La medida cautelar de incautación y su función probatoria en el código procesal penal

0
1413
La medida cautelar de incautación y su función probatoria en el código procesal penal

Loading

Paul Iriarte

Sumario: 1. Introducción; 2. Funciones de la medida cautelar de incautación; 3. Función probatoria de la incautación; 4. Incautación y peligro procesal; 5. Incautación y actos urgentes e inaplazables; 5.1 Actos urgentes y peligro procesal; 5.2 Convalidación judicial y flagrancia; 6. Reexamen judicial; 7. Incautación probatoria, exhibición y juzgamiento; 8. Conclusiones; 9. Referencias

1. Introducción

Las medidas de coerción judicial como género, y su especie que se bifurcan en cautelares personales y reales; permiten la realización de las finalidades del proceso penal judicial. Entre estas, ejecutar la sentencia, el desarrollo de los actos procesales, y lograr la certeza más allá de toda duda razonable para un pronunciamiento de mérito sea de condena o absolución si prima la presunción de inocencia, insuficiencia probatoria o el indubio pro reo.

Por tanto, dichas medidas cautelares sirven previamente para conjurar peligros procesales y eventualmente sea ejecutable la sentencia. Es decir, realizar la finalidad del proceso judicial penal. Por esa razón, cada medida cautelar sea personal o real en atención a ello cumple función distinta.

Sin embargo, su dación tiene que atender a los presupuestos desarrollados en ley (fumus bonis iuris o fumus comissi delicti y periculum in mora) y sujetos a la proporcionalidad que la ley también desarrolla. Dado que, este principio informa el proceso penal judicial; y con mayor razón, las medidas de coerción judicial.

Art. Vl. – Legalidad de las medidas limitativas de derechos

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.

Art. X.- Prevalencia de las normas de este Título

Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.

2. Funciones de la medida cautelar de incautación

Las funciones de la medida cautelar real de incautación sobre objetos vinculados al delito, son la probatoria y la preventiva; esta para asegurar la desposesión de bienes muebles o inmuebles vinculadas al ilícito penal. Sin embargo, la función probatoria está orientado al desarrollo normal de actos procesales y alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable para condenar y la ejecución de la misma. Por tanto, constituyen finalidades que asegura la tutela procesal efectiva jurisdiccional.

En efecto, certeza más allá de toda duda razonable para un pronunciamiento de mérito sea de absolución o condena; ejecución de la sentencia; y decisión fundada en derecho con sus características de coerción, inmutabilidad de los hechos y inimpugnabilidad cuando la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada o se consienta la sentencia.

Por esa razón, la medida cautelar real de incautación y su función probatoria se emplean para conjurar peligros procesales. Por ello, para la imposición de dicha medida cautelar real, requiere ser proporcional de cara al caso en concreto. Sin perjuicio, de los presupuestos procesales que toda medida de coerción exige y la ley desarrolla (fumus bonus iuris o fumus comissi delicti y el periculum in mora) y la proporcionalidad de la medida cautelar.

En suma, la medida de coerción cautelar de incautación cumple funciones probatorias y preventivas, frente al objeto vinculado al ilícito penal. Es decir, lo probatorio en razón de conservar elementos de convicción que permitan corroborar la pretensión punitiva y garantizar a posteriori la ejecución de la sentencia sea de condena o absolución con certeza más allá de toda duda razonable, y el normal desenvolvimiento de actos procesales; y su función preventiva su objeto recae sobre la desposesión de los productos, efectos o ganancias de origen ilícito sobre los cuales recae la medida cautelar real de incautación.

Art. 320.- Pérdida de eficacia de la incautación

(…)

2. La restitución no será ordenada si, a solicitud de las partes legitimadas, se deben garantizar – cuando corresponda – el pago de las responsabilidades pecuniarias del delito y las costas.

3. Función probatoria de la incautación

La medida cautelar real de incautación, se erige para cumplir funciones probatorias y preventivas en el proceso penal judicial. Por esa razón, su imposición lo realiza el juez de investigación preparatoria. Por consiguiente, se realicen las finalidades del proceso penal judicial.

En ese sentido, la función probatoria se orienta a corroborar la pretensión punitiva. Es decir, permite realizar ciertos actos de investigación a través de la incautación sea por orden judicial, o excepcionalmente por el juez de investigación preparatoria; para conservar elementos de convicción.

Art. 316.- Objeto de la incautación

  1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público.
  2. Acto seguido, el fiscal requerirá inmediatamente al juez de la investigación preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días.

Por consiguiente, se corrobore la vinculación de un sujeto a la realización de un hecho con relevancia penal. En efecto, conservar elementos de convicción a través de la cadena de custodia, garantizando el principio de mismidad. Para tal efecto, dichas especies incautadas, serán objeto de informes técnicos periciales. En esa medida, se ofrezcan como medios de prueba, y estos sean admitidos, para ser incorporados y actuados en juzgamiento y lograr un pronunciamiento de mérito sea condenando o absolviendo.

