Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia

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El Sepblac reclama mayor detalle en los avisos y Bruselas fuerza al Gobierno a crear ya un registro de titularidades reales de empresas. Ingresa aquí para más detalles.

La pandemia trajo una de las crisis económicas más importantes que se recuerdan y modificó muchas formas de comportamiento, pero en lo que a delincuencia financiera se refiere el cambio fue a peor. Al menos según las últimas cifras oficiales sobre lavado de dinero. Así, por ejemplo, las alertas recibidas en España por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) se dispararon un 51% entre 2020 y 2021 respecto al año anterior al estallido de la covid-19.

Según su última memoria, a dicho órgano -dependiente del Ministerio de Economía aunque sus profesionales están a cargo del Banco de España- fueron enviadas en esos dos años 24.142 comunicaciones por indicio de blanqueo, mientras que las solicitudes de información recibidas por sus técnicos se incrementaron un 64% hasta las 5.642. Entre estas últimas se multiplicaron por 3,2 veces las emitidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que supusieron la mitad del total.

A través del llamado Fichero de Titularidades Financieras, el Sepblac maneja información de 150,74 millones de cuentas y depósitos (el 56% productos vivos), con 59,68 millones de personas distintas declaradas (el 7,6% sociedades) y casi 24.000 consultas al año de profesionales o entidades autorizadas. Es uno de los mayores flujos de datos financieros controlados a nivel nacional, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado bajo el paraguas del G7.

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El avance de medios tecnológicos en operaciones financieras y medios de pago, junto al crecimiento de nuevos instrumentos virtuales, han elevado ese flujo de información. Pero también suponen «riesgos emergentes de blanqueo de capitales», advierten desde el GAFI, ya que «aumentan el anonimato de sus titulares», así como generan «una mayor opacidad del origen de los fondos y de sus movimientos».

En ese entorno, más allá de bancos y cajas de ahorros -responsables del 65% de los avisos emitidos-, el Sepblac ha visto cómo se disparaban las alertas de posibles casos de lavado de dinero enviadas por entidades de dinero electrónico (un 685% más respecto a 2019), comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos (17,5 veces más que antes de la pandemia), asesores fiscales (un 475% más) y la categoría de juegos de azar (un 235% más en promedio). Los técnicos del organismo, no obstante, reclaman que aún faltan detalles necesarios en las comunicaciones y lo achacan a la falta de formación precisa a sus empleados por parte de los sujetos obligados por ley a emitir dichas alertas.

Un 32% más de condenas

Pero no solo se ha elevado con creces la actividad de inteligencia financiera en los organismos, también el castigo a los casos descubiertos. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de sentencias sobre blanqueo de capitales ha crecido un 36% tras la pandemia y un 32% el de condenas; en total, 379 personas entre 2020 y 2021 (el 62% por lavar el dinero de terceros y el resto, el propio), de las que casi un tercio recibieron penas superiores a los dos años de cárcel. La Audiencia Nacional reabrió a finales de diciembre una investigación sobre CaixaBank, Ibercaja e ING por un presunto «incumplimiento sistemático de sus obligaciones de prevención de blanqueo» en las operaciones que hicieron para la banca privada Bandenia.

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A nivel europeo, el Consejo está inmerso en la preparación de la sexta directiva sobre blanqueo y de un nuevo reglamento que endurezca su tratamiento. Entre otras medidas, prohibirá los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros -en España el límite es ya diez veces inferior- , dificultará que se pueda mantener el anonimato en la compraventa de criptoactivos e impedirá ocultarse «tras múltiples capas de propiedad de empresas» –el Europarlamento pidió en enero endurecer las sanciones a ese respecto-.

España, en general, está bien considerada en la prevención del lavado de capitales, pero mantiene una laguna que ha llevado a Bruselas a abrir un procedimiento de infracción por «aplicación incorrecta» de la normativa. Para solventarlo, la Comisión Europea ha urgido al Gobierno a crear un registro sobre titularidad real de las empresas, un proyecto que el Ministerio de Justicia acometerá este año pero que si tarda en hacerlo podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Hacienda, por su parte, trabaja en una nueva herramienta de inteligencia de datos (‘big data’) y algoritmos llamada Nidel para detectar y analizar redes de blanqueo. Ya la prueban varias delegaciones de la Agencia Tributaria, que hace pocas fechas actualizó su lista de paraísos fiscales (ahora jurisdicciones no cooperativas) con seis nuevos territorios y suma un total de 24 -en la lista negra de la UE hay 16-.

Madrid pugna por la sede europea de la lucha contra el blanqueo

Al margen de las diferencias políticas entre PSOE y PP, Gobierno y ayuntamiento han resuelto ir de la mano para lograr que Madrid albergue la futura sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Y aunque el proceso de elección aún no se ha abierto oficialmente -se prevé que sea en marzo o abril-, una delegación conjunta ya viajó a finales de enero a Bruselas para promocionar la candidatura en el Parlamento Europeo, que, junto al Consejo -cuya presidencia rotatoria ostentará España el segundo semestre de este año-, fijará los criterios específicos.

No obstante, se sabe ya que se tendrán en cuenta aspectos como la oferta de personal cualificado (la oficina creará más de 250 puestos), las infraestructuras (también digitales), la seguridad, la relevancia de la ciudad como centro financiero -Fráncfort, París y Viena serán duros competidores de Madrid- y el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero. El plan es que antes de finales de año se establezca la sede y se constituya su consejo, de cara a tener operatividad plena ya en 2024.

El nuevo organismo tendrá competencias en tres ámbitos de peso como la supervisión de las obligaciones contra el blanqueo en los Veintisiete, la coordinación de sus unidades de inteligencia financiera (el Sepblac en España) y el desarrollo normativo de ambas materias. El ayuntamiento, apoyado por el Banco de España y otras entidades, situaría la sede en su futura ‘city’ financiera (el nuevo distrito 22) junto a las Cinco Torres y el incipiente Madrid Nuevo Norte.

Fuente: El Heraldo

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