La reparación civil en sentencia absolutoria

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CASACIÓN 1535-2017/AYACUCHO

Sumilla, 1. Una absolución o un sobreseimiento no necesariamente importa o motiva la improcedencia de su declaración y ulterior determinación. La opción normativa que admitió el artículo.12, apartado 3, del Código Procesal Penal, no solo ratificó la diferencia entre acción penal y acción civil – los criterios de imputación son propios, no necesariamente coincidentes, en tanto que la acción civil es ex damno y se sigue por las reglas del Código Civil (preceptos de naturaleza civil), al tratarse incluso de un proceso civil acumulado al penal… Además, el sistema que aceptó el Código Procesal Penal, a diferencia del que asumió el Código de Procedimientos Penales (accesoriedad estricta), es el de autonomía de la acción civil en relación a la suerte de la acción penal, por lo que, sin perjuicio de lo determinado en relación al objeto penal, corresponde al juez decidir si se presentan los criterios de imputación propios de una conducta ilícita que ocasionó un daño indemnizable, conforme al artículo 1969 del Código Civil, 2. Si bien la actora civil sustentó la responsabilidad civil en una conducta dolosa de la referida imputada, a tono con los cargos que se formularon contra ella desde el Informe Especial de la Contraloría General de la República y la Fiscalía Provincial, el hecho de que en segunda instancia se descartó la tipicidad dolosa en modo alguno impide sostener su pretensión impugnatoria en sede de casación bajo una atribución culposa. Se trata de una misma petición de condena y, desde la causa de pedir, de los mismos hechos empíricos tal como acontecieron en la realidad -la norma material asocia efectos jurídicos a la modalidad tanto dolosa cuanto culposa- lo sucedido con el retraso o demora -al : retener la documentación que se le envió a su Despacho- para contestar la solicitud de ampliación del plazo para la entrega de los gaviones comprometidos. 

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho

VISTOS: el recurso de casación por

inobservancia de precepto constitucional interpuesto por el señor PROCURADOR PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, de veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, que revocando la sentencia de primera instancia de fojas ciento noventa y tres, de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, absolvió a Juana Aidé Huancahuari Paucar de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de negociación incompatible en agravio del Estado – Proyecto Especial Sierra Centro Sur; con lo demás que al respecto contiene. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que la sentencia de primera instancia declaró probado que con fecha catorce de noviembre de dos mil trece la acusada Juana Aidé Huancahuari Paucar, en su condición de Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, firmó el contrato número 015-2013-AG-PESCS con la empresa Tecnología de Materiales Sociedad Anónima, representada por Oscar Ortiz Guerra, por un monto de dos millones dieciséis mil ochocientos once con dieciocho soles. En el referido contrato se precisó que ante un retraso injustificado en la entrega de los bienes, la entidad aplicaría una penalidad por cada día de retraso, la cual podría ser hasta el diez por ciento del monto del contrato vigente. Es del caso que la encausada Huancahuari Paucar, pese a que en tiempo hábil recibió la comunicación de los órganos de línea de la institución en el sentido de que no correspondía aceptar la solicitud de la referida empresa para ampliar el plazo de entrega de los gaviones, se demoró en remitir tal comunicación a la Oficina de Asesoría Jurídica para que le responda negativamente, por lo que, ante el retraso en cuestión operó el silencio administrativo y se tuvo que aceptar esa improcedente solicitud de ampliación, con lo que no se impuso la penalidad contractualmente estipulada por día de retraso.

SEGUNDO. Que la sentencia de primera instancia -al estimar que la conducta de la imputada Huancahuari Paucar fue dolosa è incurrió en el delito de negociación incompatible- la condenó como autora del indicado delito en agravio del Estado – Proyecto Especial Sierra Centro Sur a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de tres años y seis meses, e inhabilitación por el tres años y seis meses, así como al pago de ciento cincuenta mil soles por concepto de reparación civil. La encausada Huancahuari Paucar interpuso recurso de apelación el siete de marzo de dos mil diecisiete [fojas doscientos doce), el cual fue concedido por auto de fojas doscientos veintiuno, de nueve de marzo de dos mil diecisiete.

TERCERO. Que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, previo tramite impugnativo, bajo al argumento de que no existió tanto el elemento objetivo de interés indebido» cuanto el elemento subjetivo del dolo, así como que los elementos de prueba no son suficientes para una sentencia condenatoria admiten otras posibilidades como la no actuación con diligencia debida por parte de la acusada-, más aún si la acusación fiscal no estableció las proposiciones fácticas respecto a todos los elementos del indicado tipo penal para que puedan ser susceptibles de prueba y permitir su control empírico, emitió la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, de veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, que revocando la indicada sentencia de primera instancia absolvió a la encausada Huancahuari Paucar de la acusación fiscal. No fijó reparación civil. Contra esta sentencia de vista el Procurador Público de la Contraloría General de la República promovió recurso de casación. 

(…)

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