4. Incautación y peligro procesal

Esta medida cautelar real de incautación, se emplea para conjurar peligros procesales; por reserva judicial, corresponde dictarla al juez de investigación preparatoria. En efecto, por regla general, se debe requerir su imposición al juez de investigación preparatoria, desarrollando sus extremos, además de que este motivada cualificadamente.

Art. V.- Competencia judicial

  1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia, y especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la ley.
  2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la ley.

Art. 317.- Intervención judicial

Si no se tiene peligro por la demora, las partes deberán requerir al juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para decidir en el supuesto previsto en el artículo anterior, debe tenerse peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos.

En efecto, la medida, permite conjurar peligros procesales, por ejemplo, posibles ocultamientos, destrucción, reincidencia delictiva, obstaculización, o fuga inclusive, y se realice las incautaciones pertinentes.

En ese sentido, debe concurrir el peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar, prolongar las consecuencias del delito, o pueda facilitar la comisión de otros delitos (Velarde, 2009, pág. 358).

5. Incautación y Actos urgentes e inaplazables 

La excepción a la regla, se desprende de la Constitución Política del Estado. Es decir, se faculta al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú detener e incautar en flagrancia delictiva. En el marco de los actos urgentes e inaplazables.

Por esa razón, un presupuesto indispensable para convalidar la medida por el juez de investigación preparatoria, además del control de legalidad de la detención; son los presupuestos de la medida y la proporcionalidad de la misma. Por tanto, será lo urgente y lo inaplazable condición necesaria para convalidar judicialmente una incautación sin orden judicial. De lo contrario, por reserva judicial, corresponde requerir previamente al juez su imposición y dación.

Art. 218.- Solicitud del fiscal

1. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el fiscal para que entrega o exhiba un bien que constituye cuerpo de delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo prescribiera, el fiscal solicitará al juez de la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias.

  • La Policía no necesitara autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal, cuando se tenga peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria.

5.1 Actos urgentes e inaplazables y peligro procesal

Con esta medida cautelar real de incautación con función probatoria en el marco de actos urgentes e inaplazables y haya flagrancia delictiva, la incautación permitirá conjurar peligros procesales. En efecto, esto desde los primeros actos de investigación. Dado que, nos encontramos ante actos urgentes e inaplazables, por ende, se erige en condición necesaria para la realización de incautaciones además de la flagrancia delictiva.

En ese sentido, cuando se trate de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración el Policía no necesitará autorización judicial, pero deberá dar cuenta inmediata al fiscal, así mismo cuando haya peligro en la demora, la exhibición o la incautación deberá disponerla el fiscal, que posteriormente requerirá al juez de la investigación preparatoria la posterior resolución confirmatoria (Flores, 2010, pág. 637).

Por tanto, la incautación en flagrancia se erige en excepción sobre la regla.  Por esa razón, se deberá evaluar con mayor ahínco, el control de legalidad de la detención al convalidar judicialmente la incautación, lo urgente y lo inaplazable; y si se efectuó dicha medida con estricta proporcionalidad. Dado que, este principio informa todo el proceso penal, con mayor razón tratándose de medidas de coerción judicial.

5.2 Convalidación judicial y flagrancia

De constituirse el supuesto de flagrancia, y se tenga posibles incautaciones la comunicación al fiscal es indispensable para que se requiera la convalidación judicial. Es decir, el juez de investigación preparatoria confirme la incautación realizada, dotando de jurisdiccionalidad a la medida. En ese sentido, convalidada la incautación, corresponderá al juez variar la medida o modificar informado por el principio de instrumentalidad.

Art. 222.- Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos

(…)

2. El fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del juez de investigación preparatoria. Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario. Los bienes sustraídos serán entrados al agraviado.

2. Si el fiscal no accede a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro del tercer día, la decisión del juez de investigación preparatoria.

Por tanto, dicha convalidación judicial es determinante, para el desarrollo de la conducencia como criterio procesal en el ofrecimiento de medios probatorios. Es decir, dotar de legalidad y constitucionalidad a dicho acto. Por tanto, se advierte posibles cuestionamientos.

De esta manera, una vez obtenida la resolución que autoriza la incautación, los bienes materia de esta deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteraciones de su estado original; igualmente debe identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado, de la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto (Flores, 2010, pág. 638).

En ese sentido, la convalidación judicial es factible realizarlo inaudita pars, o eventualmente corriendo traslado para la celebración de audiencia optimizando principios medulares del proceso penal judicial. Entre estos el de contradicción y defensa. Su objeto será el control de legalidad de la detención, la concurrencia de los presupuestos y la proporcionalidad de la medida cautelar de incautación, además de lo urgente y lo inaplazable para la medida de incautación.

6. Reexamen judicial

El género son las medidas de coerción y por especies, las medidas cautelares reales o personales que cumplen diversas funciones, tuitiva, preventiva, asegurativa etc. Por tanto, con la incautación se conjura peligros procesales para la materialización de los fines del proceso penal judicial. Es decir, de alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable, y diversas finalidades del proceso penal que franquea la tutela procesal efectiva.

