La programación de audiencias y la contravención al principio de celeridad en el proceso laboral

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Por: Puma Muñoz Miguel Alonso, Abogado colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, con experiencia en Derecho Laboral

Es repetitivo, pero amerita, recordar que el estado de emergencia sanitaria y nacional declarado a raíz del covid-19 originó una crisis en el sector salud, laboral, económico y político, afectando principalmente a las familias que son el núcleo de toda sociedad, la cual debe valorarse.

En lo laboral el efecto ha sido perjudicial, perdiéndose más de dos millones de empleos formales, la mayoría de esos empleos fueron celebrados por contratos sujetos a modalidad (excepción que se volvió regla de facto) llamados “temporales”, 7/10 (siendo generosos) se encontrarían desnaturalizados. En ese escenario, se dieron despidos en demasía, se dejó de pagar a los trabajadores, beneficios como la Compensación de Tiempo de Servicios no pagadas en su oportunidad, entre otros, vislumbro un problema ya conocido, pero no resuelto en el campo laboral. Es decir, la vulneración a los derechos laborales.

En lo administrativo; conllevo a que se entablen hasta fines del mes pasado (agosto) más de veintisiete mil denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), quien haciendo su mayor esfuerzo ha logrado resolver algunas de ellas, no quiere decir que el trabajador logró la materialización del reconocimiento de su derecho, solo una declaración administrativa (de corresponder) del mismo, otras personas con menos “suerte” a la fecha siguen esperando una respuesta, y un grupo significativo debido a la lentitud del procedimiento desestimaron de facto su denuncia.

En los jurisdiccional; un gran número decidió entablar su demanda laboral, cada caso con su particularidad, despidos arbitrarios en sus dos modalidades; incausado – injustificado, despidos nulos, despidos indirectos, despidos fraudulentos, reconocimiento de vínculo laboral, desnaturalización de contratos, pagos de beneficios sociales, reposición, cese de actos de hostilidad, entre otros.

Con la expectativa de poder obtener con prontitud el reconocimiento de su derecho, la restitución de su derecho, el cumplimiento del pago. Es importante manifestar que el Proceso Laboral se inspira entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad[1]. En ese sentido, el principio de celeridad se encuentra relacionado al derecho al plazo razonable, el cual es considerado una expresión del derecho al debido proceso, reconocido constitucionalmente[2].

No olvidando que, en virtud a los principios de economía y celeridad procesal el Juez dirige el proceso tendiendo a la búsqueda de la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, y con la reducción de los actos procesales, ello acorde con la relevancia del derecho invocado. Además, la celeridad procesal está muy ligada a la realización de la justicia, resaltándose que la dilación de un proceso laboral, en el cual, de acuerdo a la magnitud del derecho invocado, requiere una tutela urgente, acentúa la desigualdad entre el trabajador y el empleador[3].

Como lo ha determinado el Tribunal Constitucional, la retribución al trabajador por el servicio realizado para un empleador es entendida como un derecho fundamental que, además de su naturaleza alimentaría, amen que adquiere diversas consecuencias o efectos que serán de vital importancia para el desarrollo integral de la persona humana.

Previamente, y de manera genérica, querido lector/a debe saber que en el proceso ordinario laboral luego de admitida la demanda se llevan dos audiencias: audiencia de conciliación, si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio se programara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la audiencia de juzgamiento. Excepcionalmente, si el Juez advierte que la cuestión debatida es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, en la misma audiencia conciliatoria.

Y, en el caso del proceso abreviado laboral solo habrá una audiencia única en la cual se lleva a cabo las audiencias de conciliación – juzgamiento.

Ahora bien, teniendo un panorama más claro de los procesos laborales, regularmente la audiencia de conciliación (proceso ordinario) o la audiencia única (proceso abreviado) luego de admitida la demanda se programaban dentro de los dos o tres meses. Sin embargo, aunque parezca una entelequia (no desde la concepción aristotélica) luego de admitida una demanda, algunos juzgados laborales están programando audiencia dentro de los seis (optimista) u ocho (realista) meses de admitida la demanda.

Es decir, de lo señalado ut supra, la programación de audiencias en el presente contexto per se contraviene el principio de celeridad, la tutela de los derechos y su prontitud de resolución, sin soslayar lo perjudicial para el o la demandante de esperar tal lapso de tiempo para hacer valer su derecho.

Estimado lector/a, de un análisis económico costo – beneficio si el costo (duración del proceso, honorario del letrado, estrés, entre otros) es mayor al beneficio (obtener un reconocimiento de derecho – materializado), intuyo si se encuentra dispuesto a asumir el costo si su decisión se basa en lo emocional, y no descartare que también en lo racional.

Lo explicado coadyuva a que muchos trabajadores y extrabajadores se sientan desprotegidos y sin creer en sus instituciones, una ODISEA y DEBER del Estado representado por el Poder Judicial de respetar y empezar por cumplir principios y normas que pregonan.

En tanto, un consejo de un operador del derecho, luche por lo que cree justo, con sujeción al derecho, no desvanezca, el desconocimiento del derecho no habilita el abuso del mismo. Mientras exista un nuevo día, siempre se podrá luchar.


[1]Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Artículo I Principios del proceso laboral: El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad

[2]Monroy Gálvez, Juan. Diccionario Procesal Civil, Gaceta Jurídica S.A. Primera Edición noviembre 2013, pág. 53.

[3]Casación Laboral 7358-2013, 15 de noviembre de 2013, fundamento noveno, pág. 12