Las prohibiciones de los funcionarios públicos al término de su vínculo laboral con la administración

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Definitivamente, el año 2016 ha sido un año de cambios políticos para el Perú. En el presente año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para el periodo 2016-2021. Ello, por su puesto, trajo consigo una avalancha de renuncias y puestas de cargo a disposición en los diferentes niveles de la Administración Pública. Sobre todo, a nivel de funcionarios designados a título de cargos de confianza. Pero, quería a través de este post recordar las prohibiciones a las cuales están sometidos los funcionarios públicos, posterior al cese del vínculo laboral con la Administración.

Las prohibiciones a las cuales me refiero, están recogidas en la Ley 27588, “Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual”. Una norma, que en muchos casos recoge un abanico de iniciativas en contra de la lucha contra la corrupción que año tras año vienen impulsando los gobiernos de nuestro país. La norma establece —dentro de su ámbito de aplicación— que los sujetos a los cuales va dirigido son: funcionarios y ex funcionarios. En lo que aquí respecta, nos referiremos básicamente a estos últimos.

Dentro de las disposiciones que se pueden encontrar en la Ley 27588, fundamentalmente se desprenden dos aspectos:  i) el uso de cierta información (privilegiada) perteneciente a la Administración y ii) la vinculación de ex empleados con empresas que hayan tenido relación contractual con la entidad en la cual laboró el funcionario. Dentro de las disposiciones que se pueden encontrar en la Ley 27588, fundamentalmente se desprenden dos aspectos:  i) el uso de cierta información (privilegiada) perteneciente a la Administración y ii) la vinculación de ex empleados con empresas que hayan tenido relación contractual con la entidad en la cual laboró el funcionario. Respecto al uso de cierta información (privilegiada)

El artículo 1° de la Ley 27588 establece una obligación de reserva y secreto para el funcionario, durante el tiempo en que éste ejerce el cargo. El segundo párrafo establece que durante ese mismo tiempo de ejercicio, no podrá utilizar información privilegiada para beneficio propio o de terceros.

En este punto, conviene precisar que ni la Ley ni su Reglamento (D. S. N° 019-2002-PCM) establecen que dicha obligación (de impedimentos y/o uso indebido de información privilegiada) se extenderá para ex funcionarios públicos. Tal obligación resulta aplicable sólo durante el tiempo de pertenencia (laboral) a la entidad. Esta obligación además ha sido recogida —con similar redacción— en otras normas posteriores, como la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Como podemos advertir, en ninguna parte del artículo 1° de la Ley 27588 se indica una obligación para ex empleados públicos, por lo que no les sería exigible una vez fenecido su labor en la entidad. El problema que se puede suscitar debido a la omisión del legislador, es que un mal funcionario —al conocer por ejemplo los cambios con un nuevo gobierno— se apropie de cierta información privilegiada para utilizarlo indebidamente una vez culminado su vínculo con la entidad. Situación que lo eximiría de responsabilidad, al menos, por infracción de la ley en mención.

En cuanto a la expresión “información privilegiada y/o de contenido relevante” nadie sabe, a ciencia cierta, cuál es la definición o alcance de dicha expresión. Es lo que en el mundo del Derecho denominaríamos como un concepto jurídico indeterminado. En términos concretos, será un Juez quien deberá evaluar las circunstancias de cada caso para determinar su contenido (ventaja indebida, provecho propio o para terceros, entre otros).

Respecto a la vinculación de ex empleados con empresas que hayan tenido relación contractual con la entidad

Conviene precisar que en el artículo 2° de la citada Ley se establece que los empleados públicos y ex empleados (aquí sí se habla de ex empleados), respecto a las empresas que hayan tenido vinculación con la entidad (generalmente en materia de contratación pública), tendrán ciertos impedimentos como prestar servicios a dichas empresas, representarlos, adquirir acciones, celebrar contratos, intervenir como asesores, entre otros. Impedimentos que sólo durarán por un (01) año posterior al cese.

Debe resaltarse que la prohibición de asesorar o prestar servicios sólo alcanza respecto a dichas empresas y no a otras que no hayan tenido vinculación contractual con la entidad. Por lo que el ex funcionario —en el ejercicio de su derecho al trabajo— puede asesorar y prestar sus servicios sin ningún problema en estas otras empresas. Un dato que nos llama poderosamente la atención es que el Reglamento de la Ley precisa que tales impedimentos sólo serán durante el tiempo en el que el empleado ejerció el  cargoNo indica en ninguna parte, el (01) año posterior al cese como en la Ley, generando una confusión por su posible aplicación. Debemos suponer que el Reglamento debió desarrollar el aspecto temporal de su aplicación. Pues, el servidor se preguntará: ¿Qué se me aplica la Ley o el Reglamento? Situación jurídica que estamos seguros se corregirá en los próximos meses con la publicación de alguna posterior norma anticorrupción (que el actual gobierno ya ha anunciado) y que precise mejor el panorama de impedimentos a los cuales están sometidos los ex funcionarios en el Perú.