo revisar la legalidad de la actuación administrativa, sino, pronunciarse sobre el conflicto de fondo.

Finalmente, cuando se habla de una justicia lenta, dilatoria, que no se ejecuta, debido a la carga procesal, se debería revisar casos como el explicado que no ayudan a disminuir tal carga, y los deberes de algunos funcionarios que parecen conocer de Derecho tanto como Menelao conocía a Helena.


[1] https://dle.rae.es/disyunci%C3%B3n – f. Acción y efecto de separar y desunir.

[2] https://dle.rae.es/conjunci%C3%B3n?m=form – f. junta (‖ unión)

[3]Al respecto, ver la sentencia en el Expediente 2192-2004-AA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 5.

[4]Al respecto ver la sentencia en el Expediente 03167-2010-PA/TC, fundamento 11.

[5] OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Ob. cit., p. 97

[6] MORÓN URBINA, Juan Carlos. Principios del Procedimiento Administrativo. En: Comentarios a la Nueva Ley de Procedimientos Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2008. p. 35.

[7] Huapaya Tapia, Ramón. «Tratado del Proceso Contencioso Administrativo». Lima: Jurista Editores, 2006, p. 730.