Sin embargo, la medida cautelar de incautación cuestiona el derecho de propiedad prevista en la Constitución Política del Estado y desarrollada por la ley en el art. 920 del CC. Dado que, para su imposición o dación parte de la premisa de que el objeto a incautar está vinculado al ilícito penal. En consecuencia, por mandato legal, no es factible constituir patrimonio con actos ilícitos. Dado que, son nulos de pleno derecho, incluso anulables.

Por esa razón, la incautación recae sobre objetos vinculados al delito. No obstante, de cuestionarse la legitimidad de la medida, es factible plantear los recursos que la ley franquea. Entre estos, el de reexamen judicial. Para tal efecto, desvincular el objeto incautado por desconocimiento de su uso, por ejemplo.

Art. 319.- Variación y reexamen de la incautación

  1. Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio Público o del interesado.
  2. Las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin de que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad.
  3. Los autos que se pronuncian sobre la variación y el reexamen de la incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278° y en los numerales 2) y 3) del artículo 279°.

Para tal efecto, se requieren postular nuevos elementos de convicción y contrarrestar la hipótesis de la fiscalía que asume la potestad de la acción penal. En efecto, discutir la desvinculación del objeto incautado, o eventualmente la dación de otra medida, o incluso, el peligro procesal, sin perjuicio de su devolución o una reforma de medida a través de una caución. Puesto que, por regla general, en el proceso penal se discute la posesión o tenencia más no la propiedad. Por esa razón, se erige el decomiso para la adscripción de titularidad.

Sin embargo, como se trata de funciones probatorias que tiene la incautación, la medida se establece hasta la realización de un determinado acto de investigación, diligencia etc. Por ejemplo, en razón de ser objeto de informes técnicos periciales. Con mayor razón, al requerir dicha especie para su exhibición en juzgamiento de ser el caso, a través de los medios de prueba pertinentes y su incorporación y actuación en juzgamiento.

7. Incautación probatoria, exhibición y juzgamiento

La medida cautelar de incautación con fines probatorios, permite conservar elementos de convicción y estas sean objeto de informes técnicos periciales, para su posterior ofrecimiento, incorporación y exhibición en juzgamiento. En efecto, a través del principio de mismidad, dado que, este principio informa el proceso.

Por tanto, estén debidamente custodiadas, sean introducidas y actuadas en juzgamiento a través del medio de prueba pertinente, sea material documental o digital; admitido por el juez de investigación preparatoria y materializado en el auto de enjuiciamiento y auto admisorio de medios de prueba. Escritos pivotes, para la materialización del objeto de debate.

Art. 219.- Contenido de la resolución

La resolución autoritativa especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y, de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibimiento de ley para el caso de desobediencia al mandato.

Art.  220.- Diligencia de secuestro o exhibición

(…)

5. La fiscalía de la nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados.

Art. 221.- Conservación y exhibición

  1. Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá su debida conservación o custodia.
  2. En el caso de la exhibición se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin perjuicio de reproducirlo, empleando el medio técnico disponible.

Por tanto, la Fiscalía de la Nación será la encargada de dictar las disposiciones reglamentarias correspondientes, lo que es más que la explicitación de una de las funciones propias de la Fiscalía de la Nación (Velarde, 2009, pág. 358).

En efecto, en esa medida, la medida cautelar de incautación con fines probatorios logre su propósito de generar prueba y obtener una sentencia de mérito sea de absolución o condena.

8. Conclusiones

  • Para la imposición de medidas de coerción sean de carácter cautelar real o personal por reserva de ley, corresponde al juez de investigación preparatoria. Sin embargo, por excepción, se faculta al Ministerio Público y Policía Nacional del Perú en el marco de actos urgentes e inaplazables. Por tanto, además de dicha situación, se deberá observar la concurrencia de los presupuestos previstos por ley, y la estricta proporcionalidad de la medida de incautación sea en su función probatoria o preventiva en flagrancia delictiva.
  • El requerimiento de imposición de medida cautelar de incautación por el sujeto procesal legitimado; sea en su función probatoria o preventiva, deberá desarrollar además de los presupuestos procesales previstos por ley, y la proporcionalidad estricta, la función de la medida. Es decir, lo que se busca con la medida requerida. En consecuencia, sea el juez quien además de una motivación cualificada, observe escrupulosamente, la concurrencia de los presupuestos, estricta proporcionalidad, y resuelva con criterio su dación e imposición de la medida cautelar de incautación con función preventiva o probatoria.

9. Referencias

Flores, J. A. (2010). Manual del nuevo proceso penal & de litigación oral. Lima: IDEMSA.

Herrera, J. C. (2010). La investigación preliminar en el nuevo código procesal penal – 2004. Lima: JURISTA EDITORES.

Velarde, P. S. (2009). El nuevo proceso penal. LIMA: IDEMSA.

Comentarios: