La prueba en el proceso constitucional

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Qué duda cabe de que el proceso ha asumido en el modelo del Estado Constitucional de Derecho un rol protagónico en la tutela de los derechos fundamentales. La Constitución ya no puede ser vista desde una perspectiva netamente política, sino que sus normas –entendidas como principios y valores– generan hoy una indudable fuerza jurídica. 

Este proceso de constitucionalización trajo consigo un cambio en cuanto a la forma de pensar el Derecho y también de resolver los casos, de la mano de una teoría de la argumentación jurídica que lejos de comprender al Derecho como algo estático, les otorga a los hechos –y, por ende, a las pruebas que los sustentan– un rol trascendental. En otras palabras, los casos ya no deben construirse a partir de la norma, para posteriormente tratar de encajar los hechos en ella, sino que debe ocurrir un proceso inverso. Los operadores jurídicos deben partir de ellos para, finalmente, arribar a la norma.

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Vistas así las cosas, ya la prueba no es más solo un elemento que el demandante debe acompañar a la causa para demostrar que una afectación requiere de tutela urgente y que, por lo tanto, el proceso constitucional es la vía idónea; sino que ahora se ha convertido en la piedra angular del proceso (no solo el constitucional), al ser el insumo necesario para la construcción del caso desde los hechos, muy a pesar de las resistencias que esta forma de entender el Derecho halla en nuestra cultura jurídica. Hoy los hechos no son más un instrumento accesorio de la actuación judicial, obligándonos incluso a repensar el rol del juez.

Y es que desde las aulas se nos enseña a pensar que, a partir de una escueta fórmula legal, como la contenida en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, y a diferencia de lo que ocurre en otras ramas del Derecho, en materia procesal constitucional la ausencia de etapa probatoria hace que los elementos de prueba que se admitan sean aquellos que no requieran actuación, pues demuestran evidentemente la afectación de un derecho fundamental. Esta visión, como podrá apreciarse de los estudios que presentamos en esta oportunidad, ha sido desvirtuada a partir de la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, dando lugar a una práctica mucho más abierta a la valoración de los hechos. 

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Es por ello que estamos seguros de que los trabajos publicados en esta obra –caracterizados todos por una impecable claridad expositiva– serán de mucha utilidad para nuestros lectores, no solo porque hallarán en ellos pautas sobre qué y cómo probar en los principales procesos constitucionales (en algunos casos, incluso, respecto de determinados derechos fundamentales), sino porque, además, constituyen el primer esfuerzo de un tratamiento de la teoría probatoria en el proceso constitucional realizado en nuestro medio, lo que le otorga un inestimable valor agregado que esperamos pueda ser aprovechado por todos los operadores jurídicos inmersos en el litigio constitucional.

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